La presentación de un escrito ante la Fiscalía para solicitar el reexamen de una causa por parte del senador del Partido Colorado (PC) Andrés Ojeda ha generado controversia en el sistema político, e incluso una solicitud de un convencional colorado a la Cámara de Senadores para que se pronuncie sobre el caso.

La base de la discusión es el artículo 124 de la Constitución de la República, que establece que los legisladores no podrán “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”. La carta magna dispone que el incumplimiento de esto supondrá “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

La eventual infracción por parte de Ojeda fue notada en primer lugar el 20 de noviembre por la fiscal Silvia Lovesio. Según informó la diaria, la propia Lovesio pidió que se pusiera en conocimiento de la situación a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, quien respondió que se trata de un asunto que encuadra dentro de su independencia técnica, es decir, que le corresponde a Lovesio resolverlo.

La segunda derivación de este eventual incumplimiento tuvo como protagonista al convencional nacional del Partido Colorado (PC) por Florida, Juan Esequiel Ibarra, quien solicitó el pronunciamiento del Senado, y también denunció el caso ante la Comisión de Ética y Conducta Política del partido.

Si bien algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) ya se han expresado al respecto, el asunto no se había tratado de manera formal en la órganica partidaria hasta este lunes, cuando el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, reconoció en rueda de prensa que se han solicitado informes jurídicos para analizar la eventual violación de la Constitución por parte de Ojeda.

Luego de una reunión en la Mesa Política del FA, en la que se recibió al ministro del Interior, Carlos Negro, Pereira fue consultado sobre las críticas de la oposición a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública. Pereira asoció los cuestionamientos a la “campaña electoral que empezó el mismo día que comenzó el gobierno”. A modo de ejemplo, mencionó las “persecuciones y ataques durísimos contra el doctor [Álvaro] Danza”, en referencia a la situación del presidente de ASSE, que ameritó una interpelación en la Cámara de Diputados.

Pereira ironizó: “Ahora, cuando le toca a Ojeda, todo el mundo chifla para arriba”. “Todos los que decían que la Constitución había que leerla literalmente empiezan a buscar interpretaciones”, subrayó. “Si se mostraron tan duros y tan tajantes en un caso, deberían ser tan duros y tan tajantes en una redacción que es meridianamente clara”, agregó, en referencia al artículo 124 de la carta magna.

Los informes

Pereira reconoció que el FA ha solicitado asesoramiento jurídico, y mencionó que “ya se tienen” algunos informes técnicos, los cuales son “contundentes”. “Desde el punto de vista de la lectura literal, como nos mandaban a leer a nosotros, no hay dudas”, agregó.

Según supo la diaria, el FA pidió dos informes. Uno de ellos ya está en manos de Pereira, pero aún no se ha difundido a la interna de la orgánica frenteamplista. Todavía se espera por el segundo informe, el cual dará lugar al inicio de la discusión para llegar a un posicionamiento sobre el caso. Se prevé que la fuerza política tome una definición al respecto la semana próxima.

El presidente del FA remarcó: “No nos vamos a apresurar”. “No es una caza de brujas, hay que estudiar el tema para poder tomar una posición como partido y como bancada”, afirmó. “Vamos a ser precavidos, como hemos sido todo este tiempo, porque en la política no vale todo”, concluyó.