“Esta media sanción contó con los votos de la totalidad de los partidos políticos; si no ha sido en general, ha sido en particular”, destacó el diputado frenteamplista Mariano Tucci este jueves al final de la votación del presupuesto en la Cámara de Diputados. Ahora el proyecto pasa a consideración del Senado, en el que ingresa el 27 de octubre.

Tucci destacó que el presupuesto representaba “un desafío para el gobierno nacional” al no tener mayorías parlamentarias propias, pero se logró “sortear con el respaldo de su fuerza política, pero también con la confianza de los partidos políticos” en la cámara.

En la jornada del miércoles y en la madrugada del jueves se votaron las reasignaciones para la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, entre otros organismos.

Cuando mediaba la tarde se votó la hoja aditiva 20, referida a las asignaciones para el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), relativas a los sueldos de las Fuerzas Armadas (FFAA), que fue propuesta por el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone. El texto estableció unos 1.200 millones de pesos (cerca de 30 millones de dólares), que se distribuyen para el personal militar, desde soldado de primera hasta suboficial mayor, combatiente y no combatiente, y aprendiz y cadete. El aumento consignado es para todos del mismo monto: 500 pesos en 2026, 200 en 2027, 200 en 2028 y 100 en 2029. La partida, según dice en el aditivo, se financiará “parcialmente con una disminución” de gastos de la propia cartera.

El aditivo fue votado a favor por 93 de los 99 presentes —fue una jornada en la que no faltó ni un representante—. El diputado colorado Felipe Schipani señaló que la bancada a la que pertenece, del sector Unir para Crecer, no votó el aditivo porque presentaron otros aditivos que prevén utilizar “estos 30 millones de dólares que la cámara acaba de votar para el MDN, a fin de ser volcados” en la Administración Nacional de Educación Pública, en la Universidad de la República y en la Universidad Tecnológica.

“Y no porque los funcionarios de las FFAA no se merezcan que se les aumenten sus magros salarios, sino porque entendemos que, en un contexto de recursos escasos, como es el que administra el Estado, hay que fijar prioridades, y hoy la prioridad del país pasa por fortalecer su educación pública y no asignar recursos al MDN”, sostuvo. Además, Schipani expresó que lamenta “profundamente” que quienes “pregonaron el 6%” del Producto Interno Bruto para la educación, “y no plantearon en su programa el aumento de sueldo para las FFAA, hayan votado a favor de este artículo” (obviamente, en referencia al oficialismo).

Pero, una vez más, en este tema se hizo carne la grieta colorada, entre Unir para Crecer (sector liderado por el senador Andrés Ojeda) y Vamos Uruguay (agrupación comandada por el senador Pedro Bordaberry). Juan Martín Jorge, diputado de este último sector, subrayó que “por supuesto que hay que darle prioridad a la educación, pero hay que recortar de otro lado, no justamente de las FFAA, que es una institución tan importante, que tanto bien le hace al Estado”. “Si yo hubiera tenido la posibilidad y el poder político de negociar algo para las FFAA, hubiera sido muchísimo más que el poquito que le estamos dando ahora”, sostuvo.

Por su parte, el diputado del oficialismo Alejandro Zavala justificó su voto afirmativo señalando que los sueldos de los subalternos de las FFAA “son de los más sumergidos de la administración”, y subrayó que el dinero sale del mismo MDN, “no como en administraciones anteriores”, en las que se votaron recursos en el mismo sentido, pero que han sido “incrementales al del MDN”. “Sin embargo, hubiese preferido que este aumento se financiara con reducción de vacantes del Ejército. Entiendo que la tarea de alojar personal en los cuarteles ha sido parte de una política social centenaria en este país, pero la tenemos que abandonar. Tenemos que tener las FFAA que necesitamos y no el tamaño que tenemos ahora, con más de 23.000 efectivos”, finalizó.

Perrone: “Uno no puede venir a sala y presentar una hojita así nomás”

Más adelante, el Partido Nacional (PN) presentó otro artículo aditivo en el mismo sentido, pero que implicaba más aumentos para algunas jerarquías, como 1.500 pesos para los cabos de primera y segunda, es decir, 500 pesos más de lo votado antes. Cuando presentaron la hoja, el diputado blanco Sebastián Andújar subrayó que estaban proponiendo “un mejor aumento para el MDN de lo que se propuso”. “Con la misma financiación, del mismo inciso, con más detalles de cómo se realiza y logrando aumentar más el sueldo a las tropas y a los funcionarios del MDN”, indicó. Pero el aditivo no prosperó, fue votado sólo por 41 diputados, mientras que 58 no lo apoyaron.

Schipani señaló que por los mismos fundamentos que no votaron el aditivo de la hoja 20 es que no aprobaron esa. “Reiteramos: entendemos que, como todos los presupuestos nacionales, de recursos limitados, las prioridades tienen que estar en otro lado. Para nosotros, la prioridad está en la educación pública”, insistió.

En tanto, el diputado cabildante Perrone salió al cruce de la propuesta del PN, a la que votó en contra, porque “hay que ser responsable”. “Porque acá estamos hablando de montos muy grandes y uno no puede venir a sala, presentar una hojita así nomás y mover 50 o 60 millones de dólares. Por eso, con la responsabilidad que siempre llevamos adelante en este tipo de negociaciones, cuando los montos son tan grandes, tienen que ser en un acuerdo”, sostuvo.

¿Plan de seguridad?

A su vez, ayer también se votó, dentro del inciso 4, del Ministerio del Interior, varias partidas incluidas en el artículo 115, entre ellas, una de 100 millones de pesos para 2027 y otra de 150 millones de pesos para 2028, con destino al “Plan Nacional de Seguridad Pública”. El artículo fue votado por 51 de los 99 diputados presentes. El representante colorado Gabriel Gurméndez dijo que votó en forma negativa, “no porque no sea necesario, sino precisamente por lo contrario, porque el sentido de la urgencia que tienen los problemas de inseguridad que vive el país requieren de medidas inmediatas”.

“Hemos señalado nuestra preocupación de que este plan ni siquiera es conocido ni está pronto. No parece tener sentido en esta instancia presupuestal votar por un plan inexistente. Nos gustaría conocer el plan y haberlo votado hoy. Lamentablemente, no es la situación”, insistió.

Por su parte, el diputado blanco Pablo Abdala subrayó que su partido votó negativamente porque entre hoy y 2027 va a haber una Rendición de Cuentas, por lo tanto, “esto forma parte de la construcción de un relato”. “Se le quiere transmitir a la población que hay un plan de seguridad, cuando todos sabemos —y la población también— que no lo hay, sino un simulacro de construcción de plan”, sostuvo.

Por otro lado, la diputada del Frente Amplio Ana Olivera subrayó que si bien acordaron que en la sesión no iban debatir, “sí existe un plan”, y es más, en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto “queda en claro que la primera etapa ya está cumplida”.

Pedidos de informes a Presidencia

Otro de los aditivos de la sesión fue presentado por el diputado colorado Conrado Rodríguez, relativo a los pedidos de informes que pueden hacer los legisladores. Rodríguez subrayó que, bajo la legislación actual, está permitido que puedan solicitar pedidos de informes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, según lo estableció el artículo 17 de la Rendición de Cuentas de 1990, del primer año del gobierno del presidente blanco Luis Alberto Lacalle Herrera. Rodríguez destacó que no se pueden pedir informes “al resto de las reparticiones de Presidencia de la República”.

“Creemos, realmente, que en aras de la transparencia es fundamental poder avanzar y que los legisladores puedan contar con todos los insumos para su trabajo parlamentario. Este es el sentido de la hoja aditiva número 26”, señaló. Por lo tanto, el artículo propuesto, que modifica el 17 de aquella Rendición de Cuentas, dice: “La Presidencia de la República, y todas sus reparticiones a través de ella, deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores para llenar sus cometidos, que se tramitarán por escrito por intermedio del presidente de la cámara respectiva”. El artículo fue aprobado con 50 votos afirmativos en 99 presentes; la mayoría de los negativos fueron de diputados del oficialismo.

Sin embargo, sobre el final de la votación del presupuesto, en la mañana del jueves, se reconsideró la votación y el artículo salió negativo. “No hubo una sola explicación de por qué el Frente Amplio no quiere que los legisladores puedan pedir informes a Presidencia. Es una situación muy grave que habla de una profunda falta de transparencia y de un menoscabo al rol de contralor del Parlamento. ¿Qué es lo que quieren ocultar?”, inquirió Schipani.