El estudio Delpiazzo Abogados fue contratado por la anterior administración del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en el marco de la negociación por las dos patrulleras oceánicas con el astillero español Cardama. Durante ese proceso la firma de abogados advirtió en varias oportunidades a funcionarios del MDN que estaban directamente involucrados en la compra, valuada en 82 millones de euros, que el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo presentaba “dificultades” jurídicas y mostraba “desprolijidades”, según consta en documentos que analiza el Poder Ejecutivo. Entre los materiales que aportó el estudio uruguayo a la investigación hay cadenas de correos electrónicos y conversaciones de Whatsapp.

El 28 de noviembre de 2024, por ejemplo, el abogado José Miguel Delpiazzo le mandó un correo al entonces director de Recursos Financieros del MDN, Damián Galó: “Buen día, Damián. La verdad que preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor Mario Cardama, una y otra vez. En este caso, el acta no es la misma que nos entregaron para revisión la semana pasada, aunque sí repite su contenido”.

El representante de Delpiazzo Abogados se quejaba porque un día antes el dueño de Cardama le había mandado un correo con el acta notarial de la garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce Bank al director general de Secretaría, Fabián Martínez. Dicho aval, por más de 4 millones de euros, está en el centro de la controversia entre el gobierno de Yamandú Orsi y Cardama, y en la fecha en la que se enviaron esos correos electrónicos era una condición necesaria para efectivizar el pago de la primera cuota del contrato (unos 8 millones de euros).

“Estimado director, don Fabián Martínez. Adjunto te remito documento notarial certificando firma del EuroCommerce Bank apostillado. Ruego disculpe el fallo de la apostilla debido a que las prisas son muy malas consejeras. El original de este documento lo entregaré yo mismo el próximo lunes”, prometió Cardama el 27 de noviembre, en un mensaje de correo electrónico en el que también estaban copiados el entonces ministro Armando Castaingdebat, Galó y el representante del astillero en Uruguay, Gerardo Moreira. La garantía en cuestión estaba acompañada de un documento supuestamente hecho por el notario español Luis Calabuig de Leyva, que esta semana declaró al semanario Búsqueda que posiblemente se tratara de “una falsificación”.

En esa ocasión, Delpiazzo llegó a advertir que el acta notarial que mandó Cardama contradecía comunicaciones anteriores y el escaneo del documento original era “bastante desprolijo”, ya que tenía páginas cortadas y la última estaba “al revés”. “No sé si es continua con el documento, por lo que tendría que ver el original cuando llegue. Además, no se ha logrado validar la apostilla online”, se quejó Delpiazzo en el intercambio por correo electrónico con Galó.

Entre la documentación que el estudio jurídico presentó esta semana están las conversaciones de Whatsapp que Delpiazzo y el director de Recursos Financieros mantuvieron por este asunto de las OPV entre enero y diciembre de 2024. El 28 de octubre, un día después de la primera vuelta electoral, Galó le escribió a Delpiazzo: “Me llamó recién el español jejeje un poco ansioso”.

El 22 de noviembre, dos días antes del triunfo del Frente Amplio en el balotaje, el empresario Cardama y el director de Secretaría, Martínez, habían firmado un documento en el que validaban las dos garantías que el contrato establecía como requisitos para el pago de la primera cuota: la de EuroCommerce y otra por 8 millones de euros otorgada por Redbridge Insurance Company. El 25 de noviembre, Delpiazzo le planteó a Galó por Whatsapp que faltaba la firma del certificado notarial (Calabuig) y también la apostilla de la garantía, a nombre de Alex Walsh. Estos cuestionamientos del abogado a la documentación que mandaba Cardama quedaron plasmados también por correo electrónico, en los intercambios recién mencionados.

Cardama, finalmente, llegó a Montevideo el 29 de noviembre, con la documentación apostillada en mano. Ese mismo día, el representante en Uruguay del astillero español, el capitán retirado Moreira, le mandó un mensaje por Whatsapp a Delpiazzo: “Buenos días, doctor. El señor Cardama arriba en dos horas. Consulté al director de secretaría [Fabián Martínez] si podíamos pasar a entregarle el documento en su despacho, directamente del Aeropuerto, para adelantar el proceso. Para ellos no hay problema, así que si usted nos hace la gentileza, a las 13.30 podríamos estar por su despacho”.

En paralelo, Delpiazzo mantenía una conversación, también por Whatsapp, con Galó: “No lo entiendo a este tipo... no es necesario que venga hasta acá!! Basta con que mande los papeles” a lo que el director de Recursos Financieros respondió: “Hola, dejame ver”. Unas horas después del intercambio, Delpiazzo validó finalmente los documentos que había traído Cardama: “La apostilla está correcta. No la pude validar online, pero documentalmente no merece objeciones de nuestra parte”.

Ese mismo día, el 29 de noviembre, el ministro Castaingdebat anunció en rueda de prensa que se había llegado a la “etapa final” de la negociación con Cardama y sólo bastaba depositar el pago de la primera cuota de ocho millones de euros “para que se empiecen a armar” los dos patrulleros oceánicos. Un periodista le preguntó al entonces titular de Defensa qué podría pasar si el Frente Amplio, que había ganado el balotaje cinco días antes, resolvía no seguir adelante con la compra. “No soy abogado, pero me imagino un lindo juicio para el país”, aventuró. El 9 de diciembre, según consta en la investigación interna del MDN, Castaingdebat le mandó una nota a Martínez, el director de secretaría, para que procediera a pagar el “reembolso inicial” a Cardama, por 8.227.000 euros.