La intendenta de Artigas, Elita Volpi, le solicitó este miércoles a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que no apruebe nuevos fondos para el programa Vale Emprender, que impulsaba la exdiputada por ese departamento Valentina dos Santos, recientemente condenada por usurpación de funciones, hasta “nuevo aviso”. La iniciativa contaba con una inversión millonaria, cuyo origen se busca esclarecer por parte de legisladores del Frente Amplio (FA), que por estas horas redactan un pedido de informes.  Según un documento divulgado por M24, al que accedió la diaria, la intendencia le había solicitado a principios de julio a la OPP 8,8 millones de pesos en el marco del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), en el que se detalla que el destino del dinero sería el programa Vale Emprender, como parte de una “segunda etapa”. Vale Emprender es un programa del gobierno departamental por el que se financian proyectos de emprendedurismo a personas de bajos recursos económicos.

Benjamín Irazábal, director de la OPP, señaló en diálogo con la diaria que el organismo aún no aprobó la última partida que solicitó la comuna artiguense y no elevó la solicitud a la Comisión Sectorial de Descentralización, encargada de financiar la iniciativa, a causa de que Volpi envió este miércoles una carta al organismo solicitando que “no eleve hasta nuevo aviso ningún proyecto que esté en proceso de evaluación”.

Esta sería la segunda financiación que parte del gobierno nacional hacia la intendencia para financiar proyectos de este estilo. En noviembre de 2021, la Comisión Sectorial aprobó por unanimidad el financiamiento a la iniciativa “Promoción de emprendimientos productivos”, por ocho millones de pesos, y en marzo de 2023 se le otorgó otro financiamiento por el mismo monto.

En este marco, legisladores del FA buscan conocer el “alcance” del programa y el “origen de los fondos”, dijo a la diaria el senador del FA Eduardo Brenta, quien por estas horas redacta el pedido junto a los diputados del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir y Nicolás Lorenzo.

Brenta adelantó que en el pedido de informes se consultará quién era el responsable en la intendencia de solicitar ese dinero y llevar a cabo el programa. “Si era un programa de la intendencia, no puede ser” dos Santos, puesto que era diputada, aclaró. También dijo que preguntarán sobre los “criterios” para determinar los beneficios otorgados, si los montos otorgados fueron a las manos de los beneficiarios, cuál es el monto que se invirtió en este programa y si el Mides tiene responsabilidad a nivel nacional, entre otras. 

“La intención que buscamos no es responsabilizar a la gente que recibió el beneficio, sino encontrar responsables. Es una práctica naturalizada llevada a un extremo de patrón de estancia”, sentenció Brenta. 

El Mides se distanció del financiamiento del programa

“El Mides no aportaba fondos” para el programa Vale Emprender, dijo este miércoles el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, en rueda de prensa, consultado a raíz de que en fotos vinculadas al programa aparece la exdirectora departamental de ese ministerio, Yessica Vasconcellos, quien ahora se desempeña como directora de Desarrollo Social de la intendencia artiguense.

Sciarra dijo que el ministerio comenzará una investigación administrativa para conocer si Vasconcellos se “tomó la libertad” de participar en aquel momento directamente del programa de Dos Santos. “Eso no significa que el programa sea del ministerio”, declaró el jerarca, aunque dijo que pudo haber “avales y acompañamientos”, pero no financiación.

En un comunicado, la cartera negó haber financiado el programa, aunque sí impulsó iniciativas de apoyo a monotributistas rurales en varios departamentos. El ministerio informó que en octubre de 2021 se firmó un convenio por un año con la Intendencia de Artigas con el objetivo de llevar adelante el programa Ruralidad para promover el desarrollo social, económico y productivo de las personas de bajo nivel socioeconómico.

El Mides destinó 1,7 millones de pesos a este programa, los que no fueron ejecutados hasta casi un año después, momento en el que la intendencia solicitó una extensión del plazo por seis meses más. En ese tiempo, se gastó el total del presupuesto. El convenio venció en abril de 2023 y, según la cartera, no ha habido nuevas solicitudes.