Este jueves, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó el informe Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional: niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección, un compendio de procesos de monitoreo de derechos en niños, niñas y adolescentes en centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), organismo que funciona bajo su órbita.

El informe dio cuenta del daño físico y mental que muestran las infancias y adolescencias al ingresar al sistema. Esta situación, al tener una respuesta que “no era, en la mayoría de los casos, suficiente”, se agravó durante su permanencia en los centros, principalmente en materia de salud psicológica. También se constataron diversas problemáticas vinculadas con limitantes institucionales, violencia y salidas no autorizadas.

Al momento de ingresar, por ejemplo, se constató como “práctica reiterada” la ausencia de un “recibimiento adecuado”, con infancias y adolescencias que conocieron las instalaciones del centro y sus reglas a través de pares y no de los funcionarios. “Es como caer presa: caés con la muda de ropa, y con suerte, si te traen”, relató una niña al equipo de investigación.

También se detectaron condiciones adversas a la restitución de derechos una vez en el sistema. Detectaron centros saturados, con 40 que en los últimos tres meses trabajaron superados en capacidad, lo que arrojó un total de 148 niñas, niños y adolescentes por fuera de las capacidades actuales del sistema. Si bien las dificultades en atención son heterogéneas y varían de un caso a otro, en ocho centros la situación se extendió por más de un año y en algunos casos derivó en “colchones en el piso, catres o se destinó a dormitorio parte de los espacios de uso común”, así como se negó la entrada a adolescentes por motivos de cupo.

Respecto de la dotación de recursos humanos, el 60% de los centros relevados valoró que “no tenían personal suficiente para la atención directa” y más de la mitad tiene sólo “dos funcionarios por turno”. En lo que refiere a personal especializado, ocho centros no cuentan con equipo técnico y 14 disponen de un solo profesional, mientras que la fracción más amplia, compuesta por 39, cuenta con una dupla. Finalmente, sobre las condiciones edilicias, a nivel país se registraron centros con humedad, poco espacio de circulación, mobiliario escaso y falta de ventilación, entre otros problemas. Si bien en este apartado se registraron “avances en distintos departamentos del país”, en algunos aún “está todo roto y no dan ganas de quedarse”, según consignó un adolescente entrevistado para la investigación.

Aunque en muchos centros la atención de los funcionarios es “adecuada”, se constataron casos de “actitudes estigmatizantes” y de violencia. El 22% de los centros tiene investigaciones en curso por estos hechos, y en varios de ellos los funcionarios indagados continúan en funciones, lo que implica que tengan contacto directo con los hospedados. “El MNP entiende necesario enfatizar la relevancia de que el sistema de protección cuente con mecanismos garantistas de denuncia de malos tratos”, señaló el organismo.

La violencia sexual es otro foco problemático. El 5% de las niñas, niños y adolescentes que residen en centros del sistema de protección especial ingresó por explotación sexual, lo que se agrava en los departamentos de frontera; en la región norte la proporción de centros con ingresos por este motivo asciende al 42%. Los mecanismos desplegados para la prevención y contención resultan insuficientes, y uno de los métodos que se detectó refiere a la captación de adolescentes posterior a su ingreso por otros que ya han sido víctimas. El organismo también cuestionó la visión que los equipos de trabajo tienen de las víctimas, en muchos casos con informes técnicos “culpabilizantes y positivistas”.

Lo anterior se agrava por altos porcentajes de salidas no acordadas, que “se presentaron en todos los departamentos y regiones” y en muchos casos implican riesgos, incluso de vida. “Se entiende que las salidas no acordadas implican violencia institucional cuando no se busca a las niñas, se las culpabiliza, se las estigmatiza y su ausencia y desaparición temporal se naturaliza”, plantea el informe. El fenómeno se convirtió en un problema a nivel país: el 73% de los centros reportaron salidas no acordadas en los últimos seis meses, mientras que en los centros de breve estadía (CBE) de adolescentes en Montevideo se presentaron de modo continuo y ascendió hasta cerca del 30% de adolescentes del padrón de atendidos.

Por otro lado, “la atención en salud mental constituye un nudo crítico para el sistema de protección y en términos generales”. Persisten las demoras en el acceso a psicólogos, psiquiatras, centros CAISM y tratamientos en mutualistas. Las cifras en este apartado son alarmantes: el 56% de los centros tuvieron en el último mes una persona internada por salud mental; el 73% registró episodios de “crisis de excitación” en el mismo período; en el 67% se registraron situaciones de autoagresión en el último año, y en el 53% se registraron 190 intentos de autoeliminación.

Por último, el informe da cuenta de otras problemáticas: una atención diferenciada entre varones y mujeres, que se basa en la “organización institucional” sin contemplar la identidad de género; situaciones de separación de hermanos en todas las regiones; familias que bajo la modalidad de acogimiento superan el número de niños y adolescentes que estipula el reglamento (una familia acogió a 15 en Cerro Largo); egresos tras estadías promedio de siete años sin estrategias eficientes, y problemas asociados a los traslados.

Se constató, plantea el informe, traslados intra o interdepartamentales en modalidad de “trueque”, en los que “un centro solicita a otro la recepción de una persona a cambio de incorporar a otra”. Así, mientras que algunos intercambios responden a situaciones de riesgo, otros eran aplicados a modo de sanción desde centros de 24 horas a otros de breve estadía o como solución transitoria frente a conflictos, lo que implica un “desarraigo”.

No todo son malas noticias

En términos generales, las garantías a la salud física tienen “un adecuado abordaje” en las regiones, aunque con dificultades para el “acceso oportuno” a ciertos especialistas médicos y a dispositivos para infancias y adolescencias en situación de discapacidad. Lo mismo ocurre con el derecho a la educación, ya que “casi la totalidad” de niñas, niños y adolescentes vinculados al sistema de protección se encuentran inscriptos en centros educativos. Al mismo tiempo, se detectó que muchos asisten a propuestas de educación no formal que comprenden varias actividades “incluyendo música, deporte y talleres”. También hay una “evaluación positiva” en la dimensión recreativa, deportiva y cultural.

La convivencia representa una situación ambigua. Mientras que algunos centros exhiben las normas, horarios y rutinas en una cartelería claramente definida, otros quedaron relegados a “espacios de tránsito” y están caracterizados por “salidas no autorizadas permanentes” y “poca adherencia al sistema educativo formal o no formal”. La preocupación está en algunos centros de adolescentes que exhiben “conflictos recurrentes y violencia entre pares”, donde, en consecuencia, se establecieron “reglas de convivencia basadas en el control y con características más próximas a un centro de privación de libertad”, como requisas, el uso de escáneres y revisiones.

El informe destaca la implementación de las asambleas con acompañamiento de adultos referentes en algunos centros, donde se intercambia información e incluso se discuten las sanciones. “No obstante, en términos generales, en los procesos de monitoreo a los centros se identificó el derecho a la información y participación como una dimensión poco atendida, especialmente en lo referido a la información y participación en las decisiones relativas a derivaciones y traslados”, se consignó en el documento.

Hay casi 8.000 niños, niñas y adolescentes en estos centros

El INAU dispone de 148 centros distribuidos en todo el país, aunque más de la mitad se ubican en la región de Montevideo y Canelones. En total, 7.835 niñas, niños y adolescentes se encontraban a cuidado de la institución en marzo de 2025, de los cuales 4.601 estaban en modalidad de atención en cuidado familiar y 3.234 en modalidad de cuidado residencial.

La investigación se realizó entre 2023 y 2025 a través del monitoreo presencial, el monitoreo a distancia e instancias de intercambio territoriales y nacionales. El organismo hizo 110 visitas a 79 centros y abarcó una cobertura del 68% del universo de los centros de protección especial del país, según se informó. Se analizó el estado de situación de las infancias y las adolescencias a partir de varios ejes: el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al bienestar y desarrollo y el derecho a una vida libre de violencia.