Los gobiernos pueden evaluarse con múltiples criterios, tanto subjetivos como objetivos. Entre los subjetivos, se destacan indicadores de percepción pública, como la popularidad presidencial, un parámetro monitoreado con bastante frecuencia en nuestro país. Entre los criterios objetivos, figuran indicadores como el cumplimiento de promesas expresadas por los candidatos presidenciales o metas planteadas en los programas de gobierno. Generalmente, estos son menos medidos, en parte, porque las propuestas realizadas en tiempos electorales raramente refieren a criterios medibles y concretos, lo cual dificulta su evaluación.

En el caso de la próxima administración, que asumirá el 1º de marzo de 2025, se presenta una oportunidad única para evaluar su gestión de manera multidimensional y comparada. Este período coincidirá con el cierre de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por todos los estados miembros de la Asamblea General de la ONU, incluido Uruguay. Esta agenda establece 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas integradas que abarcan las dimensiones económica, social y ambiental, bajo la consigna de “no dejar a nadie atrás”.

La coincidencia entre el término del próximo gobierno y el de la Agenda 2030 podría, por tanto, servir para evaluar de forma integral las acciones de la nueva administración. Esto resulta especialmente relevante en el contexto electoral actual. El partido que asuma la próxima gestión gobernará durante diez de los 15 años de implementación de la Agenda, asumiendo, así, una mayor responsabilidad en su cumplimiento.

Con casi sólo cinco años para 2030, cabe entonces preguntarse: ¿cuál es la situación de Uruguay respecto de los ODS?, ¿qué objetivos requieren mayor atención por parte de la próxima administración?, ¿qué estrategias se deben adoptar para cumplir con las metas a tiempo?

Varios avances, más estancamiento y algunos retrocesos

Según el ranking mundial del índice de los ODS analizado en el Reporte de Desarrollo Sostenible 2024, con un puntaje de 77,09 sobre 100, Uruguay ocupa el lugar 34 entre los 167 países analizados. Esta posición es destacable en comparación con la región, cuyo puntaje es de 70,02, y también supera la posición de Uruguay en otras mediciones de desarrollo. En el caso del PIB per cápita, o del –más abarcativo– índice de desarrollo humano, ocupamos los lugares 51 y 52, respectivamente.

Sin embargo, un análisis más profundo muestra que aún existen importantes desafíos para cumplir con la Agenda 2030. A 2024, de los 17 ODS, nuestro país ya alcanzó o está a tiempo de alcanzar sólo dos, tiene desafíos en seis y desafíos significativos en otros cinco, mientras que otros cuatro ODS presentan desafíos mayores.

Entre los objetivos que Uruguay alcanzó o está a tiempo de alcanzar a 2030 se encuentran el ODS 1 Fin de la pobreza, el ODS 6 Agua limpia y saneamiento, el ODS 7 Energía asequible y no contaminante y el ODS 17 Alianzas para alcanzar los objetivos. Una actuación satisfactoria en la mayoría de estas áreas no debería llamar la atención, ya que varias de ellas suelen ser parte de los logros que se destacan, tanto en la comparación regional, y en el caso de la transición energética, como a nivel global.

Sin embargo, es importante notar un detalle que puede estar favoreciendo la evaluación de nuestra performance. Para habilitar la comparación internacional, el índice de los ODS no mide las 169 metas de la Agenda, sino sólo aquellas que son más fáciles de medir y comparar entre países. Esto no siempre coincide con la metodología que se utiliza a nivel de cada país. Este es el caso del ODS 1 Fin de la pobreza, en el que los indicadores medidos en el ranking son las líneas de pobreza establecidas en 2,15 y 3,65 dólares diarios, estándares que Uruguay supera pero que no capturan los niveles de pobreza de las líneas nacionales. De hecho, desde 2015 no se ha logrado avanzar significativamente en la segunda meta del ODS 1, que plantea reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza, según la línea de pobreza definida a nivel nacional.

Otras áreas presentan una tendencia moderada de mejora, pero mantienen desafíos concretos que deberían abordarse con mayor celeridad para alcanzar a tiempo el horizonte de 2030. Esto incluye objetivos como el ODS 4 Educación de calidad, en el que el principal desafío es el nivel de egreso de educación media, y el ODS 5 Equidad de género, por el cual la meta con peores resultados para Uruguay es la proporción de lugares en el Parlamento ocupados por mujeres, algo que lamentablemente mejoró muy poco en la última elección.

Siguiendo con las áreas con mejoras moderadas, el índice identifica otras con desafíos aún más significativos. Esto incluye el ODS 8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente, y el ODS 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Un indicador que el ranking cataloga de forma especialmente negativa a nuestro país es la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D). Según las últimas mediciones, en 2022 Uruguay invirtió 0,62% del PIB en este rubro, muy lejos del objetivo de largo plazo de 3,7% del PIB que propone el Reporte de Desarrollo Sostenible 2024, marcado por el promedio de los cinco países con mayor gasto.

El estancamiento y la preeminencia de desafíos caracterizan la situación de Uruguay en otros objetivos de carácter tanto social como ambiental. Un análisis del ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas revela los enormes desafíos de Uruguay en materia de homicidios y el deterioro respecto del control del crimen y el índice de libertad de prensa. En el área ambiental se destacan desafíos en los ODS 12 Vida submarina y ODS 13 Vida de ecosistemas terrestres, con importantes rezagos en lo que refiere a la protección de zonas biodiversas.

Por último, y para nada menos importante, el ranking evalúa el ODS 10 Reducción de las desigualdades como el único que combina simultáneamente el mayor nivel de desafíos junto con una tendencia negativa. Según los dos indicadores utilizados por el ranking para evaluar este objetivo, tanto el índice de Gini como el índice de Palma, en 2024 Uruguay es más desigual que en 2015.

Una guía para orientar y monitorear la acción

El análisis de la situación de Uruguay en los ODS revela que tenemos un gran desafío por delante. Sin embargo, es cierto que no estamos solos en esto.

Desde 2020 existe un estancamiento a nivel mundial en el cumplimiento de la Agenda 2030. En 2024, sólo el 16% de las metas están al día, mientras que el restante 84% muestra un progreso limitado o desmejoras. Esto indica, por un lado, los impactos negativos de shocks globales, como la pandemia de covid, y por otro, la inadecuación del sistema internacional para abordar estas crisis y proveer los niveles de financiamiento y otros apoyos necesarios para alcanzar los ODS a tiempo.

Es muy probable, por no decir seguro, que el mundo no cumpla en tiempo y forma con sus compromisos en el marco de la Agenda 2030.

En el actual contexto internacional, más que una herramienta para evaluar el desempeño del próximo gobierno al final de su mandato, la Agenda 2030 debería servir como una brújula estratégica o un tablero de control que permita identificar con claridad las áreas en que se deben acelerar los avances o implementar transformaciones urgentes. Esto es especialmente importante considerando que los 17 ODS y las 169 metas están interconectados, por lo que un abordaje multidimensional resulta imprescindible. El éxito dependerá de un compromiso integral y coordinado que aborde simultáneamente los principales problemas de productividad, equidad y sostenibilidad. Sólo así será posible avanzar en todas las áreas clave y cumplir con la promesa fundamental de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.

Algunas transformaciones para acelerar la marcha hacia 2030

La breve revisión de la situación de Uruguay da cuenta de que los desafíos son múltiples y, en algunos casos, muy profundos. Por tanto, no podremos seguir haciendo las cosas de la misma forma. Un cambio de estrategia es necesario para cumplir con los ODS y otras metas, incluso más ambiciosas, que se proponga el país.

Si bien cada área requiere un abordaje especializado, hay algunas transformaciones que son pertinentes a nivel global. Esto implica fortalecer la planificación estratégica, integrar el conocimiento científico en la formulación de políticas públicas y profundizar las alianzas internacionales.

1. Planificar, monitorear y gestionar hacia resultados de desarrollo

El último gran ejercicio que nuestro país hizo en términos de plantear objetivos de desarrollo a cumplir en un plazo acotado fue la Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050. Esta fue lanzada en 2019 y planteaba transformaciones en las áreas social, productiva sostenible y en las relaciones de género. Ese mismo año también se creó por decreto un Sistema de Planificación Estratégica para el Desarrollo. Si bien estos instrumentos no se implementaron en la actual administración, otras instituciones relevantes sí se mantuvieron o incluso aumentaron su jerarquía, como es el caso de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Política Pública, creada en 2020.

El próximo gobierno podría servirse de todos estos instrumentos e instituciones y reforzarlos para cumplir con los compromisos actuales, e incluso subir la ambición a 2030. La puesta en marcha de un Centro de Gobierno podría ayudar a articular estos esfuerzos y acelerar el cumplimiento de resultados. Estos centros actúan como un puente entre las esferas política y administrativa del gobierno, apoyan la planificación estratégica y la definición de prioridades, y modernizan y transforman las prácticas de gestión en toda la administración pública.

2. Asesoramiento científico para las políticas públicas

Uruguay no sólo tiene un gran déficit en la inversión en I+D, sino que además no utiliza suficientemente el talento y el conocimiento científico para la definición de políticas públicas. El valor de estos quedó más que demostrado a nivel mundial durante la pandemia de covid, y en nuestro país existe un amplio consenso sobre el rol positivo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Sin embargo, esto no será suficiente para enfrentar los desafíos que tenemos por delante en campos tan diversos como el manejo de los ciclos hidrológicos en el contexto del cambio climático, las nuevas energías renovables, la inteligencia artificial o, por qué no, otras pandemias.

Estructuras, procesos y presupuestos son esenciales para aprovechar y ampliar el impacto de iniciativas como el GACH en toda la administración gubernamental. Uruguay tiene la oportunidad de aprender de experiencias internacionales para integrar la evidencia científica en la gestión pública de manera más estructurada y transversal.

Un ejemplo destacado es el de Reino Unido, que cuenta con un sólido sistema de asesoramiento científico para las políticas públicas. En el Poder Ejecutivo funciona la Oficina Gubernamental para la Ciencia, liderada por un asesor científico jefe y respaldada por una red de asesores científicos. En el Poder Legislativo opera la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, que facilita el acceso a evidencia técnica para los legisladores. Además de estas estructuras permanentes, se promueven estancias temporales de científicos en oficinas públicas para abordar temas puntuales que requieren asesoramiento especializado. Este modelo podría servir de inspiración para Uruguay, fortaleciendo el vínculo entre la ciencia y las políticas públicas y promoviendo una gobernanza más informada y efectiva.

3. Generar nuevas alianzas internacionales

Como país pequeño en un mundo convulsionado y cambiante, no podremos hacer todo por nosotros mismos. Uruguay necesita seguir apostando al multilateralismo y la generación de alianzas internacionales para aprender y colaborar con otros países, obtener mayor financiamiento y generar cambios en el sistema internacional, alineados con nuestros objetivos de desarrollo. Ya estamos bien posicionados para ello. Según el nuevo índice de apoyo al multilateralismo, presentado en el Reporte de Desarrollo Sostenible 2024, Uruguay es el tercer país en el ranking mundial. También contamos con una Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible a 2030 que sirve de hoja de ruta y está alineada con los ODS.

En alianza con otros socios, Uruguay podría jugar un rol aún más activo y estratégico. Podríamos seguir el ejemplo y asociarnos con países como Barbados, una pequeña isla en el Caribe que, liderada por su primera ministra, Mia Mottley, viene logrando una influencia enorme en la agenda de reformas del sistema financiero internacional y que figura como el país número uno en el índice de apoyo al multilateralismo. Otra vía complementaria es ampliar nuestra participación en espacios multilaterales a los que hemos sido invitados, como el G20, donde se está avanzando en agendas globales decisivas, como la de los impuestos globales a los milmillonarios. Próximas instancias multilaterales, como la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en julio de 2025, y la propia renegociación de la Agenda 2030, representan oportunidades concretas para consolidar esta estrategia.

Martina Lejtreger es magíster en Políticas Públicas (Universidad de Oxford) y licenciada en Desarrollo (Universidad de la República).