La extensa investigación administrativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre la adjudicación de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira sigue arrojando elementos para esclarecer la situación, más allá de los informados por el actual titular de la cartera, Raúl Lozano, en la conferencia de prensa que dio el viernes 1° de marzo.
Según señaló el ministro Lozano, de la investigación se desprende que no se siguieron los “procedimientos ni criterios establecidos” en la normativa para adjudicar las viviendas, pero no advirtió que “la arbitrariedad” también radicó en que los trámites “no se enmarcan en situaciones de emergencia”, de acuerdo a la información recogida por El Observador.
Moreira y su fuerza política se ampararon desde el inicio en una resolución de 2009 que habilita la reserva de cupos en complejos habitacionales para justificar las entregas de vivienda a familias en supuestas situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la instructora de la investigación, Daiana da Silva, afirmó que lo actuado “lejos está” de lo que establece esta norma, “en la medida que los beneficiarios no presentaban restricciones socioeconómicas para alcanzar los requisitos” definidos para presentarse a los llamados.
Asimismo, durante la conferencia de prensa Lozano planteó que “la reserva de cupos solicitada en su oportunidad por la exministra Moreira no es ilegítima” porque “no se viola ningún derecho subjetivo o interés directo y personal”. Pero para Da Silva, esto tampoco es así, sino que se actuó “contrario a derecho” y el destino que Moreira dio a esos cupos fue “antijurídico”.
“En ciertos casos se trataron situaciones como si fueran de emergencia habitacional, cuando en los hechos no lo eran”, enfatizó la instructora, y además confirmó que todas las familias que recibieron una vivienda “tenían ingresos superiores a la línea de pobreza” y que “su trayectoria habitacional no presentaba problemas de gran magnitud, más que el sueño de acceder a una vivienda propia, como ocurre con la mayoría de los uruguayos”.
Por su parte, para la directora de la División Jurídica, Marcia Senattore, hubo un “grave apartamiento de las normas aplicables”, “privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación”, con “abuso y exceso de poder”.