La Comisión de Constitución y Legislación del Senado, a pedido del convencional colorado Juan Esequiel Ibarra, trató el martes la eventual violación de la Constitución por parte del senador —también colorado— Andrés Ojeda, porque presentó un escrito ante Fiscalía para solicitar el reexamen de una causa, en su calidad de abogado. En las últimas horas, se conoció que el Frente Amplio (FA) tiene un informe a estudio que dice que, a la luz del artículo 124 de la carta magna, Ojeda debería perder la banca y sugiere al Senado aprobar una resolución por mayoría simple en ese sentido.

El senador del FA Nicolás Viera, presidente de la comisión, luego de la sesión dijo en rueda de prensa que resolvieron pedir dos informes jurídicos. El primero, relacionado con “la legitimidad activa” de quien pidió la denuncia (Ibarra), y también para “saber si la comisión tiene la potestad para llevar adelante una opinión al respecto”. Dijo que los informes serán solicitados al equipo jurídico de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y a Asuntos Jurídicos del Senado.

Agregó que la otra solicitud tendrá los mismos destinos, pero, a diferencia de la anterior, fue votada sólo por el FA, y está relacionada “al fondo del asunto, saber si Ojeda incurrió en inconstitucionalidad y, en caso de que a ojos de quienes brinden esos informes, haya sido así, saber cuál es el procedimiento” que tienen que llevar adelante. Consultado sobre si hay antecedentes de un caso similar, el senador dijo que hubo “varios” incumplimientos de la Constitución por parte de legisladores, así como también hubo casos de destitución, “pero la gran mayoría fue por juicio político”, lo que implica “mayorías específicas, no a través del mecanismo del artículo 124 de la Constitución”.

Además, subrayó que ese artículo no establece qué mecanismo se acciona para que el legislador pierda el cargo. “Entonces, a través de esta solicitud de información que estamos haciendo a los equipos jurídicos, queremos saber cuáles son los caminos en caso de que se constate la inconstitucionalidad”, insistió.

Si bien esta fue la última sesión ordinaria de la comisión antes del receso, Viera subrayó que el martes el Senado votó que todas las comisiones puedan funcionar durante el receso, por lo tanto, una vez que tengan los informes jurídicos, verán qué caminos tomarán. Sostuvo que, por ejemplo, podrán citar una reunión extraordinaria de la comisión para tratar el tema.

El senador oficialista dijo que Ojeda estuvo presente en la comisión —es el vicepresidente— porque puede participar, ya que presumen su inocencia “hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto, el derecho como legislador lo tiene, puede participar, hablar y votar”. De todos modos, señaló que en la sesión del martes Ojeda decidió no expresarse ni “con la voz ni con el voto”. Por último, Viera dijo que no tienen “apuro” para resolver este tema porque quieren hacerlo “responsablemente”.

Oposición abroquelada con Ojeda

Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi, integrante de la comisión, subrayó a la diaria que las comisiones del Senado no pueden actuar por “acción de un particular”, ya que son asesoras de la cámara alta (el artículo 138 del reglamento del Senado establece que “las Comisiones parlamentarias son órganos pluripersonales cuyo cometido es asesorar a la Cámara en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación, de control administrativo o de administración interna”). Por lo tanto, para la senadora, a pedido del convencional colorado “no se debería haber armado la carpeta” sobre el tema.

A su vez, Bianchi explicó que la oposición no votó que se pida un informe al área jurídica del Palacio Legislativo sobre si fue constitucional o no la acción de Ojeda, porque primero deben consultar si el convencional Ibarra tiene “legitimación activa” para hacer el pedido y, en caso de que sí, si la comisión tiene competencia sobre el tema y cuál sería el procedimiento en ese caso. “Como partimos de la base de que nosotros no somos competentes, más allá de lo que se le pregunte a la división jurídica, si pedimos que nos diga si es inconstitucional o no, ya le estamos dando legitimidad a la actuación de la comisión”, argumentó.

Por último, Bianchi insistió con que su visión es que no hubo inconstitucionalidad y recordó que el artículo 124 (que establece que los legisladores no pueden hacer trámites ante servicios descentralizados y otro tipo de organismos) viene de la Constitución de 1934, y la Fiscalía General de la Nación se creó como servicio descentralizado en 2015 (en sustitución de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Ley 19.334).

“Error de quien creó la Fiscalía y no se dio cuenta de que estaba el artículo 124, y error de todos nosotros, que nunca le prestamos atención”, sostuvo Bianchi. Agregó que la cuestión de fondo es que “no hay ninguna norma que le prohíba a los profesionales universitarios ejercer sus profesiones siendo legisladores” y, de acuerdo a la Constitución, “las prohibiciones e inhabilitaciones tienen que estar establecidas especialmente por ley”.

A todo esto, el senador colorado Pedro Bordaberry, que también integra la comisión, antes de la sesión dijo en rueda de prensa que el martes le llegó un informe del constitucionalista Ruben Correa Freitas, “muy claro”, que concluye que no hubo violación de la Constitución en este caso. “El informe nos convenció. Pero lo más importante, lo que sí me parece que es una barbaridad, y espero que no vayan por ese camino, es esa tesis que esgrime alguno, diciendo que por mayoría simple el Senado podría expulsar a un senador. Eso es algo que nunca sucedió. Siempre se necesitan dos tercios, ninguna mayoría circunstancial en el Senado puede andar expulsando legisladores, eso está mal”, finalizó.