La Cámara de Senadores sesiona este miércoles de manera extraordinaria para aceptar la renuncia del senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, que resolvió dejar su banca en el Senado ante el pedido de desafuero solicitado por la fiscal Silvia Porteiro, quien pretende indagarlo en un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017). Carrera ya anunció que no se amparará en los fueros y afirmó que concurrirá a la Justicia “como cualquier hijo de vecino”. No obstante, la cámara alta debe levantar formalmente los fueros.

En principio, oficialismo y oposición aceptarán por unanimidad la renuncia de Carrera, que sólo requiere mayoría simple. Sin embargo, algunos legisladores del oficialismo, como el senador nacionalista Jorge Gandini, aspiran a que haya debate en sala sobre la actuación de Carrera en los gobiernos frenteamplistas.

La investigación penal fue iniciada por una denuncia del Ministerio del Interior, en aquel entonces a cargo de Luis Alberto Heber, y ampliada a partir de un informe de la comisión investigadora del Parlamento que, liderada por Gandini, estudió justamente las supuestas irregularidades en la gestión del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.

Porteiro investiga la entrega de tickets de alimentación y la atención irregular en el Hospital Policial de Víctor Hernández, quien en 2012 fue víctima de una bala perdida que podría haber llegado desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, aunque el caso fue archivado por la Justicia al no encontrarse elementos para probar el origen del disparo. Porteiro señala que, tras el incidente, Carrera entregó irregularmente tickets de alimentación por 20.000 pesos a Hernández desde 2013 hasta 2017 y que habilitó, también de forma irregular, la asistencia de Hernández en el Hospital Policial desde 2013 hasta 2016, por un costo de 5.214.000 pesos.

En el marco de la campaña electoral, el Movimiento de Participación Popular (MPP) le solicitó a la Corte Electoral que no promulgue a Carrera en caso de que sea electo nuevamente senador en las próximas elecciones nacionales. Carrera ocupa el tercer lugar en la nómina de candidatos al Senado de la lista 609, por detrás de Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez.

Carrera también anunció este martes que no se amparará en el subsidio que le corresponde por ser exsenador y dijo que volverá a ejercer como abogado luego de las elecciones nacionales.

Jorge Gandini: “Hacerse la víctima no siempre paga”

La sesión extraordinaria comenzó con la lectura en sala de la carta de renuncia “voluntaria y definitiva” de Carrera a la Cámara de Senadores. El dirigente del MPP dice en la nota estar “muy tranquilo” por “el accionar humanitario” que realizó el Ministerio del Interior en aquellos años, “brindando atención sanitaria al señor Víctor Hernández en el Hospital Policial”. Carrera también dijo estar “convencido” de que no se han cometido delitos “bajo ninguna circunstancia” y afirmó que dejará su banca para comparecer ante la Justicia “sin ningún tipo de fuero o privilegio”.

Luego pidió la palabra Gandini, quien recordó que el FA no participó en la comisión investigadora y acusó una “persecución política” hacia Carrera. La oposición “no quiso investigar este caso” bajo el argumento de que “el tema estaba en la Justicia”, afirmó el senador del Partido Nacional (PN), a pesar de que en ese momento en la Cámara de Diputados “había una situación similar y paralela en la que el FA había sido el denunciante”, en referencia a la comisión investigadora que analizó la gestión del colorado Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo.

Según Gandini, aunque Carrera “es todavía inocente”, dado que no existe una condena por parte de la Justicia, “basta con leer la solicitud de desafuero para entender que hay sustento suficiente para solicitar el desafuero por el delito continuado de abuso innominado de funciones”. El Código Penal prevé una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría por el delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.

Dicho esto, Gandini profundizó en el caso de Hernández. Señaló que, después de ser baleado en La Paloma, Hernández fue ingresado al CTI del Hospital de Clínicas, que era “su prestador de salud público especializado”, y “cuando sale del CTI inmediatamente es visitado” por Carrera, en aquel entonces jerarca del Ministerio del Interior, quien “le ofrece apoyos diversos y dinero”.

Dijo que Carrera “ordenó” un pago de 20.000 pesos por mes para Hernández que salieron del “fondo para canasta de fin de año de la Policía”; en ese sentido, sostuvo que un tesorero del Ministerio del Interior, como “sabía que estaba haciendo algo fuera de lugar”, pidió una orden por escrito, “y durante 36 meses [Carrera] ordenó por escrito y el tesorero guardó, engrampando cada orden”.

Acerca del autor del disparo que dejó parapléjico a Hernández en 2012, Gandini dijo que “la causa está prescripta y no es materia de investigación actual”. Sin embargo, dijo que Carrera ha declarado “pública y privadamente” que “para él la bala salió de la casa del comisario”, cuando, por el contrario, “sus servicios [del Ministerio del Interior] iban a la Justicia para demostrar que eso no podía pasar, y tanto lo hicieron que le ganaron el juicio a los hermanos Hernández, porque no pudo establecerse el lugar desde donde partió la bala”.

Gandini añadió que el día del disparo “no se protegió la escena del crimen”, por lo que “no apareció ni una vaina”, y aseguró que “hubo gente que estuvo esa noche ahí que la protegieron y se fue”. El senador del PN dijo que Carrera ayudó a Hernández hasta que éste resolvió entablar un juicio contra el Ministerio del Interior: “Ese día le pusieron la camioneta de culata, así está declarado en la comisión, le cargaron sus pertenencias y se las mandaron a La Paloma”.

Lo que “sí está claro”, sostuvo Gandini, es que “este cuerpo analiza hoy la renuncia de un senador porque todo lo que dijo se desmintió, porque todo lo que nos dijo en la prensa cayó, porque no lo estábamos ni persiguiendo ni era producto de un operativo político”. “Hacerse la víctima no siempre paga”, resaltó.