Cada 100 pesos que el Estado otorga al presupuesto nacional, sólo uno se destina al Poder Judicial; este poder funciona con el 0,32% del producto interno bruto (PIB), que representa el 1,09% del crédito asignado a todo el gobierno central, según expresó cuando presentó su presupuesto quinquenal.

Los pedidos concretos que hizo la Justicia “para responder a los principales desafíos sociales y judiciales” son: la creación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género (seis en Montevideo y 18 en el interior), así como nuevos magistrados, defensores públicos y equipos técnicos especializados; la instalación de juzgados letrados en Ciudad del Plata, que tiene casi 40.000 habitantes y cuenta únicamente con un juzgado de Paz; el fortalecimiento de la defensa pública a través de la incorporación de 116 cargos entre titulares y suplentes, un “pilar esencial para garantizar la igualdad ante la ley”; y medidas de salud laboral, suplencias y carrera funcionarial para “dignificar el trabajo de jueces, defensores y funcionarios, y asegurar la continuidad de un servicio humano y eficiente”.

En ese marco, para 2026 se pidieron 44 millones de dólares. Sin embargo, la partida presupuestal prevista en el proyecto de ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo es de tres millones, por lo que esto representa el 6,5% de lo solicitado por el Poder Judicial. En entrevista con la diaria Radio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, apuntó que este poder “ha sido históricamente relegado, partido tras partido que haya gobernado, independientemente del signo político. Nunca se le otorgan las aspiraciones que corresponden”.

Este miércoles, representantes del Poder Judicial comparecieron ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda –en su último día en el que se recibían delegaciones– para plantear sus pedidos.

En una rueda de prensa, el presidente de la SCJ señaló que además de los juzgados en violencia de género, también solicitan una oficina de seguridad laboral para los funcionarios y custodias para las sedes judiciales. De los 24 juzgados especializados en violencia basada en género, el presupuesto prevé la creación de dos.

Ante la consulta de qué pueden cumplir de lo solicitado con el presupuesto asignado, Pérez dijo que “prácticamente nada”. “Los perjuicios son enlentecer los juicios, porque si tenemos menos recursos, menos servicios podemos ofrecer a la ciudadanía”, lamentó.

Pérez dijo que “en parte” le sorprendió la asignación presupuestal: “A veces nos dan, a veces no nos dan, pero no mucho porque generalmente al Poder Judicial no le dan recursos”, aseguró. “En el presupuesto pasado nos dieron un 11,9% de lo que pedimos, hoy un 6,5%”, explicó.

Señaló que la Justicia tiene una sobrecarga de sus funcionarios y que necesita custodias, así como una oficina de seguridad laboral, ya que se trata de “una labor estresante”. “Hay que estar en un juzgado de violencia doméstica o en otro tipo de juzgados, con todo el estrés que ello supone”, sostuvo.

A su vez, solicitaron que se les otorguen fondos para hacer itinerancias, ya que “hay lugares del interior que quedan lejos de las sedes letradas”, y tampoco les dieron esto.

Pérez se refirió a la importancia de que se destinen recursos a la custodia para las sedes, ya que si esto recae en el Poder Judicial, tendrían que pagarla porque se trata del servicio de 222. “Si no tenemos fondos para pagarla, no tenemos custodia”, resaltó.

Fernando Amado: “Hay una decisión clara del gobierno de tratar de rascar para tratar de contemplar mucho más al Poder Judicial”

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Fernando Amado, quien integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y que estuvo en la comisión de este miércoles, aseguró en una rueda de prensa que el gobierno “está comprometido a escuchar” y a “tratar de buscar las soluciones y las reasignaciones para tratar de contemplar en la medida de lo posible varias de las cosas” que se plantean.

En tanto, afirmó que “ser oposición en este momento es fácil” y que “hacerse eco de todos los pedidos de quienes vienen a pedir presupuesto es fácil”. “Lo difícil es ser gobierno y lo difícil es tener la responsabilidad de generar un presupuesto nacional equilibrado y que, en definitiva, apunte a las prioridades que el gobierno trazó desde la campaña electoral”, remarcó.

En ese sentido, expresó que “cuando todo es prioridad, nada es prioridad”, aunque consideró que lo vinculado al Poder Judicial es “un tema muy sensible”. Por lo tanto, señaló que están teniendo “muy en cuenta” los planteos que llevó la Justicia a la comisión, y que van a ser estudiados en estos días.

Amado expresó que van a tratar de acercarse a las propuestas planteadas, ya que entienden “absolutamente fundamental tratar de arrimar” la asignación a “una deuda histórica que hay, a un desfasaje histórico que hay de presupuesto al Poder Judicial”. “No es un tema de ahora, es un tema de décadas, y que por supuesto no se va a resolver en este presupuesto nacional, pero sí tenemos la voluntad y el compromiso de robustecer un poder que para nosotros es absolutamente clave para la república, para el funcionamiento como corresponde de un sistema republicano”, recalcó.

El legislador expresó que “hay una decisión clara del gobierno de tratar de rascar para tratar de contemplar mucho más al Poder Judicial, de lo que es la instancia primaria, de lo que vino en el presupuesto inicial”, y que esto es parte de un proceso de negociación que en los próximos días será “intenso”.

“Estoy seguro de que, a partir de la propuesta que inicialmente hizo el Poder Ejecutivo, la que lleguemos a votar va a ser sustantivamente mejor y se va a acercar mucho más a lo que el Poder Judicial está pidiendo en el día de hoy”, concluyó.