“Créanme que el presidente de la República también está preocupado por esto”, adelantó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el 17 de octubre, en su visita a la diaria Radio, con relación a la construcción de las patrullas oceánicas. Tan sólo cinco días después, esa preocupación se materializó: Yamandú Orsi anunció que el gobierno rescindirá el contrato con el astillero español Cardama Shipyard por “fuertes indicios de estafa o fraude”, luego de constatar irregularidades en su garantía y en la empresa británica que la provee, Eurocommerce Limitada.
Inmediatamente después del anuncio oficial, el titular del astillero español, Mario Cardama, comenzó una gira por distintos medios nacionales y dijo a El Observador que su compañía efectivamente “renovó la garantía el pasado 26 de setiembre con el banco inglés y desde entonces se despistó en enviarlo al MDN”, siendo que el plazo vencía el 22 de setiembre, tras un año de ser efectiva. Reprochó al Estado que “no hubo comunicación ni notificaciones” respecto a que debía renovarla y se enteró “por la prensa”, según consignó el medio.
“Hemos entregado unas garantías que fueron, en su día, aceptadas por el gobierno. Se emiten para incumplimientos del contrato, pero nosotros no hemos recibido ninguna comunicación de incumplimiento, por lo que estamos sorprendidos de que se intente ejecutar”, complementó en Desayunos informales. Aseveró que “la renovación fue hecha hace más de un mes”, aunque admitió que “por razones administrativas se entregó tarde”.
El empresario dijo que, en un contrato “de este tamaño e importancia”, si Cardama “no incumplió, porque no hay prueba ni comunicación”, y tarda “dos días o medio día en entregar una garantía, que por supuesto tiene que entregarse, creo que no es mucha razón para ejecutar un contrato por completo, salvo que haya otras razones que a mí me parecen ocultas”, aseguró en televisión.
Según Cardama, la demora en conseguir la garantía se dio “a raíz de la guerra de Ucrania”, ya que “el Banco Mundial (BM) firmó un protocolo por el que muchísimos bancos europeos, casi todos, se condicionan a que no se darían garantías, avales ni préstamos de ningún tipo para temas que llevaran armas”. En sus palabras, “el primer banco al que fuimos para obtener la garantía y presentarla fue Santander, con el que trabajamos en España y que tiene oficinas en Uruguay”, pero respondió negativamente, por lo que “hemos tenido que ir a buscar bancos que no estuvieran firmando el proyecto”.
“Si la razón para tirar abajo un contrato de 82 millones de euros y unas patrulleras que son esenciales para Uruguay es porque Cardama tardó 15 días en comunicar al MDN que estaba renovado un aval, dejo la pregunta encima de la mesa”, afirmó. También declaró que “estos días” recibió “varios mensajes de conocidos diciendo ‘Mario, si necesitas una garantía, te la doy yo’. A lo mejor hace 11 meses o 12 meses yo no llamé a la puerta oportuna”, finalizó.
Por otro lado, en diálogo con Carve, reiteró que, en su visión, “la garantía está vigente” porque “pagó la renovación” y explicó que involucra 4,2 millones de euros ante el incumplimiento del contrato, algo que “nadie le ha comunicado”. “Si esa empresa es un fraude, al que le está cometiendo un fraude también es a mí”, sentenció en la emisora.
La versión de Cardama ante otros cuestionamientos a las OPV
De acuerdo con lo que relató el propietario del astillero en Desayunos, “el 60% del acero de la primera embarcación está construido y montado”, mientras que “todo lo demás de ambas patrulleras está pedido al 90%”. “Se habla de que nos han entregado millones, pero se han ido para la compra de los equipos, porque tenemos apalabrados motores, reductoras, líneas de ejes, electricidad y carpintería”, señaló.
Frente a este panorama, dijo en Carve que “los motores principales del primer barco salen de Estados Unidos la última semana de noviembre o la primera de diciembre”. En ese sentido, “no va a detener la construcción de forma inmediata”, porque involucra a “unos 500 trabajadores”. Por el contrario, adelantó que va a “esperar unos días y solicitar una reunión con el presidente Orsi para intentar aclarar el tema”: “En cuanto me dé cita, tomo el avión, ya sea esta tarde, esta noche o mañana por la mañana. Entiendo que este es un tema para hablar personalmente y no para andar con correos electrónicos”, declaró.
Respecto de las irregularidades en cuanto a la dirección física de Eurocommerce, que constató el cónsul uruguayo Luis Bermúdez al apersonarse en el lugar y no lograr ubicarla, aseguró que durante la mañana de este jueves se puso en comunicación con la empresa y “le comunicaron que se había cambiado la dirección, que me la iban a indicar por escrito y no sé por qué no lo hicieron antes”. “No le hubiera costado nada al gobierno uruguayo escribir un correo a Cardama y le daríamos la dirección nueva”, cuestionó.
“Nosotros ahora mismo estamos a punto de entregar el mes que viene un buque que tiene las mismas funciones prácticamente que estas patrullas oceánicas para la Marina de Guerra de Senegal. A pesar de que es más pequeño, internamente es muchísimo más complejo que el uruguayo”, agregó en la emisora. “¿Cuál es el problema?”, se preguntó respecto a la experiencia de su empresa en este tipo de embarcaciones, y dijo que “es un tema político, que si alguien se quiere decidir por otro astillero se pone a hablar mal del otro”.
Finalmente, también en Desayunos, se refirió a la seguridad del barco, uno de los puntos que tanto Lazo como Orsi indicaron como preocupación. “La seguridad de la tripulación está controlada porque el barco está clasificado por una clasificadora que eligió el MDN” que “obliga a cumplir todas las normas internacionales de seguridad”. En otro eje, respecto a los planos, dijo que, “por la forma de funcionamiento de la clasificadora, los planos se le pasan para aprobar y hace primero una aprobación preliminar”, mientras que “la definitiva la hace tiempo después, cuando casi está terminado”, por lo cual, “mientras tanto, se trabaja siempre con planos provisionales”, aseguró.