La decisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) –adoptada sólo con los votos de los representantes del oficialismo– sobre la no incompatibilidad entre la función pública del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y su actividad en el sector privado, así como su renuncia a dichas labores en mutualistas –pese al fallo favorable–, no bastaron para laudar la polémica. Por el contrario, se abrió otro frente, sin abandonar el primero: el cuestionamiento al fallo del organismo de contralor y la discusión sobre su integración.

En rueda de prensa, el jerarca expresó su “preocupación” porque, pese a haber renunciado al ámbito privado, el tema persista. De hecho, por este asunto será interpelada en la Cámara de Diputados el lunes 24 de noviembre la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. No obstante, Danza dijo tener la “expectativa de que progresivamente el tema se vaya cerrando”, ya que “no tiene más razón de ser que siga abierto”. El presidente de ASSE sostuvo que están dispuestos a concurrir al Parlamento “a dar todas las explicaciones que sean necesarias”, con el convencimiento “de que hemos actuado ajustados a las normas, a las reglas”, afirmó.

Entrevistado por En perspectiva, Danza aseguró que, desde el gobierno, se ha “cerrado esta etapa”, tras la resolución de la Jutep y su decisión de renunciar a las tres mutualistas, la cual dijo que tomó en conjunto con la ministra Lustemberg y en diálogo con el presidente Yamandú Orsi. “Me pareció que era la mejor decisión para tratar de cerrar el tema”, afirmó. El jerarca de ASSE explicó que el caso “se había mediatizado tanto” que “le estaba haciendo daño” tanto a su persona como a la institución”, por lo que “convenía sacar ese ruido [su trabajo en el sector privado] del medio, independientemente del fallo de la Jutep”.

“Es humanamente imposible ejercer la profesión en estas condiciones, para mí, para mis pacientes, para las instituciones en las que he trabajado toda la vida, y para dar tranquilidad también entonces a la población”, señaló sobre la situación que manifestó en sus cartas de renuncia.

Con respecto a su función como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Danza reiteró que no renunciará, aunque sí pidió “una licencia por un tiempo para estar más tranquilo”.

Danza sobre la opinión de Gil Iribarne: “Lamento que no me lo haya dicho antes”

Danza también fue consultado sobre la opinión que el expresidente de la Jutep –hoy asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay–, Ricardo Gil Iribarne, expresó el lunes en la diaria Radio.

Gil Iribarne consideró que en el caso Danza “hubo cosas que no están prohibidas”, pero “que no hay que hacer, que está mal hacerlas y que la Jutep tendría que haberlo dicho”. A su entender, Danza debió dejar ASSE en primera instancia: “Dar un paso al costado para que la ciudadanía se quede tranquila”, señaló. El extitular del organismo de contralor sostuvo que “todo ese tipo de cosas genera dudas razonables” en la ciudadanía, frente a las cuales, “un jerarca público, la administración, el respectivo partido y el respectivo gobierno tienen que tomar medidas para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos”.

“Lamento que no me lo haya dicho antes, en lugar de decirlo en la diaria ayer”, respondió Danza al ser consultado sobre la visión de Gil Iribarne. “Me lo podía haber dicho hace un tiempo a mí personalmente, que perfectamente me conoce y me hubiera llamado”, cuestionó.

El presidente de ASSE señaló que, al inicio de la gestión, se reunieron con el titular de la Jutep: “No hablamos específicamente de este tema; este tema lo sobrevolamos”, apuntó. No obstante, Gil Iribarne “nos dijo que miráramos permanentemente el Código de Ética de la Función Pública”, afirmó.

“Es la opinión de Ricardo, me parece muy valiosa. Me hubiera encantado que me la dijera cuando nos reunimos con él, que fue una de las primeras cosas que hicimos, reunirnos con él. Pero bueno, es su opinión, la respeto mucho”, añadió.

Con respecto a si debió renunciar en primer lugar, Danza dijo que consideraron “que no había inconvenientes y que no generaba mayores dificultades”; además, “había hecho las consultas adecuadas” y “la declaración jurada a la Jutep transparente, meticulosa, detallada”, sostuvo. Aun así, dijo que “siempre hay que hacer un poco de autocrítica”, y reconoció que “capaz que debimos manejar de otra manera el tema”.

Oficialismo apunta a enfocar la discusión en la gestión de ASSE

Legisladores del oficialismo han expresado su concordancia con la decisión de Danza de renunciar a las mutualistas, como una forma de enfocar el debate en la gestión del prestador de salud pública.

El senador por el Espacio 1001 Óscar Andrade dijo en rueda de prensa que Danza “hizo lo que tenía que hacer, que es renunciar para concentrarse de lleno a ASSE”, lo cual, consideró, “es una buena señal”.

El diputado Alejandro Zavala, del sector El Abrazo –al que pertenece Danza–, entrevistado por MVD Noticias, sostuvo que, aunque “está claro que el debate sobre la incompatibilidad está saldado”, la renuncia a los cargos privados “es como para despejar un poco el asunto”, ya que “también implica decir: 'bueno, centrémonos en la discusión sobre la gestión de ASSE, sobre las condiciones que tiene ASSE, las cosas que se están haciendo y dejemos de hostigar a una persona que, en realidad, básicamente, ha dejado toda su actividad privada para dedicarse a esto y para contribuir, darle una mano al gobierno'”.

Sobre si Danza debió haber renunciado antes, Andrade dijo que “puede ser”, aunque “todos tendríamos que ayudar en también ponderar lo otro en la discusión política”, en referencia a la gestión de ASSE. “Ahora nos permite concentrarnos en el debate que Uruguay tiene que dar, que es cómo damos una respuesta particular en salud pública”, acotó el senador. Andrade lamentó que se haya priorizado en la discusión “lo que no es central”, y lo comparó con el debate en torno a la compra de la estancia María Dolores en Florida.

Por su parte, el senador por el Partido Socialista Gustavo González, en diálogo con la diaria, consideró que la situación de Danza “es un caso cerrado” tras el fallo de la Jutep, y, por tanto, la interpelación a las autoridades de la salud no tiene “ningún sentido”. “Danza renunció a lo que se le solicitaba y ya está. Punto”, sostuvo González.

“Nosotros nos tenemos que enfocar en gobernar, en que la gestión mejore y en la gente, en los problemas reales de la gente; estos no son los problemas de la gente”, apuntó el senador socialista, para quien la oposición se ha “ensañado de una manera increíble”.

Directorio blanco criticó actos “arbitrarios y parcializados” de la Jutep

Luego de analizar un informe del representante de la oposición en el directorio de la Jutep, el vocal Luis Calabria, sobre los “asuntos procesados” en el organismo de contralor, el directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que manifiesta preocupación por “la continuación de actos arbitrarios y parcializados”, particularmente por parte de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

El directorio blanco condenó “el accionar” de Ferraris, quien, según entienden, “no brinda las garantías mínimas de imparcialidad necesarias para el cargo". A su vez, consideraron “de extrema gravedad institucional el manejo que la mayoría del directorio de la Jutep ha realizado en el caso Danza”.

Señalaron que, “desde un inicio, se pretendió evadir la participación del organismo técnico propio”, la Asesoría Letrada, cuyo “informe fue desconocido por parte de la misma mayoría”, la cual, a su vez, se negó a adjuntarlo al acta de la sesión que falló sobre el caso, lo que representa “un acto de oscurantismo y opacidad”.

El directorio nacionalista también se refirió al caso de filtración de información en el organismo, ocurrido en 2024,que habría beneficiado al exsenador Charles Carrera, según informó El País. “Representa un antecedente descalificador, a la vez que supone un riesgo institucional que debe aclararse urgentemente”, expresaron.

Finalmente, el directorio solicitó a los legisladores “realizar acciones en defensa de la Institución de Ética Pública”.