El Ministerio de Ambiente (MA) otorgó la autorización ambiental previa a las cuatro empresas que solicitaron la habilitación para realizar sus proyectos de exploración sísmica 3D con miras a obtener datos geológicos que permitan evaluar la oportunidad de posibles perforaciones en busca de petróleo: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

Según las cuatro resoluciones, a las que accedió la diaria, las empresas, que ya habían firmado contrato con Ancap, están habilitadas a realizar la prospección entre los meses de noviembre y abril en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay, sobre un área delimitada del lecho marino del océano Atlántico. La actividad se desarrollará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a profundidades de entre 50 y 5.000 metros.

Searcher Geodata explorará un área total de 16.450 km²; CGG Services, 12.900 km²; APA Exploration, 15.876 km², y PGS, 13.873 km². Salvo en el caso de APA, a la que se le concedió la extensión de área pedida, en el caso de las otras tres empresas se autorizó un área de exploración muy inferior a la solicitada (aproximadamente un tercio de lo solicitado). Las empresas habían planteado la prospección en áreas de siete bloques offshore, pero finalmente el gobierno sólo autorizó la exploración en determinadas áreas de los bloques offshore 1 y 4.

“Por los beneficios económicos y sociales que generaría su descubrimiento para el país, la búsqueda de petróleo con sísmica no es lo nuevo, viene comprometida de muy atrás”, señaló a la diaria el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Acotó que “lo nuevo es que se hará con las máximas garantías ambientales en esta nueva etapa resuelta con los contratos firmados en la administración anterior”.

En las consideraciones de la resolución se señala que “los impactos acumulativos que podrían resultar de dos o más actividades de prospección han sido precautoriamente contemplados, así como la protección de los sitios prioritarios para la conservación en el área, ya sea porque el proyecto no tendrá interacción con sus componentes o porque se realizará durante un período del año en el que no es de esperar impactos ambientales inadmisibles”. Añade que los impactos ambientales identificados “cuentan con medidas factibles de ser implementadas para ser prevenidos, mitigados o compensados”.

Ortuño destacó que “se duplicaron las medidas de mitigación de protección a la fauna marina”, que se limitó el tiempo para realizar la actividad de prospección, que “se aumentó el control” y que se impuso “compensación económica a la actividad pesquera”.

Objeciones ambientales y firmas contra la prospección

Los proyectos de prospección sísmica fueron clasificados en la categoría “C”, que incluye aquellas “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”, y que requieren “un estudio de impacto ambiental completo”. Además, las áreas autorizadas que constan en las resoluciones se solapan con áreas prioritarias para la conservación marina: el llamado “Talud Continental” y el “Área de Cría Permanente de Merluza (ACPM)”.

La posibilidad de realización de prospecciones sísmicas ha recibido cuestionamientos de organizaciones como la agrupación Amigos del Océano, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y el Mar Libre de Petroleras. En particular, la agrupación Amigos del Océano presentó un petitorio a Presidencia de la República y el MA con más de 1.800 firmas contrarias a las prospecciones, mientras que Mar Libre de Petroleras realiza una campaña de recolección de firmas en distintos departamentos y localidades de Maldonado para que las autoridades “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”.

El biólogo Javier Sánchez Tellechea, especializado en bioacústica e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República, alertó en un artículo publicado en la diaria que la prospección supone un “serio riesgo” para la fauna y los ecosistemas marinos.

En junio, en entrevista con la diaria, Ortuño aclaró que la visión del gobierno no es “de oposición al avance de la exploración”, pero sí “celosa de la consideración y la acción de los temas ambientales”, y por tanto planea “una regulación activa y restrictiva”. Allí, el ministro adelantó que si aparece petróleo, se trabajará con Ancap “en criterios de exploración y explotación del recurso, atendiendo el cuidado de la preservación de las áreas protegidas establecidas”.

Las condiciones exigidas por el gobierno

En las resoluciones de habilitación de todas las empresas se establece que la autorización se concede “sujeta al estricto cumplimiento” de determinadas condiciones que se incorporan en el texto. Estas incluyen el período y área de la prospección y la presentación de un plan de navegación actualizado previo al inicio de la prospección sísmica. Este plan no deberá superponerse con las actividades de otras empresas ni alcanzar áreas prospectadas en los últimos cinco años. Además, se deberá mantener una distancia mínima de 100 kilómetros entre buques sísmicos.

Por otra parte, la autorización de las siguientes fases queda condicionada “a la definición del área protegida junto a las medidas de prohibición que se establezcan para garantizar los objetos de conservación”. No se podrán “activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos (ballenas y delfines, entre otros animales), tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido y deberán apagarse, inmediatamente, ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 metros y de 600 metros para tortugas y pinnípedos”.

Durante la prospección, tendrá que haber un mínimo de cuatro observadores de fauna marina y dos operadores de monitoreo acústico pasivo, que tendrán a su cargo el registro de los datos de los monitoreos ambientales y de la aplicación de las medidas de mitigación.

Asimismo, las firmas encargadas de la prospección deberán compensar económicamente a las empresas que cuentan con permisos de pesca categoría “A” y “C” que “hagan uso frecuente del área de influencia del proyecto y que efectivamente demuestren una afectación a su actividad”.

Finalmente, con una antelación mínima de un mes del inicio de la operación del proyecto, la empresa encargada de la prospección deberá presentar un plan de gestión ambiental que deberá ser aprobado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, que deberá incluir, entre otros componentes, un plan de monitoreo biológico “para determinar la afectación y ahuyentamiento” de merluzas, anchoítas y calamares; y un plan de monitoreo de la distribución y concentración de huevos y larvas de merluza común y anchoíta.

Empresas encargadas de la prospección cuestionaron exigencias

Las empresas cuestionaron las disposiciones establecidas por el MA en las resoluciones –de las que recibieron vista– con argumentos similares en cada caso. Según documentación a la que accedió la diaria, consideraron en primer lugar que la distancia mínima establecida entre buques, de 100 kilómetros, es excesiva y no responde a prácticas habituales de la industria. El ministerio respondió que la distancia está fundamentada en el “umbral asociado a efectos comportamentales sobre mamíferos marinos según el modelo de decaimiento sonoro más conservador”.

También objetaron el intervalo mínimo de cinco años para repetir la prospección en la misma zona; el ministerio alegó que no se presentaron evidencias para demostrar que un intervalo menor “sea ambientalmente aceptable”. Además, las empresas reclamaron que se revise el período noviembre-abril para realizar prospecciones, pero las autoridades alegaron que se estableció teniendo en cuenta “la reducción del solapamiento con el período de mayor pesca y reproducción de merluza”.

Sobre el radio de mitigación de 1.000 metros por repercusiones de los aspectos sonoros en la fauna, también cuestionado por las firmas, el MA alegó que, en atención a que “distintos modelos utilizados por las empresas llegan a resultados diferentes” y, por tanto, “existe incertidumbre”, la distancia precautoria de 1.000 metros se mantiene y eventualmente podría ajustarse cuando se cuente con datos verificados en la operación.