La gestión actual del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), con Sandra Lazo a la cabeza, continúa inmersa en el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) que heredó de la administración anterior tras un acuerdo que firmó el exministro nacionalista Javier García con el astillero español Cardama. Lazo dijo a la diaria Radio que “no es un contrato que contemple los intereses nacionales”, sino que es “laxo” y “favorable al proveedor”.

Aseguró que desde la segunda quincena de setiembre hay dos capitanes de la Armada Nacional en Vigo para hacer “un seguimiento técnico” de su construcción. El personal “envía informes semana a semana” y el MDN “ya va por el cuarto”. Con base en los documentos, Lazo dijo que el proceso “va en forma lenta y ha tenido dificultades, algunas contempladas en el contrato”, por lo que la preocupación radica en dos ejes que, según aseguró, ya le trasladó al empresario: “Primero, los intereses nacionales y, segundo, la seguridad de nuestros efectivos que van a tripular la embarcación”.

“Yo necesito un buen producto, que cumpla la función pero que además no exponga la seguridad y la vida de mis efectivos”, expresó. Respecto de este último punto, los informes “dan ciertas alertas” porque “se está construyendo algo que el astillero no construyó hasta el momento” y, aunque los problemas sean subsanables, “no siempre se convierte en seguro”.

Según Lazo, un “grupo amplio” recibe, analiza y “envía preguntas” sobre los documentos. De las consultas, “algunas se responden y otras se reiteran informe tras informe”: “Está integrado por una pata jurídica, en la que hay componentes del MDN; una profesional, del área jurídica de Presidencia; una financiera, en la que están el director general de Recursos Financieros del MDN, Luis Lagaxio, y un contador de Presidencia; y una técnica, encabezada por el propio comandante en jefe, el contralmirante José Luis Elizondo, y un grupo de inspectores de la Marina Mercante”, aseguró la jerarca. También “están el director y el subdirector general de secretaría [Álvaro Colotta y Fabián Piñeyro, respectivamente] y los asesores políticos que fueron parte del seguimiento desde antes de que ingresáramos al ministerio”, precisó.

Este grupo también fue el encargado de recibir al director general del astillero, Mario Cardama, la semana pasada en el marco de una visita a Uruguay. Lazo confirmó que Cardama “solicitó una reunión sin proponer un tema específico” y dijo que “obviamente está convencido de que está realizando un buen producto, pero entendemos que lo tiene que analizar el comprador”, resumió.

“No es que haya cambiado la forma de analizar este tema, pero hoy –después de que se han hecho varios pagos– tenemos un celo importante. Hay una investigación administrativa con respecto al procedimiento que llevó a esta adquisición y, semana a semana, estamos analizando cómo seguimos o si seguimos, en definitiva”, precisó.

De esta manera, consultada sobre la posibilidad de rescindir el contrato, reiteró la importancia del análisis para determinar si alguna de las partes lo incumplió y adelantó que no será ella quien lo haga. “Las decisiones que vamos a tomar, aun cuando tenga que cambiar la postura que tuve en su momento, van a ser acorde a los intereses nacionales”, sostuvo, aunque matizó que desde el MDN “entienden la necesidad de contar con determinadas herramientas” para la custodia del mar.

“No estamos pagando a ciegas; estamos muy atentos a los pasos a dar y no descartamos absolutamente ninguna posibilidad, siempre y cuando mantengamos esas dos premisas: los intereses del Estado y la seguridad de los efectivos”, mencionó.

De acuerdo con Lazo, todavía queda “pagar un porcentaje importante”, aunque ya se entregaron “unos 28 millones a esta altura”, pero “es bastante complejo”: “No es que pagues un patrullero y después el otro; están enganchadas las dos compras y pagás porcentajes que en realidad abarcan a ambas embarcaciones”, aclaró.

Aunque la ministra expresó que tiene reparos para no incumplir las cláusulas de reserva que establece el contrato, dijo que “si un día hay que tomar la decisión de levantarlas, será el Poder Ejecutivo el que dé la información completa”. “No puedo tomar esa decisión en solitario, y créanme que el presidente de la República [Yamandú Orsi] también está preocupado por esto”, acotó.

Sanciones a Wilson y críticas de García

Actualmente la Oficina Nacional del Servicio Civil lleva adelante una investigación administrativa. El organismo solicitó una prórroga para expedirse, y hubo una batería de sanciones a jerarcas de la Armada, en abril, que alcanzaron al excomandante en jefe Jorge Wilson y a otros tres oficiales.

“Cuando nosotros iniciamos el trabajo y nos enfrentamos a esto, comenzamos un proceso de tomar contacto con los pasos que se habían dado” para conectar “el trabajo de investigación y cuestionamiento por varios años a nivel parlamentario” con “la realidad”. Así, en etapa de transición, dos asesores de Lazo “se reunían con estas personas, me comunicaban y de allí surgieron estas sanciones”, porque “no coincidía la información con lo que después corroborábamos sobre algunos de los pagos y aspectos financieros”. “No es personal, es jerárquico”, recordó.

Lazo respondió a los dichos del senador García y otros integrantes de sus tiendas políticas acerca de que –tal como dijo a la diaria Radio en mayo– se optó por la compra a Cardama tras “recibir asesoramiento de la Junta de Oficiales Almirantes”, de que las sanciones se decidieron con base en información inexacta que se le transmitió a Lazo antes de que fuera formalmente ministra, y de que los asesores de la secretaria de Estado trabajaron para llegar a esas conclusiones cuando todavía no habían sido designados en sus cargos en el Ministerio de Defensa.

Lazo señaló que “no hubo unanimidades” en la Junta de Almirantes y “alguno terminó renunciando”, además de que durante la transición “nunca vimos un informe técnico, planos ni absolutamente nada”. “Que no lo vea no quiere decir que no exista”, manifestó. “Una cuestión que involucra mucho dinero del Estado me parece que tenía que haber tenido otro procedimiento, pero será el resultado de la investigación lo que arroje luz o no sobre esto”, afirmó.