Este mediodía, el presidente electo, Yamandú Orsi, confirmó todos los nombres de su gabinete de ministros y, tras la presentación, algunos de los futuros secretarios de Estado hablaron con la prensa sobre las primeras líneas de trabajo.
José Carlos Mahía, Ministerio de Educación y Cultura
José Carlos Mahía es el ministro de Educación y Cultura designado. Pertenece al sector Asamblea Uruguay y ha sido diputado desde 1995.
En diálogo con la prensa tras el anuncio del gabinete, fue consultado por la postura del futuro gobierno sobre la reforma educativa emprendida por la actual administración. Mahía aclaró que cuando Orsi asuma el gobierno, estarán “elegidas todas las horas de secundaria, de UTU, de primaria”, por lo que eso es un “dato de la realidad” que no se puede cambiar.
Sobre esa base, el jerarca destacó como aspecto fundamental a tomar en cuenta el “análisis de contenidos”, sin preconceptos, para “cambiar todo lo que hay que cambiar y sostener aquello que hay que sostener”. Mahía sostuvo que no cree que “deba adelantar contenidos” porque, llegado el momento, estarán las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, “que tienen la potestad constitucional de llevarlo adelante”.
De forma complementaria, aseguró estar “convencido de que la clave fundamental es tener un diálogo con los actores educativos, con la comunidad educativa”, formada por los docentes, los estudiantes y las familias.
“Yo creo que uno de los aspectos más complejos tiene que ver con el trabajo administrativo que hacen los docentes, que quedó muy recargado y eso lo han sentido los actores educativos fundamentalmente”, afirmó Mahía.
El futuro ministro proyectó que en 2026 “el marco de los acuerdos que podamos llevar adelante” serán de proyección presupuestal mucho más sólida, ya que el presupuesto del año entrante “está proyectado y aprobado por el Parlamento que hoy integramos”. Además, agregó que cuando “asuma un nuevo Codicen y nuevos consejos desconcentrados [de la ANEP] con participación de los órdenes, vamos a intentar revertir todas aquellas cosas que veamos que están mal”.
Carlos Negro y José Carlos Mahía.
Foto: Gianni Schiaffarino
Cristina Lustemberg, Ministerio de Salud Pública
Cristina Lustemberg, de PAR, se encargará de Salud Pública. De profesión pediatra, se destacan entre sus antecedentes haber sido subsecretaria de Salud Pública entre 2015 y 2017 y diputada desde 2017.
Lustemberg será una de las cinco ministras del gabinete entrante, acompañada en la cartera por Leonel Briozzo.
La ministra entrante aseguró que asumirá el rol con “mucha responsabilidad y serenidad”, “tratando de ver dónde están los nudos y dificultades que hoy tienen los usuarios del sistema de salud, como la accesibilidad a los medicamentos, los tiempos de espera, poner políticas públicas que quizás han retrocedido en estos años, como las políticas de tabaquismo, abordar los temas vinculados a las cifras que hoy tenemos de algunas enfermedades que pueden ser realmente prevenibles si son abordadas a tiempo, como la sífilis congénita y la sífilis gestacional”. Además, aseguró que hay mucho para corregir en cuanto a “inequidades entre la accesibilidad en el interior del país con respecto al área metropolitana”.
Lustemberg consideró que “hay muchas cosas que hay que ver con el modelo de gestión, que impactan directamente en la atención de los usuarios para tener un sistema mucho más integrado”.
Consultada sobre cómo podrían disminuirse los tiempos de espera en el sistema de salud, Lustemberg explicó que “los tiempos de espera son de los indicadores más difíciles de corregir y hablan de la calidad del sistema”. Expresó que su mejora depende de “varias medidas que iremos corrigiendo paulatinamente” y abarcan la observación de las dificultades en recursos humanos, problemas de gestión, “formación de recursos humanos en conjunto con la Universidad de la República y otros formadores”, sostuvo.
“Lo que hoy no puede ser es que no veamos dónde están los cuellos de botella que ponen a la gente en una situación de no acceso”, dijo la ministra designada. También se refirió a las situaciones complicadas de algunas mutualistas, como puede ser el Casmu, y aseguró: “Estamos dando seguimiento, porque es la tercera institución más grande de salud con casi 180.000 usuarios” y se debe evitar un desenlace como el de Casa Galicia. “Eso sí lo tenemos clarísimo. Hay que conservar la institución, hay que garantizar en esta etapa los mejores indicadores de calidad asistencial para que no repercuta en los usuarios. Así que el gobierno actual está tomando las medidas y nosotros dándoles seguimiento”.
Juan Castillo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Juan Castillo, del Partido Comunista del Uruguay (PCU), liderará la cartera de Trabajo y Seguridad Social junto con el catedrático de Derecho del Trabajo Hugo Barretto.
Castillo fue coordinador del PIT-CNT entre 2010 y 2012 y director nacional de Trabajo desde 2015 a 2017.
“A partir de la semana que viene conformaremos el equipo de trabajo y analizaremos qué es lo que efectivamente merece un análisis más profundo para tener que cambiar”, adelantó el jerarca, y agregó que esperan a “que esté pronta la transición”, porque aún “no tenemos nada todavía entregado por parte del gobierno”.
Sobre la gestión en el Ministerio de Trabajo del actual gobierno, Castillo consideró que “ha habido una negociación colectiva bastante rara, en la que la devaluación después hizo que se devolviera parte de lo conquistado o que se le descontara parte de lo conquistado”. Consultado sobre qué elogiaría, respondió: “Que haya mantenido los ámbitos de negociación, que se hayan buscado algunas alternativas, aunque muchas veces hemos tenido que recurrir al Parlamento para encontrar alguna solución a temas emergentes”.
Edgardo Ortuño, Ministerio de Ambiente
A la cabeza de la cartera más reciente, el Ministerio de Ambiente, estará Edgardo Ortuño, quien se desempeñó como representante de la oposición en el directorio de OSE en este gobierno.
En diálogo con la prensa, habló sobre el proyecto Neptuno-Arazatí. En las últimas horas, el exdirector de OSE afirmó que esta semana elevará un informe a Orsi sobre esa obra. Ortuño explicó que, a pesar del otorgamiento de la autorización ambiental previa, “restan pasos realmente significativos que no se han cumplido, y por eso estamos a la espera de cuál sea la decisión del gobierno actual, que es quien tiene la responsabilidad de considerar los cuestionamientos y reparos que se han planteado desde la academia, desde las universidades, en temas técnico-ambientales”. También destacó que hay un aspecto “clave”, que es el económico-financiero, “los altísimos costos que están planteados, por el modelo de financiamiento y de gestión que se ha elegido, y que no sabemos cuál va a ser la decisión final de la actual administración en relación con el contrato que establece todas estas cosas y, por lo tanto, [tenemos] mucha cautela”.