Una denuncia por violencia basada en género destapó una serie de presuntos hechos de corrupción en el municipio de Baltasar Brum, en Artigas. Durante el período 2020-2025, se presume que Jesús López (Partido Nacional), entonces capataz general del municipio y ahora funcionario, vendió materiales, rieles y gasoil de la comuna a privados. Por estas supuestas irregularidades, 22 ediles de 29 de la Junta Departamental aprobaron la creación de una comisión investigadora para investigar los hechos.

Guillermo Gasteasoro, edil del Frente Amplio (FA) e impulsor de la comisión, dijo a la diaria que tras la denuncia policial de la expareja de López por violencia de género, el capataz “le hace una contradenuncia” y, en consecuencia, ella “va a la comisaría y cuenta todos los hechos de apariencia de corrupción que él hacía dentro del municipio”.

Según el edil del FA, López “cambiaba trabajos por gasoil”, lo cual, según señaló, fue confirmado por el propio capataz en una entrevista. “Dice que era todo con conocimiento del alcalde, que cuando había que hacer un trabajo y el municipio estaba con una máquina en algún otro lado o con la máquina rota, para no demorar mucho con la orden de compra, pagaban con gasoil y con otros materiales”, detalló, y explicó que se trata de empresas que “tienen relación directa con jerarcas del municipio”.

En una entrevista con el medio Artigas Informa, López dijo que “tanto el municipio como el trabajo particular” los hacía “siempre con el consentimiento del alcalde”, a quien le avisaba y solicitaba autorización. En ese período el alcalde era el también nacionalista Juan Carlos Martinicorena, quien, a su vez, es tío de López. El excapataz indicó que esto “no se hacía frecuentemente”, sino cuando “la retro estaba rota” o no estaba a disposición.

Gasteasoro apuntó que estos hechos llevaron a conformar una comisión preinvestigadora, que concluyó en crear una comisión investigadora, algo que fue apoyado por representantes de los cuatro partidos políticos que integran la Junta Departamental: el FA, el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA) y algunos integrantes del Partido Nacional (PN).

El edil del FA dijo que la comisión todavía no ha comenzado a trabajar, debido a que “el Partido Nacional retrasó bastante la conformación”. “Nosotros como Frente Amplio automáticamente dimos nuestros nombres de quienes iban a integrar esa comisión, pero el Partido Nacional, que tiene tres miembros, demoró más de un mes en proporcionarlos”, por lo que recién “se conformó en el plenario pasado, el jueves”. La comisión investigadora tiene, además de los tres integrantes del PN, dos del FA, uno del PC y uno de CA, por lo que los nacionalistas están en minoría.

La Junta Departamental está integrada, en su mayoría, por ediles nacionalistas de Artigas Adelante (lista 2525), el sector del intendente Emiliano Soravilla y de la secretaria general Valentina dos Santos; también hay dos ediles de la lista 40 del excandidato a la intendencia Mateo Ayala, un sector que fue crítico con el espacio político de Dos Santos, Soravilla y el exjefe departamental Pablo Caram. Los ediles que integran la comisión investigadora son de la 2525.

Consultado sobre quiénes apoyaron la creación de la investigadora, Gasteasoro dijo que hubo ediles del Espacio 40, pero también de la lista 2525. De hecho, afirmó que han votado “muchas cosas” con la oposición y que “hay una actitud muy buena del presidente de la Junta [Nelton Barreda, de la 2525], que entiende que estos hechos rozan lo ilegal”.

Sobre si puede haber más involucrados, el edil frenteamplista dijo que “se presume que sí” y señaló que los integrantes de la comisión ya comenzaron a trabajar para “averiguar ciertas conductas y prácticas dentro del municipio”. “Hay mucha gente asustada que, obviamente, para que no le rocen estos hechos, nos empezó a dar información”, agregó.

Otra comisión investigadora en Bella Unión

La de Baltasar Brum no es la única comisión investigadora que se conformó en Artigas por presuntos hechos delictivos: en el Municipio de Bella Unión también se detectaron maniobras irregulares en la Dirección de Tránsito, relacionados con empadronamientos y libretas de conducir.

Gasteasoro contó que durante la licencia de la encargada de tránsito del municipio se empadronaron vehículos con “documentación falsa del juzgado de paz y de un rematador”. Señaló que por este tema el Congreso de Intendentes hizo una denuncia en junio.

De acuerdo con el informe de una funcionaria, “el involucrado es un abogado integrante de la lista de la alcaldesa electa”, Fabiana García (PN), quien “a los pocos días [de asumir] la manda cesar [a la funcionaria] y contratan al abogado”. Por esta razón, los ediles comenzaron una investigación.

“Cuando llegamos al plenario de Bella Unión, el Partido Colorado y Cabildo Abierto recibieron otra denuncia donde este funcionario, que quedó como encargado, se autodió una libreta de conducir con una categoría F, que es la categoría más alta, la de un profesional, con una selfi que se sacó. Se la imprimió sin hacer expediente, sin hacer nada”, relató Gasteasoro.

A su vez, mencionó que ya había un informe de la funcionaria cesada acerca de esa libreta de conducir y otras que se otorgaron en ese momento, así como de “otros empadronamientos que fueron con apariencia delictiva, con documentación falsa”.

“Cuando el Partido Colorado presenta sobre esta licencia de conducir y sobre este funcionario, la bancada del Frente Amplio pide que se amplíe esta comisión investigadora y se haga por los empadronamientos, por esos otros expedientes, donde hay un preinforme del Departamento Jurídico de la intendencia, que determina una investigación administrativa que no se llevó a cabo”, detalló. Esta comisión investigadora también fue aprobada por 22 votos de un total de 29, con seis apoyos de la lista 2525.

Daniel Argañaraz, edil colorado e impulsor de la comisión investigadora, dijo a radio Monte Carlo que en algunos de los documentos que vieron no coincidían los números de los motores, los cuales estaban en otro lugar, y no estaba el original, es decir, que podría haber habido un cambio del motor.

Argañaraz dijo que, en caso de que la comisión investigadora constate irregularidades, lo primero que se hace es pasar al plenario de la Junta Departamental, que podrá presentar un informe en mayoría y en minoría. “Si hay algún informe que solicite el pase a la Justicia, se debería votar ese pase y perfectamente la propia comisión, avalada por el plenario, es la que solicita el pase a la Justicia y ahí se determinará qué es lo que pasará”, concluyó.