Holgado de tiempo, dado que el plazo constitucional termina recién el 10 de diciembre, la Cámara de Senadores empezó a votar este martes y aprobó a la medianoche en general el presupuesto quinquenal. Votaron a favor de la iniciativa los senadores frenteamplistas, los del Partido Nacional y de Vamos Uruguay (Partido Colorado). En cambio, rechazaron la iniciativa en general los senadores colorados de Unir para Crecer, Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y Martín Melazzi –quien está supliendo a Robert Silva–. El proyecto fue aprobado por 26 votos en 29. Entre el miércoles y el viernes se discutirán los más de 650 artículos que tiene el proyecto, así como también las reasignaciones presupuestales. Posteriormente, una vez finalizado el tratamiento en el Senado, el presupuesto volverá a tratarse en la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado a mediados de octubre, como tercera y última cámara.
Este martes el debate lo abrió el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini, quien en el último mes presidió la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. En primer lugar, Sabini destacó que el presupuesto “es la expresión política” del programa de gobierno del FA, a través de “tres líneas estratégicas”: el crecimiento económico, “sin el cual no vamos a cumplir los compromisos que nos trazamos”; el refuerzo de “la protección de la matriz social”; y el fortalecimiento de la seguridad pública, “una problemática que está presente en nuestra sociedad y que, lejos de resolverse, en los últimos 20 años ha empeorado”.
En cuanto al punto de partida, el senador frenteamplista sostuvo que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi asumió con la situación fiscal “más compleja de los últimos 35 años”. En tal sentido, señaló que el equipo económico liderado por Gabriel Oddone tiene previsto “asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”, mediante “una convergencia gradual, hasta alcanzar el equilibrio del resultado fiscal primario del gobierno central y BPS [Banco de Previsión Social] para el año 2029”.
“Para mejorar los ingresos públicos”, continuó Sabini, el Poder Ejecutivo rechazó “recurrir a aumentos indiscriminados de la carga tributaria”; en su lugar, apostó por llevar a cabo “incrementos en la eficiencia recaudatoria” de la Dirección General Impositiva (DGI) y “reformas tributarias técnicas y equitativas con el objetivo de que pague más el que tiene más”. El presupuesto incluye un conjunto de cambios tributarios, entre ellos, la creación del impuesto mínimo global.
“Armonizar esta restrictiva situación de partida con la construcción de bases firmes para desplegar las políticas públicas del período es un reto clave. Por tal motivo, se propone una estrategia basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad fiscal”, afirmó el senador del FA.
Bordaberry dijo que el secreto bancario “quizás quedará para otro momento”
Luego de Sabini tomó la palabra el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, cuyos legisladores votaron divididos en la Cámara de Diputados. Al término de su intervención, Bordaberry anunció que votará a favor del proyecto en general, “aun no habiendo logrado un consenso con el secreto bancario, que quizás quedará para otro momento”.
El levantamiento del secreto bancario por solicitud de la DGI es uno de los pocos temas que el oficialismo no consiguió aprobar en la cámara baja; el artículo pretende contestar a una observación que le hizo a Uruguay la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En diálogo con la prensa durante un cuarto intermedio en la tarde, Bordaberry dijo que aún no hay acuerdo en este punto, pero valoró que “se avanzó bastante porque el FA aceptó que sea solamente con la autorización del juez, como es hoy, que no es poca cosa”. De todas formas, indicó que “faltan algunas otras cosas” como “en qué momento y por qué razones puede levantar el juez el secreto”, así como lo que tiene que ver con la notificación al interesado. “Todavía estamos lejos, de repente eso termina en una comisión y con más tiempo lo podemos discutir”, vaticinó.
Como fundamento de su voto a favor del proyecto en general, Bordaberry dijo en sala que, a su entender, “la política no se basa en la destrucción del adversario”. “La política se basa en la construcción de propuestas. Necesitamos un sistema político, hoy más que nunca, que dialogue”, afirmó.
Pedro Bordaberry en la Cámara de Senadores, el 25 de noviembre.
Foto: María Vivanco
El líder de Vamos Uruguay celebró que desde “ya hace muchos años” el sistema político uruguayo haya superado “los años de la lucha de clases”, si bien lamentó que actualmente haya “otros radicalizados que parece que compran aquella estrategia”. Por último, citó al papa León XIV, quien la semana pasada “anunció la publicación de su primer libro y dijo una verdad: 'Los seres humanos no estamos condenados a vivir en el conflicto permanente'”.
Botana sobre la eficiencia tributaria: “Te la van a dar, esperá al inspector, ya están llegando”
Por su parte, el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana hizo referencia a que el presupuesto propone la misma base que la rendición de cuentas de 2024, un gasto que en su momento se calificó como “carnaval electoral”. “Espero sinceramente que no estemos asistiendo a un carnaval de invierno en este período”, comentó.
Dijo que “duele, pega fuerte y pega mal” que se esté acusando al gobierno de Luis Lacalle Pou de dejar un déficit mayor al informado, y sostuvo que “no está bien lo que están diciendo”. Consideró que en este caso la diferencia se debió a “deuda flotante inherente a cada cambio de gobierno”, que hubo “sobregasto obligado” por la Caja de Profesionales, un litigio por Pluna que no se podía pagar antes, el dinero del Ferrocarril Central que la administración anterior entendió que no había que pagar porque “faltaban hitos para que la obra estuviera disponible”, y “alguna otra cuestión que explica un crecimiento del gasto”. “Existió un crecimiento del gasto, pero no por carnaval, sino por la rigidez que tiene nuestra forma de presupuestar”, argumentó.
Luego, Botana cuestionó los impuestos incluidos en el presupuesto, entre ellos, el impuesto mínimo global, porque “no les podemos cambiar las reglas de juego” a los inversores, y el llamado “impuesto Temu”, porque va a cobrársele “a la gente”.
El senador nacionalista también criticó que se apueste a la eficiencia tributaria para incrementar los ingresos del Estado, y dijo que esto se traduce en que “te la van a dar, esperá al inspector, ya están llegando”.
Botana hizo alusión a las promesas del FA de asignar 6% del producto interno bruto (PIB) para educación y 1% para ciencia, tecnología e innovación: “6+1 era la promesa, y dio 4,2, será la nueva matemática”, comentó.
Sobre el artículo que establece modificaciones al levantamiento del secreto bancario, Botana dijo que “no nos dio el tiempo para encontrar una solución, pero vamos a seguir trabajando”. Este lunes hubo una reunión de senadores del PN y del PC en la que Vamos Uruguay informó que busca acercar posiciones para incorporar esta disposición, pero desde el PN se respondió que eran favorables a desglosar el artículo y tratarlo como un proyecto de ley aparte.
“Hay que ponerse de acuerdo en todos los medios para el combate al lavado, a la delincuencia, y también hay que ponerse de acuerdo en todos los medios para mantener las garantías de los ciudadanos que vivimos en este país. Es con juez, con posibilidad de defensa, con garantías absolutas”, señaló Botana sobre este tema, y acotó que su partido tiene “toda la disposición” para acordar “algo que sea garantista y que se aggiorne a los nuevos tiempos”.
El senador nacionalista Javier García aclaró que su partido vota en general el proyecto de presupuesto por “una razón institucional”, porque “cada gobierno tiene derecho a tener su presupuesto”, “aun no compartiendo” el rumbo. Calificó el presupuesto como “chato, de empate”, y acotó que, desde su partido, esperaban que incluyera un plan de seguridad pública, ya que en el proyecto se asignan partidas para “un plan que no existe”.
Por su parte, el senador frenteamplista Óscar Andrade destacó que el presupuesto busca “construir política para intentar resolver derechos postergados”. El gobierno actual, alegó, enfrenta “enormes dificultades” porque se encuentra en niveles de crecimiento “modestos” de la economía y alto endeudamiento. “Sin embargo, el presupuesto no ajusta, y eso tiene un enorme valor”, resaltó el senador del FA. “No sólo no ajusta”, sino que las políticas salariales proyectan crecimiento salarial “para la enorme mayoría de los trabajadores”, agregó, y también destacó el aumento del 50% del Bono Crianza, la multiplicación por cinco de la cantidad de becas Butiá para la enseñanza media y la extensión del tiempo pedagógico.
Dinero para reasignaciones saldrá mayormente de Presidencia y MEF
En un cuarto intermedio de la sesión, en una conferencia de prensa de la bancada frenteamplista, Daniel Caggiani informó lo que ya había adelantado Sabini hace algunos días sobre que habrá reasignaciones por un total de 320 millones de pesos con énfasis en cuatro ejes: seguridad pública, educación, discapacidad y cultura.
Sobre el primero, se van a reasignar casi 30 millones de pesos para “fortalecer” a la Fiscalía General de la Nación; de ese total, 16 millones serán para la Unidad de Víctimas, y también habrá una partida especial anual de 14 millones para “desarrollar una nueva fiscalía departamental, una segunda fiscalía en Toledo”. Asimismo, se otorgarán 20 millones para “el fortalecimiento y adecuación de las partidas que reciben los operadores penitenciarios”.
En cuanto a educación, se dará una partida de casi 180 millones de pesos para “el fortalecimiento de tres áreas muy importantes en la ANEP” que “tienen que ver con una asignación de 15 millones para la extensión del tiempo pedagógico y la oferta académica en Educación Técnica Profesional, sobre todo en el interior del país”. Eso, según Caggiani, quiere decir que habrá nuevos cursos en la Universidad del Trabajo del Uruguay en los departamentos del interior del país. Del total reasignado, 45 millones serán para becas a estudiantes en el Consejo de Formación en Educación, que “podrían totalizar entre 500 y 800 becas”.
“También 120 millones de pesos con destino a la extensión del tiempo pedagógico en los liceos o en los centros de educación media, que, sin duda, es una política muy importante que está desarrollando la ANEP, que se complementa con un conjunto de medidas que ha tomado, entre otras cosas, con el plan de alimentación escolar, que podría beneficiar a casi 10.00 gurises más”, apuntó.
A su vez, dijo que se va a extender una autorización a la ANEP –que tuvo hasta 2024– para que se pueda usar parte de las partidas destinadas a infraestructura edilicia en la contratación de docentes en educación.
Para la educación terciaria, habrá 20 millones de pesos para la Universidad Tecnológica y 50 millones para la Universidad de la República, que se dividen en: 35 millones para el fortalecimiento y atención al incremento para los funcionarios no docentes, y 15 millones para fortalecer el mantenimiento de la infraestructura edilicia.
Sobre de dónde provienen los fondos para estas reasignaciones, Caggiani señaló que vienen de “un conjunto importante de ministerios”, y que “el esfuerzo más importante lo han hecho” la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. Aseguró que esto no afecta a los programas ya comprometidos.
Acerca de la propuesta incorporada en el presupuesto sobre el levantamiento del secreto bancario, Caggiani dijo que “hay una propuesta de modificación que ha hecho” Bordaberry junto a integrantes del PC y el PN. “Seguramente cuando nosotros podamos conocer fielmente [la iniciativa], seguramente vamos a considerarla oportunamente, pero por ahora no tenemos una redacción final, por lo menos eso es lo que nos han transmitido”, contó.