Continúan las reacciones políticas tras la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

El exministro de Defensa Armando Castaingdebat, quien también estuvo vinculado con el proceso de contratación de la compañía con sede en Vigo tras sustituir a Javier García en marzo de 2024, se pronunció al respecto y dijo en rueda de prensa que “Uruguay es producto de diálogo, entendimiento y poner los problemas arriba de la mesa para encontrar lo mejor para el país sin buscar réditos políticos partidarios de corto plazo”.

El exministro opinó que “con esto y con varias cosas” se apunta al expresidente nacionalista Luis Lacalle Pou, ya que “el gobierno ha elegido el camino de desacreditar acciones que se hicieron en el anterior gobierno y que indudablemente apuntan al primero de la fila”.

“Este no es el Orsi que yo conocí y con el que mantengo una excelente relación. Hubiera esperado otra actitud del presidente, y el país se merecía recorrer otros caminos antes de tirar un balde y hablar de estafa y fraude”, señaló. Confirmó que al término de la conferencia en la que se anunció la decisión tuvo una comunicación con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, pero “hubiera sido bueno conversar antes”.

En ese sentido, Castaingdebat evaluó que “nos llenamos la boca fuera del país mostrando presidentes juntos” y opinó que si bien “los pormenores de la garantía son válidos para discutir”, hubiera preferido “otro ámbito”, como “sentarnos a conversar entre quienes elaboraron el proyecto, quienes estuvieron detrás de la búsqueda de garantías y el mismo actor, que en definitiva el objeto del contrato lo está cumpliendo”. “Nadie puede decir que no es un buen contrato, que no es un buen precio ni que se certificó el avance. La discusión pasa por otro lado”, finalizó.

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo a MVD Noticias que lo que se resuelva frente al caso “no son decisiones que se tengan que tomar en conjunto” con las exautoridades de la cartera; “ya sabemos lo que piensa la administración anterior” sobre la medida, aunque “debería estar codo a codo con nosotros y no pensando que estos son apenas unas cuestiones vinculadas a chicanas políticas” porque tiene relación con “la seriedad del Estado uruguayo”. “El exministro sabe lo que pienso sobre el contrato que se firmó, las alertas que hubo con respecto a la empresa y la definición que se tomó”, acotó, y adelantó que el proceso “seguramente va a ser largo”.

Lazo dijo que el Estado uruguayo “no puede ser experimento de nadie” y que “nuestra Armada y nuestros efectivos no son conejillos de indias para probar si esto puede ser viable”. Valoró que son necesarias “certezas desde el punto de vista técnico” y, si bien reiteró que existen cláusulas de reserva que no puede violar hasta que no se rescinda efectivamente el contrato, confirmó que “el informe semanal de los técnicos que están en Vigo no siempre se condice con la realidad que señala Mario Cardama””.

Respecto del reclamo del titular del astillero, vinculado con que el Estado uruguayo no le notificó antes de denunciar la negociación, Lazo dijo que “esto no es un boliche ni un almacén” y que esa “no es la forma en que se debe tratar al Estado uruguayo”. Además, el informe jurídico que el gobierno solicitó a una firma de abogados en Londres para investigar a Eurocommerce, la compañía británica que presentó la garantía, “indica que el único funcionario y gerente de la empresa es un ciudadano de origen ruso que vive en Rusia, tiene nula actividad comercial y tiene una definición de salir de la nómina de empresas que cumplen esta tarea en el mes de agosto”, listó.