El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, anunció que el gobierno tomó la decisión de “iniciar acciones” para rescindir el contrato de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard, tras constatar “hechos que ameritan la comunicación por la gravedad que revisten”.

El presidente informó en una conferencia de prensa que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, el lunes pasado firmó una resolución para ejecutar la garantía. “Instruimos al embajador uruguayo en Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía”, comentó.

De lo surgido de esa instrucción, el presidente dijo que se decidió hacer una denuncia en la Justicia, tanto en materia civil como penal, ya que “hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”. Las autoridades añadieron que también indagarán “si hay complicidad de funcionarios públicos”.

Díaz se remontó al principio del proceso y sostuvo que en el contrato que se firmó en la anterior administración “se establece que en un plazo de 45 días la empresa tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones en el contrato que equivalía al 5% del total de la obra”, y que Cardama “no cumplió en el plazo establecido y fue solicitando distintas prórrogas”.

“Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante porque una de las circunstancias por las cuales se había elegido a esta empresa era precisamente que el primer barco iba a estar construido en 18 meses”, apuntó.

En julio de 2023, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) anunció la compra de las dos patrullas que supuestamente atracarían en Montevideo este año; sin embargo, el viernes 17 de octubre de este año, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo en diálogo con la diaria Radio que el proceso de construcción “va en forma lenta y ha tenido dificultades, algunas contempladas en el contrato”.

El prosecretario dijo que en ese proceso de 11 meses Cardama inició siete procesos de validación de garantías, que fueron rechazados; algunos porque las empresas presentadas no cumplían con los requisitos establecidos por el contrato, y otros porque las propias empresas seleccionadas “desistían de garantizar a Cardama”.

En el primer y segundo intento de constitución de una garantía, continuó Díaz, el MDN de entonces consultó al Banco Central del Uruguay; el ente financiero aconsejó no aceptar esas garantías y sugirió a la cartera la contratación de un estudio jurídico de un corredor de seguros para el asesoramiento al respecto. Díaz agregó que el MDN no contrató a un corredor de seguros pero sí al estudio jurídico Delpiazzo.

“Venció el plazo y Cardama no había ofrecido una garantía que fuera suficiente; ya vencido el plazo, presentó una garantía de fiel cumplimiento, que era la empresa Eurocommerce Limitada, con sede en Reino Unido”, señaló. Apuntó que la garantía se presentó “fuera de plazo” y consistía en “un documento en inglés no traducido, no apostillado, y que no estaba certificado que quien firmaba el documento tenía la debida representación de la empresa”. “Todo ello fue señalado, no por nosotros ahora, sino por el estudio Delpiazzo”, advirtió Díaz.

El prosecretario resaltó que el contrato exigía que la garantía debía durar todo el contrato, que son 30 meses y 12 meses, o sea 42 meses; sin embargo, la garantía “tampoco cubría todo el contrato, sino solamente un año”. “Igualmente se aceptó esa garantía con la condición de que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento del plazo”.

Una empresa “en proceso de liquidación”

Díaz se refirió a la decisión de Orsi de ejecutar la garantía, y dijo que se encomendó al embajador uruguayo en Reino Unido que notificara de manera formal a la empresa que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo.

Cuando el embajador fue a la oficina de la empresa, se encontró con que en ese domicilio “no funciona la empresa Eurocommerce Limitada” y “no funcionó nunca esa empresa, sino que allí funciona una inmobiliaria”.

Ante esto, Díaz dijo que el gobierno consultó a un estudio en Londres, que en 24 horas hizo un “informe primario”, del que surge que la empresa Eurocommerce “está en proceso de liquidación” e “inició el 19 de agosto de 2025 el proceso de eliminación de la obligatoriedad en el registro”.

Díaz apuntó que de ese estudio “surgen elementos bien importantes”, como que el único director de la compañía es un ciudadano ruso que vive en Rusia, que durante 2022 tuvo sólo un empleado y que en los dos años posteriores no tuvo empleados; que del análisis de sus cuentas surge que no tiene actividad.

Por lo tanto, lo que sugiere el estudio es que “hay indicios fuertes” de que se trata de “una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo”, ya que “la garantía no existiría”.

De esto surgen varias acciones, dijo Díaz. En primer lugar, la rescisión de contrato en los tribunales nacionales; pasar los antecedentes a la investigación administrativa en curso en el MDN; disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República “inicien sendas investigaciones administrativas respecto de los procedimientos de pagos realizados hasta la fecha; y formular la denuncia penal correspondiente e instruir al embajador a “examinar las acciones legales sugeridas por el estudio inglés”.

Sánchez dijo que se requiere una investigación para ver si “hay complicidad de funcionarios públicos”

Sánchez afirmó que la administración anterior no tomó “los recaudos para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”.

“Si en estos tres días, con estas acciones que se llevaron adelante, se pudo lograr averiguar toda esta información, evidentemente estamos ante una situación muy grave”, aseveró, y agregó que se trata de una situación que “va a requerir una investigación en profundidad” para determinar si en “esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad de funcionarios públicos que actuaron en la administración pública y que no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario”.

El secretario de Presidencia expresó que Orsi instruyó a que el Estado uruguayo “resguarde los recursos del pueblo uruguayo”. A su vez, planteó que se analizará “en profundidad” tanto en la órbita administrativa como en la judicial “qué tipo de procedimientos se pueden desencadenar para esclarecer estos hechos que tienen esta gravedad”.

Asimismo, debido a que ya se pagaron 30 millones de dólares a Cardama, Díaz aseguró que “el Estado uruguayo hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos que efectivamente están en juego”.

Este jueves se reúne la Comisión de Defensa de Diputados para analizar la situación

En diálogo con la diaria, el diputado blanco Gabriel Gianoli, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró haber tomado conocimiento de la decisión del gobierno a través de la conferencia de prensa y adelantó que este jueves se reunirán los integrantes de la comisión y que también intercambiarán con los senadores que trabajan en ese tema en la cámara alta.

“Queremos ver las cosas claras, cómo son, y luego hacer una valoración”, dijo. Recordó que en junio la ministra de Defensa, Sandra Lazo, concurrió a la comisión y fue consultada sobre varios aspectos del tema Cardama. “Venía todo encaminado y se venía cumpliendo con todos los hitos; hasta ahí es donde llega la información que yo tengo”, señaló, y subrayó que necesita “consultar a las partes para ver hasta dónde todo esto que manifiestan es como se manifiesta”.

“Yo lo que sé [es] de la transparencia de [el exministro de Defensa] Javier García y del estilo de trabajo del ministerio”, acotó Gianoli. Por otro lado, apuntó que “son muchos los actores que participan en esto”, porque incluso la constitución de garantías requiere que se solicite de empresas en el exterior. Sobre la eventual complicidad de funcionarios públicos que la Justicia deberá determinar, como expresó el secretario de Presidencia, señaló: “Acá en Uruguay, si algo tenemos, es la garantía de la Justicia y de que las cosas se diriman donde corresponde”. En ese sentido, expresó que, “si hay responsabilidades, se tendrá que atender a los responsables”.

A su vez, el exministro de Defensa dijo en su cuenta de X que es “lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie” y que podría llevar a Uruguay a enfrentar “demandas”. Para García, “si [el presidente] quiere discutir las garantías que presentó la empresa lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor”. En su opinión, “nunca quisieron las patrullas por razones políticas”.