La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció el viernes en la diaria Radio que la cartera que dirige entregará en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el apartamento donde vivió –y donde fue secuestrada por primera vez el 26 de junio de 1976– la maestra desaparecida Elena Quinteros, como también la “cárcel del pueblo”, que funcionó como centro clandestino de detención del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. La noticia motivó que este martes el diputado colorado Felipe Schipani presentara un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para conocer los fundamentos de la decisión y solicitar explicaciones por las declaraciones de la ministra.
“Vamos a tomar algunas decisiones en los próximos días que creo que son históricas con referencia a reparaciones en materia de derechos humanos”, adelantó Lazo, y acotó que se anunciaría formalmente, “junto con otra serie de anuncios que vamos a dar”. Sostuvo que se consideró pertinente que el apartamento de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), ubicado en la calle Ramón Masini, pase a la ANEP, ya que “toda su vida peleó por la educación popular”.
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El otro inmueble “quizás es más polémico”, dijo Lazo, y afirmó: “Nosotros no vamos a promover santuarios de nadie, ni botines de guerra de nadie”. “Hay lugares que tienen que tener vida, tienen que tener dinámica, tienen que seguir el curso, quizás sí con la marca de memoria: ‘Acá pasaron cosas’. Pero no podemos tener inmuebles vacíos sin que adentro haya actividad”, sostuvo la ministra al confirmar que la cárcel del pueblo también se entregaría en comodato para que funcione allí “lo que ANEP decida”.
En una publicación en Facebook, el 14 de setiembre la representante de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP Daysi Iglesias informó de la votación de la propuesta del MDN. La maestra, que votó en contra, sostuvo que la resolución se introdujo verbalmente en la sesión, “llevó unos minutos” y se limitó a “aceptar los inmuebles que cedía el Ministerio de Defensa”, mientras que el destino que le daría la ANEP “quedó para ser considerado en otro momento”.
Iglesias cuestionó que no se trata de “cualquier padrón”, sino que están “cargados de acontecimientos, de memorias”, y que “deben ser tratados como tales”. Mencionó, además, que en la sesión se sugirió que el apartamento de Quinteros podía ser utilizado como oficinas. La consejera consideró que ANEP “no tiene como competencia el cuidado ni el mantenimiento de los sitios de memoria”, y que dicha tarea es potestad del Ministerio de Educación y Cultura.
El comodato del apartamento de Quinteros es “una respuesta a un reclamo”
El PVP inició el año pasado una campaña para solicitar que el apartamento de Quinteros dejara de estar en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En mayo se presentaron ante la ministra Lazo para plantearle que el inmueble “se encuentra irregularmente en poder de la institución estatal que fue responsable material de su desaparición forzada hasta el día de hoy: el Ejército Nacional (División de Ejército I)”, y que actualmente es utilizado como vivienda de servicio para efectivos militares, según se expresa en la solicitud entregada a Lazo, a la que accedió la diaria.
“Contrariamente a lo que había sucedido en administraciones frentistas anteriores, ella [Lazo] dijo que teníamos toda la razón, que eso no podía ser así, y logramos el compromiso de que íbamos a trabajar para ver cómo lográbamos que esa propiedad efectivamente saliera de la órbita de las Fuerzas Armadas”, dijo a la diaria Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu e integrante del PVP. Remarcó que la decisión de Lazo es “una respuesta a un reclamo que se hizo”, que “anteriormente no tuvo respuesta”.
El PVP no solicitó la propiedad del inmueble, sino que definió que fuera asignada a alguna organización que “tuviera que ver con la lucha por los derechos humanos”, por ejemplo, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que en noviembre de 2024 resolvió que la vivienda sea señalizada como sitio de memoria.
“En principio, nosotros pensamos que debía ir al Ministerio de Cultura. Después vimos que lo mejor era que fuera al Codicen, y de ahí a la ANEP, porque tenía que ver un poco con el carácter que tenía Elena, que era maestra. Por lo tanto, que fuera a un lugar de la enseñanza era un paso importante”, consideró Olivera.
Olivera apuntó que, una vez que “la persona que la está ocupando la abandone y el Ministerio de Defensa saque lo que tenga que sacar de ahí”, se evaluará el estado de la vivienda y se buscará “el mejor destino que le podamos dar” y que esté acorde “con ese criterio: que esté en función de la lucha por los derechos humanos”. Con respecto a la cárcel del pueblo, aclaró que no están vinculados, y, de hecho, consideró “inconveniente que se mezclen las dos cosas, porque se trata de dos hechos de carácter distinto”.
“Es un hecho histórico que luego de 49 años terminemos con un hecho que constituía una afrenta, sin ninguna duda, no solamente a la memoria de Elena, sino a lo que fue su trayectoria y su lucha contra la dictadura”, afirmó.
Pedido de informes de Schipani por la entrega de la cárcel del pueblo
En el pedido de informes, Schipani solicitó que “se aclaren los alcances y fundamentos de la decisión” del MDN, y manifestó preocupación por el traspaso de la cárcel del pueblo y la afirmación de Lazo sobre que no promoverán “santuarios”. “Nos preocupa que un lugar con tanto valor histórico y simbólico como la cárcel del pueblo –donde hubo secuestros y torturas– se destine a un fin que nada tiene que ver con la memoria”, afirmó en un comunicado.
Consultado por la diaria, el diputado subrayó que “no es función de la ANEP la preservación de lugares con valor histórico”, y también cuestionó el planteo de instalar oficinas en el apartamento de Quinteros. Consideró que si el MDN quería “desprenderse de los bienes”, podía haberlos entregado a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. “Me parece que dado el valor histórico que tienen esos bienes debería haber una preservación en materia de derechos humanos; entonces, es llamativo el asunto”, sostuvo.
Entre otros puntos, el diputado solicitó que la cartera precise “los alcances jurídicos, materiales y temporales del comodato”, la fundamentación del MDN para seleccionar a la ANEP como destinataria de la cárcel del pueblo –y si consultó a otros organismos del Estado–, así como “cuál es el destino o uso específico que se pretende otorgar al inmueble, y si se prevé su utilización con fines educativos, culturales, administrativos o de memoria histórica”. Según supo la diaria, la ANEP no ha resuelto qué uso les dará a los padrones.
El apartamento de Ramón Masini 3044
La ministra señaló que en torno al apartamento 103 de Ramón Masini 3044 existen “problemas de índole jurídica”. Consultada por El País, explicó que la documentación existente impide que pueda ser entregado a una persona particular.
La nota presentada por el PVP a Lazo detalla los hechos en torno a la propiedad, basada –entre otros documentos– en expedientes de la Justicia militar; documentación proveniente de los archivos incautados al coronel retirado Elmer Castiglioni; e información proporcionada por el MDN a Olivera partir de un pedido de acceso a la información pública realizado a fines de 2017, luego de que el semanario Brecha informara que el apartamento era utilizado como vivienda de servicio para oficiales y sus familias.
El inmueble fue comprado en febrero de 1976 con recursos del PVP por José Félix Díaz, entonces esposo de Quinteros, bajo una identidad argentina falsa, ya que ambos estaban requeridos por las Fuerzas Armadas. En el apartamento, que funcionaba como base de operaciones de propaganda contra la dictadura, vivieron Quinteros y otra integrante del PVP, también maestra, Alma Rodríguez Vignart, quien fue detenida en el marco del mismo operativo que Quinteros –un día antes– el 25 de junio de 1976, en otro domicilio del PVP, en la calle Navarra 1938.
Quinteros está desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando, en un intento por lograr asilo político en la embajada de Venezuela, fue secuestrada. “Al no admitir la dictadura que tenía en su poder a Elena Quinteros, por todo lo que se generó después del secuestro en la embajada, la incautación de ese apartamento no pudo hacerse en el expediente que correspondía, que era el expediente de la detención de Elena”, explicó Olivera, quien subrayó: “Elena no solamente desapareció físicamente, sino que desapareció de las propias anotaciones de la burocracia del terrorismo de Estado”.
El apartamento, entonces, fue registrado en el expediente de la detención de Rodríguez, para “blanquear esa situación”, y adjudicado a la División I del Ejército y al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, a través del Decreto-ley 14.373, dictado por el Consejo de Estado de la dictadura, que dispuso la incautación de “bienes pertenecientes a organizaciones subversivas o a sus integrantes”. En 1985 “se aprueba una ley que avala algunas de las decisiones del Consejo de Estado de la dictadura y anula otras”, entre ellas, “la que habilitó la apropiación de bienes de la subversión”.
En 1986, el Juzgado Penal de tercer turno resuelve que se proceda a la devolución del apartamento de Ramón Masini a Rodríguez, ya que figuraba en su expediente. Tras intentos fallidos por localizarla, “el juez se lo manda al Ministerio de Defensa para que cumpla la devolución”. En enero de 2018, el entonces jefe del Estado Mayor, general Marcelo Montaner –en nombre del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos–, respondió al pedido de información de Olivera, expresando: “Según surge de la escritura otorgada el 12 de marzo de 1976, el titular de dicho inmueble es el señor Ricardo Antonolli, argentino, titular del DNI 4.446.846. Ni dicho ciudadano argentino ni sus eventuales causahabientes se presentaron a reclamar la entrega del bien (...) encontrándose en posesión del Ejército”.