“Es posible que sea una falsificación”, le había dicho el notario español Luis Calabuig de Leyva al semanario Búsqueda el 27 de octubre. Su firma aparecía estampada en un “acta de manifestación” que el astillero Cardama presentó en noviembre de 2024 junto con la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank, centro de la controversia que esa empresa mantiene con el gobierno uruguayo por la construcción de dos patrullas oceánicas. Un día después de esas declaraciones a Búsqueda, Calabuig de Leyva presentó una denuncia ante la Policía española por falsificación de firma, y a partir de ahora contará con un nuevo documento, elaborado por otro notario, que avala sus presunciones de manera categórica.
El gobierno uruguayo recibió el 8 de noviembre un informe de 43 páginas, al que accedió la diaria, en el que el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil concluyó que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”. La “clara falsificación” fue perpetrada por alguien “absolutamente ignorante” en la legislación notarial española, tanto por los errores en su elaboración como por el “vehículo documental” elegido, sentenció el profesional español en su informe, realizado a pedido de las autoridades uruguayas.
En su opinión, alcanzaba con una “lectura superficial” de los documentos presentados ante el MDN para advertir cuál fue el “modus operandi” que se desplegó para concretar la maniobra. En otro pasaje del informe, Martínez-Gil señaló que nunca en su “larga vida profesional” le había tocado analizar un “acta de manifestaciones con este contenido”.
El profesional español analizó cuatro aspectos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce: la validez formal de las actas notariales, las cuestiones “de fondo o sustantivas”, la eficacia del testimonio notarial del aval y el derecho del MDN de pedir copia de los documentos al notario autorizante.
Las conclusiones del documento están siendo analizadas en el MDN y en Presidencia de la República, y serán presentadas esta semana como ampliación de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, a cargo del doctor Alejandro Machado.
Durante el proceso de negociación el estudio Delpiazzo Abogados les transmitió en varias oportunidades a funcionarios del MDN que Cardama estaba cometiendo “desprolijidades” con la documentación, incluyendo la presentación de este documento que llevaba la firma de Calabuig de Leyva. A pesar de eso, el gobierno uruguayo siguió adelante con la compra de las dos patrullas, valuadas en 82 millones de euros.
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“Aviesas intenciones” y “ontológicamente imposible”
Al momento de validar la garantía de fiel cumplimiento de Cardama, las anteriores autoridades del MDN aceptaron un “acta de manifestación” en la que Calabuig de Leyva presuntamente certificaba que otra persona, Francisco Sabater Cabanes, se había presentado en su estudio para garantizar que un tal Alex Walsh contaba con “facultades suficientes” para firmar el aval en representación de Eurocommerce. Dicho aval, por más de cuatro millones de euros, era una condición necesaria para efectivizar el pago de la primera cuota del contrato que se concretó en diciembre de 2024 (unos ocho millones de euros).
En el informe, Martínez-Gil consideró que con el “acta de manifestación” se intentó “reforzar la apariencia de regularidad de la operación”, pero la “ignorancia acerca de la legislación notarial” de España llevó a los responsables de la maniobra a utilizar una modalidad documental “poco propicia a sus aviesas intenciones”. El notario español no ocultó sorpresa ante ese documento que presentó el astillero español. “En toda mi larga vida profesional he visto un acta de manifestaciones con este contenido. Ni siquiera se explica por qué el otorgante está, a su vez, en condiciones de emitir ese juicio”, escribió.
Martínez-Gil detalló que el “modus operandi” consistió en “extraer o desgajar” el último folio de una copia verdadera expedida por Calabuig de Leyva para luego insertarlo “a continuación del contenido falso” en un papel timbrado ordinario “elaborado ad hoc por el interesado”.
En otro pasaje del informe, el notario español describió “algo sorprendente” que encontró durante su investigación: “La fecha de la matriz [del acta] es 25 de noviembre de 2024 y la fecha de la expedición de la copia que fue entregada a las autoridades uruguayas es 26 de noviembre de 2024, y –aquí viene la sorpresa– se dice que se han expedido dos copias de esta matriz anteriormente (con fecha 14 y 18 de noviembre), lo que ontológicamente es imposible. No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe, lo que contribuye a considerar que se trata de una clara falsificación”.
Al final del documento, Martínez-Gil señaló que el MDN uruguayo está “plenamente legitimado” para solicitar información al notario autorizante, Calabuig de Leyva, quien tendrá natural interés en “colaborar para esclarecer lo ocurrido y salvar toda responsabilidad”, ya que todavía no queda claro qué otras personas pudieron haber participado en la maniobra.