Humberto, integrante de Ni Todo Está Perdido (Nitep), cuestionó en diálogo con la diaria: “Si la vivienda es un derecho, ¿por qué el gobierno lo niega?; ¿por qué cada día construyen más edificios con los fondos del gobierno y lo hacen los empresarios multimillonarios con la misma plata del Estado?”. Nitep es una de las tantas organizaciones sociales que marcharon este lunes desde la plaza Libertad hasta la plaza Primero de Mayo en conmemoración del Día de los sin Techo.
A medida que la plaza se llenaba, Humberto cuestionaba tener que “pelear” por la vivienda, “cuando esta es un derecho”. “Los derechos tienen que ser visiblemente algo que todo el mundo tenga, que [cada uno] tenga el derecho a tener un techo, algo que dignifique la vida de las personas realmente y no con salarios menores al mínimo”, apuntó.
La “particularidad” de esta instancia, dijo a la diaria Enrique Cal, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), es que “se ha conformado un colectivo que se llama Vivienda en Diálogo, que está haciendo un planteo programático a los candidatos”. El colectivo presentará las propuestas, elaboradas por las organizaciones sociales junto a la Universidad de la República, este martes a las 19.00 en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo.
El documento elaborado por las organizaciones, al que tuvo acceso la diaria, plantea los problemas en relación con el acceso a la vivienda y las posibles soluciones.
Las propuestas en materia de vivienda
En primer lugar, expone una “dificultad” e “imposibilidad” de acceder a una “vivienda adecuada y digna”, debido a los “altos precios” y a la “falta de acceso a préstamos para obtener un terreno, construir o comprar”, así como a las garantías de alquiler o “los servicios complementarios para un hábitat apropiado y por procesos de tramitación ante el Estado muy prolongados”. Esto, según el documento, “se agrava y profundiza por la mercantilización de la vivienda, la informalidad laboral y la pérdida de salario real”, lo que lleva a vivir en “viviendas precarias, concentradas o dispersas; en pensiones transitorias que devienen permanentes; en condiciones de hacinamiento” y a la “falta de servicios indispensables: gente viviendo en la calle o en zonas inundables y/o contaminadas; endeudamiento de los hogares, o afectación excesiva de su ingreso para costear la vivienda”.
El documento también señala las dificultades del mercado habitacional, que está “dominado por la especulación inmobiliaria”. Entre ellas, menciona la “escasez de recursos destinados a la vivienda de interés social”, la “inexistencia de soluciones específicas para situaciones de carencias de sectores de población históricamente excluidos/discriminados”; el hecho de que las políticas de vivienda “carecen de integralidad y materialidad”, así como la “segregación residencial”, el “stock habitacional carente de mantenimiento y mejoramiento”, la “ausencia de políticas que garanticen el acceso al suelo” y la “inadecuación de las respuestas habitacionales”.
En ese sentido, formulan 17 propuestas, entre las que destacan la “elaboración participativa de las políticas habitacionales” y que se convoque a un ámbito multiactoral, tal como establece el artículo 76 de la Ley Nacional de Vivienda. A su vez, plantean un “aumento sustantivo de la inversión pública en vivienda social” y que los recursos anuales del Fondo Nacional de Vivienda sean llevados como mínimo a un monto igual al 2% de la masa salarial del país.
Marcha por el Día de los sin Techo desde la plaza Libertad hasta la plaza Primero de Mayo.
Foto: Martín Varela Umpiérrez
El presidente de Fucvam señaló que este es un planteo histórico de la federación para que los recursos para viviendas no dependan de la voluntad política de cada administración y que, en lugar de eso, se vuelva a ese monto, que era equivalente al 2% de la masa salarial de Uruguay. Cal sostuvo que esto permitiría “planificar una política de vivienda a largo plazo y no solamente por esos cuatro o cinco años que va a estar cada gobierno de turno”.
En cuanto a las condiciones de las viviendas, proponen “un fuerte impulso a la solución de las carencias extremas de vivienda” y “volver a los niveles históricos de los primeros años de producción de vivienda social del Plan de Vivienda”. Otra de las propuestas plantea “un enfoque integral interinstitucional que aborde también los aspectos de salud, trabajo, educación e integración social”.
Asimismo, en el documento se solicita la “exoneración de todos los impuestos que gravan la vivienda social”, en particular el IVA. “No se deben aplicar subsidios ni exoneraciones a la producción especulativa con recursos del Fondo Nacional de Vivienda ni financiar con los mismos proyectos que no son de vivienda social”, se indica. En ese sentido, se subraya que “debe revisarse el sistema de vivienda promovida”, ya que “la renuncia fiscal que se hace no beneficia a los destinatarios esperados” y se busca “derogar la disposición por la cual se estableció el monoambiente como una forma de vivienda adecuada”.
Otras propuestas tienen que ver con “abreviar al máximo el proceso de trámites y de toma de decisiones”, “asegurar el acceso al suelo residencial mediante la oferta pública”, “crear un parque de vivienda pública social para alquilar y complementariamente establecer la regulación del mercado de arrendamiento de viviendas privadas de interés social” para el cual se reservaría el “apoyo del Estado con subsidios o créditos preferenciales”, y “derogar las leyes y otras disposiciones que criminalizan la pobreza y hacen que la ocupación por falta de vivienda sea un delito”. Como ejemplo de esto último, mencionan la Ley de Faltas, que se aplica a quienes duermen en espacios públicos y consideran que, en lugar de eso, “debe haber políticas sociales integrales para dar solución a quienes están en situación de calle”.
Por otro lado, solicitan que se haga una “readecuación de la normativa actual para alentar innovaciones y permitir y financiar el desarrollo de experiencias que hoy no están directamente contempladas”, por ejemplo, “vivienda colaborativa, mejoramiento de stock, otras formas de propiedad y/o uso con tenencia segura y garantía crediticia”.
Las cooperativas Carpe Diem y Anga Irü conforman una coordinadora de “alojamientos colaborativos”, explicaron a la diaria dos de sus integrantes, Cecilia Sapriza y Ana Nikicer. Sostienen que este tipo de viviendas es específicamente para personas de entre 50 y 70 años y consiste en “vivir en una especie de comunidad en la que nos ayudamos mutuamente, hay tareas que hacemos en conjunto y nos apoyamos para que nuestra vejez sea activa y mejorar la calidad de vida”.
Las organizaciones y colectivos que participaron en la elaboración de estas propuestas son la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo, el Centro Cooperativista Uruguayo, el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura-Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay (FEUU), el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, Ciudad Abierta, Colectivo Habitadas, Colectivo Somos Barrio, la Comisión Derecho a la Ciudad, la Coordinadora de Alojamientos Colaborativos (Conviviendo Angirú-Coop, Angá Irü, Carpe Diem, Mujeres con Historias), cooperativas de propietarios, Familias Presentes, la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fecovi), la Federación PVS, la FEUU, Fucvam, IPRU, ITAC, Miles de Ciudades, Mundo Afro, Nitep, Olla Popular Juan Ramón Gómez y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.