En línea con la gira mediática que comenzó este jueves, en la que afirmó que “el 60% del acero del primer barco está listo” y que, por ahora, no interrumpirá la construcción, Mario Cardama, el director general del astillero español que lleva su apellido y está encargado de construir dos patrulleras oceánicas para el Estado uruguayo, dijo este viernes en una entrevista con la diaria Radio que “no está de acuerdo” con la denuncia que el gobierno presentará hoy ante la Fiscalía, porque “en el contrato no hay fraude”.

“Puede haber una equivocación administrativa o pequeños errores de comunicación”, admitió. Además, dijo que “aún no tiene conocimiento de cuál es la reclamación”, por lo tanto, no cuenta con un equipo defensor y, por el momento, continúa asesorándose.

“Mi versión es clarísima: no me cabe en la cabeza que un contrato de esta envergadura se ejecute porque resulta que hay errores administrativos en un aval. Si ese aval no le gusta al gobierno, me llama, yo me siento y busco otro; pero anular un contrato de este calibre por esta razón me parece impensable y no se le ocurre a nadie”, acotó.

En una conferencia de prensa que se convocó con pocas horas de anticipación, el miércoles, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que la garantía que se aportó a través de la empresa Eurocommerce “no está traducida, apostillada, ni demuestra que quien se presentó en nombre de la empresa fuera su representante”. También se señaló que la empresa no figura en el registro de entidades financieras de Reino Unido, que no tuvo actividad en los últimos tres años y que el 19 de agosto el diario oficial británico publicó que se inició un proceso de liquidación por inactividad, descubrimientos que llevaron a la denuncia y rescisión del contrato.

Al respecto, Cardama dijo que “el aval presentado hace un año se presentó con todas las bendiciones y el bufete de abogados del ministerio dio el visto bueno a todo. Estaba apostillado, se aceptó y cumplía con todo. Me niego a aceptar que no cumplía con la normativa”, aseveró. Al mismo tiempo, le “gustaría” pensar “que esto se puede reconducir” y “ante estas situaciones, en vez de haber salido a la prensa, lo lógico era que me llamaran”.

Frente a los cuestionamientos al banco británico, el empresario dijo que “presenta decenas de avales al año” y “no se le ocurre ir a los registros ni hacer investigación de los bancos que los dan”. “Llevo 47 años emitiéndolos y jamás he tenido problemas con nadie, y si el gobierno uruguayo ha obtenido informes sobre este banco lo lógico en cualquier parte del mundo sería que me llame” y no “ejecutar un contrato de este tamaño por una irregularidad técnica, un paralelo”.

Cardama también aportó algunos detalles sobre el proceso. Aseguró que llegó al banco por intermedio de una agencia de financiación con sede en Madrid, pero “no se preocupó en saber quién era el dueño” y “no conoce” al ciudadano ruso radicado en Moscú que figura como su director. También afirmó que exigió “información por escrito” que por el momento no ha recibido.

El contrato se firmó el 15 de diciembre de 2023. Desde entonces, Cardama tenía un plazo de 45 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento, pero el hecho se concretó a través de Eurocommerce 11 meses después. Respecto de esta demora, el director reiteró que “existe un pacto firmado con el Banco Mundial [BM]”, a raíz de la guerra de Ucrania, que dificulta la entrega de “préstamos o garantías para temas de armas”. Además, “se presentaban los bancos al MDN, a sus asesores jurídicos y al BROU y ellos estudiaban si ese banco les valía o no”, por lo que en ese lapso se acumularon unos siete intentos de presentar el aval, incluyendo algunos con entidades uruguayas como el Banco de Seguros del Estado (BSE) y Abitab. Cardama descartó haber recurrido al BSE y, respecto de Abitab, dijo que “un día antes le comunicaron que se iba a aprobar, pero finalmente no se aprobó, sin saber por qué”.

Ocho años “detrás de las patrulleras”

“Yo llevaba ocho años en ese proceso, detrás de las patrulleras, porque Uruguay llevaba más de 12 años intentando construirlas. A mí me llaman desde el MDN, al igual que a diez o 15 astilleros más, para que presente oferta”, acotó el empresario.

Al mismo tiempo, confirmó que en esa intermediación participó el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira, a quien identificó como el “agente técnico en Uruguay” de Cardama. “Si bien lo conocía de antes, desde 2023 se está desempeñando en el proyecto”, y dijo que su rol estaba en “asesorarlos en temas de armas”.

En sentido opuesto, descartó la participación del empresario uruguayo Alberto Iglesias, expresidente de la mutualista Casa de Galicia condenado en setiembre a prisión preventiva por apropiación indebida: “No voy a negar que lo conozco, porque es un empresario uruguayo que también tiene raíces gallegas, pero relación con este tema no tiene ninguna”.

Para materializar la construcción, el propietario del astillero también se refirió a aspectos financieros de la empresa que regenta, una crítica que apunta hacia las capacidades de la compañía para concretar la obra. Dijo que están capacitados para hacer el trabajo y que “el hecho de que en 2021, 2022 y 2023 haya facturado sólo diez, nueve o 12 millones de euros” se vincula a que “sólo hizo reparaciones porque tenía contratos que detuvo la pandemia, ya que los países perdieron su financiación”. “Durante dos o tres años no construí ningún barco, eso es cierto, y la financiación bajó”, complementó, pero “antes facturaba 30, 40 o 50 millones al año”.

A pesar de lo anterior, el contrato no deja de ser inédito para la corporación, ya que el más grande fue por “67 millones de dólares” aunque “hay uno firmado por 105 millones de euros para construir dos barcos de pesca de 97 metros para África, pero el armador aún no tiene financiación”.

Sobre las declaraciones de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la diaria Radio respecto a que los informes semanales de Ismael González y Héctor Cardozo, los oficiales de la Armada en Vigo, reflejan una construcción “lenta” y “dan alertas” sobre su seguridad, Cardama dijo que la obra “va al ritmo que tiene que ir” y “la seguridad está totalmente garantizada porque las embarcaciones están controladas por el Lloyd’s Register of Shipping”, que es “más exigente que la bandera uruguaya y cualquiera en el mundo”.

Por último, agregó que “inicialmente se iban a construir bajo un modelo existente” pero “una serie de solicitudes de cambios respecto al prototipo original” condujo a la realización de pruebas. Los estudios se realizaron en el canal de Marin (Maritime Research Institute Netherlands, en Holanda) y se hizo “un modelo a escala de cómo será el barco y, en una piscina, se somete a oleaje y una serie de circunstancias para sacar conclusiones oportunas que nos trasladan para realizar modificaciones”, concretó.

Problemas en otros ejes: tensiones de liquidez y accionistas enfrentados

Según el portal de información empresarial español Economía Digital Galicia, Cardama enfrenta “problemas de liquidez” y una “crisis interna en el accionariado”, además de asimilar paralelamente la caída de un contrato multimillonario con el Estado uruguayo.

De acuerdo con el periódico digital, el segundo máximo accionista —después de Imbeira SL, empresa del propio Cardama y de Germán Alonso Montenegro que acumula el 59,8% del astillero— es José García Costas. Según la información divulgada por el medio, García Costas es expresidente de la Cámara de Comercio de Vigo y concentra casi un 40%, pero “según la memoria anual de 2024, se negó a firmar” el balance del año pasado.

Además, “la sociedad hasta el cierre del ejercicio 2024 ha tenido tensiones de liquidez derivadas de los pagos del préstamo del C-242 y los retrasos de pagos por parte del C-243 de Senegal”, subrayó el portal en una cita directa a las cuentas anuales, que hacen referencia a un buque de inspección pesquera y a un buque remolcador para Senegal, respectivamente.

El portal europeo también dio cuenta de varios préstamos. Señaló que Cardama accedió a uno “por 8,6 millones de euros en febrero de 2018 con el objetivo de reestructurar pasivos formalizados desde 2012”, que involucra una cláusula con “obligación de venta” para uno de los buques; un “préstamo con garantía hipotecaria por valor de un millón de euros solicitado al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)”; y “una nueva reestructuración del préstamo que arrastra con el Banco Pastor, antes de que este pasara a manos del Banco Popular y del Banco Santander”, por la incorporación del C-242, que se realizó a través de una subasta para asumir la fase final de la construcción.