Durante nueve horas se desarrolló este martes la quinta y última interpelación del año, en este caso en la Cámara de Diputados. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, fue convocado para informar sobre el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre de este año continuó con sus trabajos en tres mutualistas privadas en simultáneo a la función pública.

La oposición ha acusado al titular del prestador de salud pública de violar el artículo 200 de la Constitución de la República, que prohíbe a los directores de servicios descentralizados –como ASSE– “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”. Por este mismo tema fue interpelada días atrás la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

El 6 de noviembre, horas antes de que Danza anunciase en una conferencia de prensa que se dedicaría “de forma exclusiva a la función pública”, el directorio de la Jutep dictaminó que no había existido incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y las “funciones profesionales” que realizó el jerarca “en las instituciones de asistencia médica colectivas del sector privado”.

El fallo de la Jutep tuvo como sustento varios informes jurídicos que determinaron que no hubo un incumplimiento de la carta magna. Así lo señalaron, por ejemplo, documentos del estudio de abogados Delpiazzo y del propio Ministerio de Salud Pública. No obstante, el dictamen finalmente aprobado fue contrario a la postura de la asesoría letrada de la Jutep, que concluyó que sí existió una incompatibilidad.

La resolución de la Jutep, un servicio descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo, la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. El director por la oposición, Luis Calabria, votó en contra.

“Los directores de la mayoría se rieron de la asesoría letrada del organismo”

El miembro interpelante, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, hizo referencia, en primer lugar, a la ausencia de las autoridades de la Jutep este martes en el llamado a sala. “Nos resultó llamativo que el señor ministro no se haya hecho acompañar por las autoridades de la Jutep, pero es el derecho del ministro, naturalmente”, comentó. En la anterior interpelación, Danza sí acompañó en sala a Lustemberg, aunque en ningún momento de la sesión hizo uso de la palabra.

“El punto de partida de la interpelación del día de hoy tiene que ver con una situación institucionalmente muy delicada y muy grave, una situación que nosotros ya hemos catalogado públicamente, y lo queremos reiterar ahora, como de abuso de poder”, afirmó Abdala.

El legislador nacionalista dijo que “este tipo de decisiones son propias de los gobiernos totalitarios”. “Yo no le estoy atribuyendo fines totalitarios al gobierno”, puntualizó, pero señaló que esto no significa que no se haya “incurrido en decisiones que tienen naturaleza totalitaria”.

Según Abdala, tanto Ferraris como Asti “no actuaron como lobos solitarios”, sino que lo hicieron en connivencia con el gobierno encabezado por Yamandú Orsi con el objetivo de “apañar al doctor Danza, que había que sostenerlo a cal y canto”, y de “apuntalar el relato oficial con relación a todo este episodio”. A su juicio, en el fallo de la Jutep hubo “abuso de poder” y “una situación de inconducta funcional” por parte de los directores del oficialismo.

El diputado del PN definió la resolución aprobada el 6 de noviembre como “un verdadero fraude”. “Si nosotros hablamos de fraude es porque notoriamente es una resolución de alto contenido político a los efectos de cumplir una finalidad política, que es la de servir al relato oficial”, expresó.

Según Abdala, “los directores de la mayoría se rieron de la asesoría letrada del organismo”, porque “cuando el informe fue elevado a consideración del directorio de la Jutep, lo desestimaron absoluta y olímpicamente, apartándose de él sin el más mínimo fundamento”. Esto último, sostuvo, “es lo injustificable”.

Ya en su primera intervención, el miembro interpelante solicitó la renuncia de Ferraris. “Entendemos que ya no hay razones suficientes para que permanezca en su cargo”, manifestó. Asimismo, Abdala dijo que “probablemente el ministro Mahía no haya tenido arte ni parte en todo esto”, ya que “no hay ninguna resolución que lleve su firma”. No obstante, señaló que al titular del MEC le corresponde la responsabilidad objetiva del asunto, dado que la resolución de la Jutep forma parte de una decisión del gobierno “en el sentido más amplio y más completo del término”.

“Hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica”

A su turno, Mahía explicó en primer lugar cuáles son las potestades que tiene el MEC sobre la Jutep de acuerdo con la normativa vigente. “Los organismos descentralizados no se encuentran sometidos a una subordinación jerárquica del poder central”, indicó. Lo que existe, señaló, es una “tutela administrativa”, que “es básicamente un control de legalidad o legitimidad que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los actos administrativos dictados por servicios descentralizados”.

En tal sentido, el ministro sostuvo que el fallo de la Jutep del 6 de noviembre “está dentro de las competencias” del organismo de contralor, al margen de que su contenido pueda ser “opinable”. Por lo tanto, concluyó que no le corresponde al Poder Ejecutivo –en este caso, al MEC– ejercer la tutela administrativa mediante la interposición de un recurso anulatorio, ya que el fallo de la Jutep fue legítimo. “No hubo irregularidades institucionales, no hubo manipulación de la Jutep y se actuó conforme a derecho”, resaltó.

“El Poder Ejecutivo, respetando la autonomía del servicio descentralizado, y esto lo quiero decir con total claridad, no tuvo injerencia ni presión indebida alguna en la decisión adoptada por el directorio de la Jutep”, afirmó Mahía.

La resolución aprobada con los votos de Ferraris y Asti, insistió el ministro, podrá ser “técnicamente discutible”, pero, en cualquier caso, “responde a razones de oportunidad, conveniencia o mérito que determina la propia Jutep y que exceden claramente el ámbito competencial del control de legalidad del Poder Ejecutivo en el correcto ejercicio de la referida tutela administrativa”.

Con respecto al documento elaborado por la asesoría letrada de la Jutep, que marcó la existencia de una incompatibilidad en la situación laboral del presidente de ASSE, Mahía dijo que, “como todo informe técnico, se sabe conforme a principios de derecho administrativo” y “no posee un efecto vinculante para el jerarca del organismo”, en referencia al directorio de la Jutep, “que en todo momento puede apartarse del mismo en forma debidamente fundada y motivada”, que es como “terminó laudando la Jutep”.

En cuanto a las afirmaciones de Abdala, el titular del MEC consideró que “hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica”, dado que “no hay una sola prueba, no hay una sola demostración, ni la más mínima, de ninguna de las cosas que acá se afirman”. Mahía aseguró que el Poder Ejecutivo no intervino en el dictamen de la Jutep. “En mi caso, nadie, ni el presidente ni nadie en nombre del presidente, me pidió que actuara en ningún sentido sobre este tema, y obviamente tampoco lo aceptaría”, agregó.

El ministro, además, advirtió sobre las consecuencias de “confundir un desacuerdo técnico con manipulación política”. “En el mejor de los casos, es un error conceptual; en el peor, una forma de deslegitimar a un organismo porque no se coincide con las expectativas que se tiene en las resoluciones que toma”, expresó. “Lo que no se debería hacer, sin afectar la credibilidad del sistema institucional, es imputar intenciones, inventar quiebres donde no los hay o deslegitimar organismos porque un dictamen no se ajusta a las preferencias de quien formula las acusaciones”, manifestó Mahía.

Conrado Rodríguez propuso que exmagistrados judiciales integren el directorio de la Jutep

A su turno, el diputado colorado Conrado Rodríguez reconoció que Mahía no estuvo involucrado en el fallo de la Jutep, pero sí consideró que el Poder Ejecutivo, por medio del artículo 197 de la Constitución, “podría haber observado el fallo porque tiene que lograr que se aplique la legalidad como así lo establece esta norma constitucional”. Este artículo establece que cuando el Poder Ejecutivo “considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados”.

Por otro lado, consideró que “sería bueno” que se haga un “rediseño institucional” de la Jutep, ya que cree que “siempre es bueno rever y ver cómo funcionan las instituciones para poder fortalecerlas”. Sugirió que, con el objetivo de que “nadie pueda tachar de posible parcialidad”, el organismo esté integrado por exmagistrados del Poder Judicial con trayectoria.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, resaltó que en el entendido de que la Jutep no está subordinada al Poder Ejecutivo, tampoco debería estarlo a “los partidos políticos que integran el Ejecutivo”, dado que, señaló, “puede darse el caso -como sospechamos que se da y pretendemos demostrarlo con hechos- de que las presiones indebidas, ilegales, no vengan desde el Ejecutivo, no vengan del ministro Mahía, ni de la Torre Ejecutiva, pero que sí puedan venir quizás de su propio partido”.

Los partidos de la coalición solicitaron la remoción de la presidenta de la Jutep

Pasadas las intervenciones, el PN, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron una moción en la que declararon “insatisfactorias” las explicaciones del ministro. A su vez, afirmaron que la conducción de la Jutep, “a partir de la acción de su presidenta”, “ha actuado con abuso de sus atribuciones, utilizando el organismo con fines notoriamente político partidarios”.

En ese marco, solicitaron la remoción de Ferraris como presidenta. Sin embargo, la moción no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada, y sucedió lo mismo con el resto de las mociones presentadas.

Minutos antes de votar las mociones, los partidos de la Coalición Republicana dieron una conferencia de prensa en la que Abdala aseguró que, de 15 preguntas, Mahía contestó 11, y “no utilizó, lo que a esta altura no era sólo una facultad o una posibilidad, sino una obligación, la necesidad de que compareciera con él y de que se hiciera acompañar por el directorio de la Jutep”.

El diputado nacionalista dijo que consideran a Ferraris como “la gran ideóloga, la autora intelectual de todo esto”, y que “mantenerla o sostenerla en el ejercicio de su función anuncia hacia el futuro un nivel de incertidumbre institucional muy importante con relación a un organismo que tiene una delicada misión, que es ni más ni menos que la de velar por la transparencia y por la ética pública”.

“No tiene mucho más vuelta”, apuntó Mahía sobre crítica de la ausencia de la Jutep

El FA, por su parte, impulsó una moción que tampoco fue acompañada, en la que expresaba “satisfacción” por las explicaciones del ministro, y afirmaba que la actuación de la Jutep “se desarrolló con estricto apego a sus competencias legales y al marco normativo vigente”.

“La existencia de opiniones divergentes dentro de un órgano colegiado forma parte de su normal funcionamiento y no constituye indicio alguno de la partidización o irregularidad. Confundir desacuerdos técnicos con imputaciones de manipulación político partidaria debilita el sistema de controles democráticos y desvirtúa el rol que el propio Parlamento les ha asignado a estos organismos”, manifestaron.

En conferencia de prensa, Mahía aseguró estar “tranquilo” con la comparecencia, y tal como lo expresó en sala, el ministro remarcó que “la Jutep tiene independencia técnica” y que la cartera tiene una tutela administrativa sobre ella”.

Sobre las críticas de la oposición por la ausencia de la Jutep, el ministro señaló que la moción para hacer el llamado a sala pedía que estuviera el MEC, por lo que estas autoridades concurrieron; “no tiene mucha más vuelta”, apuntó.

Cabildo Abierto e Identidad Soberana pidieron que se elimine la Jutep

Tal como adelantó el diputado Álvaro Perrone en su intervención, Cabildo Abierto presentó una moción -que tampoco contó con los votos- en la que solicitó la renuncia del directorio en su totalidad, rechazó la no comparecencia de la Jutep, respaldó la actuación del trabajo de la asesoría letrada y también solicitó la derogación de la ley de creación de la Jutep. Antes, en su intervención, Perrone propuso “borrar la Jutep y buscar los acuerdos para crear un órgano que de verdad actúe con transparencia”.

En la misma línea, Identidad Soberana consideró como “insatisfactorias” las declaraciones del ministro y solicitaron la disolución del organismo en cuestión. En noviembre, los diputados de dicho partido, Gustavo y Nicole Salle, presentaron un proyecto de ley que deroga la Ley 19.340, que creó a la Jutep.