En los últimos días, el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue cuestionado por realizar declaraciones que, de una forma u otra, se relacionan con el debate sobre la situación de seguridad pública. Primero, el desconocimiento sobre el asesinato de un policía, y luego, un comentario —que después aclaró— sobre la política de seguridad de El Salvador, impulsada por el presidente Nayib Bukele, despertaron críticas de la oposición. En ese escenario, la Cámara de Senadores abordó el inciso del Ministerio del Interior (MI), durante el segundo día de debate en el plenario del presupuesto quinquenal.

Sobre el presupuesto general destinado a la cartera, el senador frenteamplista Eduardo Brenta adelantó que para el quinquenio se alcanzará un incremento de 15,26%. El legislador planteó que, a pesar de la “realidad fiscal” en la que está enmarcada la iniciativa, responde a los “compromisos que asumió el presidente de la República a nivel de seguridad pública”.

Dentro de los apoyos presupuestales más importantes, Brenta detalló los incrementos en “áreas clave” como violencia de género (224%), servicios informáticos (57%) y videovigilancia, que pasará a representar “cerca del 10% del gasto de funcionamiento del ministerio”.

En la misma línea, el senador mencionó como grandes ejes la extensión del sistema de videovigilancia a 20 mil cámaras, la creación de la Dirección Nacional de Policía Comunitaria y la implementación del Plan Nacional de Seguridad.

Asimismo, Brenta situó como otro de los grandes focos de la administración el fortalecimiento del ámbito penitenciario, con la creación de 500 cargos de policías ejecutivos y 500 operadores penitenciarios. En el caso de los policías ejecutivos, se incorporarán 200 en 2027 y 2028, respectivamente, y 100 en 2029.

En ese marco, desde la oposición se volvió a marcar el incumplimiento de la promesa electoral de 2.000 nuevos policías. “Hay 1.500 vacantes que van a estar ocupadas al primero de marzo y el resto del periodo esperamos alcanzar los 2.000”, respondió la senadora frenteamplista Bettiana Díaz. “Si quieren hablar de promesas incumplidas, de estafa, lean el Compromiso con el País y el presupuesto nacional 2020”, retrucó en una de las partes más álgidas del debate.

Por su parte, Brenta comentó también que se prevé en el presupuesto una “campaña de alfabetización” en cárceles que beneficiará a 3.500 personas. Agregó además que se otorgarán partidas para “programas de reinserción social y reducción de la reincidencia”.

El debate sobre el Plan Nacional de Seguridad

Brenta destacó el hecho de que durante este primer año de gobierno se “generó un debate” por parte de la administración —en el que participaron la sociedad civil, empresarios, trabajadores y partidos políticos— que concluyó con “más de 80 propuestas” de cara al Plan Nacional de Seguridad. “Pretendemos que abarque desde el año 2025 al año 2035, y que constituya efectivamente una política de Estado en materia de seguridad”, detalló Brenta, y remarcó la importancia de que “la seguridad deje de ser un botín electoral”.

Este punto fue uno de los que generó más diferencias con la oposición. El senador colorado Andrés Ojeda, en referencia al rumbo en seguridad, marcó la contradicción entre las declaraciones de Orsi sobre el modelo Bukele y los comentarios del equipo del Ministerio del Interior en relación a “armar un modelo contrapuesto a Bukele” y así “entrar en agenda de algunas agencias internacionales”.

“El rumbo en materia de seguridad es probablemente una de las decisiones más importantes que toma el gobierno de acá para adelante, por eso creo que lo presupuestal debería estar atado a un plan, y el plan llega en 2026”, cuestionó Ojeda.

“Estamos discutiendo un Plan Nacional de Seguridad Pública que nos dicen va a estar pronto, a mediados del año que viene, y que va a tener recursos para el año siguiente. En el medio nos van a llevar puestos los chorros, me parece. Siento que no hay un sentido de la urgencia del problema que tenemos”, comentó en la misma línea el legislador Pedro Bordaberry.

El blanco Javier García fue más allá, y expresó: “No hay duda de que en el tema de seguridad estamos divididos”. Y pidió “reencauzar la unidad en torno a la batalla contra la delincuencia”. Para eso, como decisión clave, llamó a que el presidente Orsi envíe la venia para votar a la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero como fiscal titular.

El también nacionalista Rodrigo Blás sumó que le parecieron “muy bien” los dichos de Orsi sobre el modelo Bukele y que se debe “estar abiertos” en materia de seguridad a ver elementos “más allá” de los “propios convencimientos y filosofías”. “Hoy tenemos que estar abiertos a tomar las decisiones prácticas que requiera la emergencia”, sintetizó.

La presidenta del Senado, Carolina Cosse, pidió fundamentar su voto del inciso, y marcó su diferencia con García. “Una cosa es pensar diferente y otra cosa es estar divididos”, puntualizó la vicepresidenta de la República. En ese sentido, recordó a la cámara el gran porcentaje de unanimidad en la votación del articulado, tanto del inciso como en el presupuesto en general.

La descentralización del INR

“Lo anunció el ministro [Eduardo] Bonomi, nunca fue incluido en el presupuesto”, comentó el senador Ojeda, haciendo referencia a hechos sucedidos en 2015 sobre la descentralización del Instituto Nacional de Descentralización (INR). Agregó que en una de las últimas entrevistas como ministro, Bonomi reconoció haber intentado “hasta el cansancio” la descentralización del INR, lo que no logró porque ninguno de los ministerios aceptaba “la tutela” del servicio.

“Tenemos la voluntad de convertir al INR en un servicio descentralizado, pero nadie le pone el cascabel al gato. Estoy dispuesto a discutir todas las opciones, pero tenemos que tener plan y plazo de discusión”, reafirmó Ojeda. “Estaría hasta dispuesto a discutir la polémica de que quede ligado al propio Ministerio del Interior como servicio descentralizado; ya sería un avance sustantivo, porque no dependería directamente en su estructura jerárquica”, agregó.

En el medio, apareció la discusión sobre la creación o no del Ministerio de Justicia. Ojeda apuntó que no se puede “escudar” la no descentralización del INR en el hecho de que no se creó aún esa nueva cartera para colocarlo en su órbita. “Efectivamente, la descentralización es imprescindible, pero debe estar ligada al Poder Ejecutivo a través de un ministerio; parecería ser que antes de las elecciones para todos era el Ministerio de Justicia”, recordó Brenta.

Al intercambio se sumó Bordaberry y enfatizó que es “de los pocos que resiste el archivo” sobre una posición contraria al Ministerio de Justicia. En ese sentido, recordó esfuerzos realizados en el pasado con miras a descentralizar el INR y puso sobre la mesa el detalle de que hasta 1972 el sistema penitenciario fue dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. “Uno de los grandes problemas que tenemos hoy —todos los gobiernos— es que, al estar a cargo de la Policía, tiene una motivación, un enfoque, una orientación hacia la represión del delito y no hacia la reeducación”, comentó el senador colorado sobre el sistema carcelario.

Bordaberry recordó que para este presupuesto presentó una serie de aditivos con miras a la descentralización del INR, aunque reconoció que no se llegó a consenso. Los planteos de Bordaberry no obtuvieron los votos, pero fueron desglosados y pasados a comisión.

La senadora frenteamplista Díaz puntualizó que se debe descentralizar el INR para “darle cierta independencia para el manejo de los recursos”, por ejemplo, en “situaciones críticas”. La legisladora oficialista aclaró, en referencia al Ministerio de Justicia, que la visión del ministro Negro se alinea a “no supeditar” la descentralización a “la creación o no de otra institucionalidad específica”.

Díaz dejó claro, sin embargo, que durante el proceso de descentralización “hay que rodear desde el sistema político” al instituto. “Tenemos que tener en cuenta que esto no se hace de un día para el otro porque lo que necesitamos no son reformas de papel, lo que necesitamos son reformas que en el medio tienen casi 17.000 personas”, remarcó. Como señal, mencionó la reasignación de 20 millones de pesos en partidas para los operadores penitenciarios.

Da Silva: con Fratti “nos une el amor a las vacas”

Además del presupuesto del Ministerio del Interior, el Senado votó este miércoles el articulado de otros incisos, entre ellos, Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la discusión sobre este último inciso, el senador nacionalista Sebastián da Silva destacó varias coincidencias con el presupuesto de la cartera liderada por el ministro Alfredo Fratti. “Es compartible (el presupuesto), no tenemos discrepancias con lo que plantea”, afirmó, y agregó: “Bienvenido el Procría, bienvenido el programa de control de la garrapata”. Y comentó que con Fratti los une “el amor a las vacas”.

En tanto, en la discusión del inciso MIEM, la oposición reiteró su rechazo a una serie de modificaciones relativas a las competencias de contralor de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. A principios de noviembre, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, advirtió que estos cambios pueden significar “una injerencia directa o subyacente de presión sobre los medios de comunicación”. Este miércoles, el senador nacionalista Sergio Botana dijo en sala que los cambios suponen una “regresión” y que “pueden generar autorizaciones de uso de ondas que tengan interferencias”.