Sobre las 9.45 de este miércoles comenzó la interpelación en el Senado a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard para la compra de dos patrullas oceánicas (OPV), firmado por la anterior administración, debido a indicios de “fraude” o “estafa” en torno a la garantía presentada por la empresa española. El miembro interpelante es el senador del Partido Nacional (PN) Javier García, quien en el período, como ministro de Defensa Nacional, firmó el contrato entre el Estado uruguayo y Cardama.

García abrió su intervención defendiendo la necesidad de que la Armada Nacional cuente con las OPV: “Lo que vamos a hablar en el fondo es de la seguridad del Uruguay” y de “si estamos dispuestos a equipar a nuestras Fuerzas Armadas”, o si, por el contrario, “se va a llevar un proceso con las Fuerzas Armadas de dejarlas desmanteladas”. El senador del PN remarcó que las patrullas son necesarias para evitar que “la mayor amenaza a la democracia de los uruguayos, que es el crimen organizado y el narcotráfico, tenga todo el mar libre para llevar adelante su crimen”.

“Hoy Uruguay, nuestra Armada, no tiene la capacidad de llevar adelante la protección de nuestros mares”, subrayó García. Según el senador nacionalista, “desde filas de la izquierda nacional” existen “teorías de eliminar las Fuerzas Armadas”. “Hay voces muy notorias –y no muy lejanas de donde estoy yo sentado en este momento– que plantearon eso”, afirmó, e hizo referencia a “formas indirectas de lograr el objetivo de desmantelar las Fuerzas Armadas”.

García vinculó la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con Cardama a “cuestiones ideológicas, políticas e ideológicas, que terminan poniendo en riesgo la seguridad del país y la seguridad de los uruguayos”.

“Esto no es un hecho aislado: de llevarse a cabo, la rescisión del contrato para la construcción de la OPV se inscribe en lo que yo he dado en llamar la empresa de demoliciones que ha instalado el gobierno del Frente Amplio respecto a los avances, a los logros y a los progresos logrados en el gobierno presidido por [Luis] Lacalle Pou”, aseveró García.

“Han desmantelado la Armada Nacional y lo han hecho por las decisiones políticas que se han tomado en todos estos meses”, afirmó García, y señaló que desde que Lazo asumió la conducción del ministerio “nunca ha ido a tener una reunión institucional con la Armada Nacional”.

“Los intereses geopolíticos fueron más fuertes que las decisiones políticas”

Durante su primera exposición, García dijo que durante los gobiernos del FA se hizo “turismo de astilleros”; sin embargo, nunca se concretó la compra de patrullas. “No fue por falta de recursos. Fue por falta de decisión política para comprar lo que todos decían que había que comprar. Pero no pudieron, no quisieron o no se animaron a llevar adelante la compra”, afirmó, y repasó en sala viajes de oficiales de la Armada y de dirigentes políticos a astilleros de la región y de Europa.

“15 años de turismo de astilleros que coinciden con los 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué pasó? Es muy sencillo: los lobbies empresariales y los intereses geopolíticos fueron más fuertes que las decisiones políticas y los intereses nacionales del gobierno de Uruguay”, sentenció el miembro interpelante.

“¿Por qué no se compraron si todos estamos de acuerdo?”, insistió García. El senador del PN dijo que “Uruguay no cuenta con los patrulleros que necesita para protegernos del narcotráfico, del crimen organizado y del robo de nuestras pescas” debido a que “la plata y las empresas pudieron más que las decisiones soberanas del gobierno”.

Según García, “el plan estaba maquiavélicamente, minuciosamente pergeñado para destruir –yo estoy convencido– esta compra o cualquier compra”.

“Se utilizó a las Fuerzas Armadas de rehén de conflictos políticos”

El senador nacionalista también recordó en sala las sanciones que dispuso Lazo a cuatro jerarcas de la Armada –entre ellos, el excomandante en jefe Jorge Wilson– por faltar a la verdad en el intercambio de información sobre la autorización del pago correspondiente al segundo hito del contrato con Cardama. Para García, en ese episodio “se utilizó a las Fuerzas Armadas de rehén de conflictos políticos”.

Por otro lado, el miembro interpelante señaló que la administración anterior designó “tres oficiales superiores de vastísima experiencia” para supervisar el proceso de construcción de las patrullas, y apuntó que en el actual gobierno “la ministra nombró representantes políticos de ella, sin experiencia ninguna en astilleros”, quienes visitaron Cardama entre el 27 de mayo y el 7 de junio “sin comunicar al astillero”. “No los mandaron a hacer lo que el contrato dice que tienen que hacer, que es supervisar la construcción; los mandaron a investigar el astillero e hicieron tareas de inteligencia”, aseguró García.

“No hay ninguna institución de la Armada Nacional que durante estos ocho meses haya participado en el análisis técnico de la construcción de la OPV, ninguna. Es más: fueron –y esto que estoy diciendo es gravísimo– expresamente sacados del proceso de análisis técnico de la OPV por la ministra”, aseveró el senador nacionalista. Agregó que legisladores de todos los partidos –como el diputado del PN Gabriel Gianoli, quien viajó a España a visitar el astillero– “tienen prohibido hablar con oficiales de la Armada Nacional”.

“Militaron para que no hubiera garantía”

La presentación de la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank, empresa que recientemente fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido, estuvo precedida por siete intentos. Durante el proceso, se intentó presentar avales, por ejemplo, del Banco de Seguros del Estado y de Abitab. En su momento, el director general del astillero español, Mario Cardama, dijo que la empresa Abitab había comunicado “que se iba a aprobar, pero finalmente no se aprobó, sin saber por qué”.

García aseguró este miércoles que hubo “fuertes presiones políticas para que no se constituyera la garantía” de Abitab. A modo de fundamento, el senador del PN leyó un correo electrónico enviado por Cardama a la Dirección General del Ministerio de Defensa el 3 de setiembre de 2024, en el que se informaba sobre la negativa de Abitab a “apoyar el proyecto, debido a fuertes presiones políticas”.

“Yo puedo asegurar clarito: las presiones políticas no surgieron del Partido Nacional o del Partido Colorado. No sé de dónde, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas”, señaló García, infiriendo que las presiones provenían del actual partido de gobierno. “Militaron para que no hubiera garantía”, aseveró.

Sobre la garantía, García sostuvo que “podría decirse que es un contrato adicional accesorio, importante, pero accesorio”. Agregó que, de hecho, “no tenía por qué haber garantía de fiel cumplimiento”, y afirmó: “Se pusieron porque yo pedí que se pusieran”.

El senador del PN dijo que “hubo un plan deliberado para romper el contrato de las OPV” y solicitó que “toda la versión taquigráfica de la sesión de la fecha de hoy vaya a la Fiscalía”, para que “se conozca todo lo que sucedió, se conozcan las actividades irregulares que hubo, se conozcan las investigaciones ilegales que hubo, se conozcan las pesquisas que hubo, se conozcan los desvíos al poder que hubo y se conozca la voluntad política que deja al país sin la seguridad del mar”.

Sobre el final de su primera intervención, García se refirió a la investigación administrativa solicitada por Lazo a fines de abril a la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual concluyó, entre otras cosas, que la adjudicación a Cardama se otorgó por “decisión política”, según informó la diaria este martes.

García calificó las investigaciones administrativas como “típicamente stalinistas” y sostuvo que “las hacen en Presidencia”. En ese marco, apuntó contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a quien llamó “Rasputín”. “Se hizo una investigación administrativa que tenía que estar pronta el día de la interpelación. Se hizo a medida. Nula y amañada políticamente desde que le pusieron la fecha”, afirmó.

El miembro interpelante llamó al oficialismo a no dejar “que los gobierne Rasputín”. “Hay que cuidar al presidente y la seriedad jurídica de Uruguay; no dejen que los gobierne Rasputín”, apuntó.