“Si aparece petróleo, por supuesto que vamos a trabajar con Ancap en criterios de exploración y explotación del recurso”, dijo a la diaria el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, seis meses antes de que la cartera otorgara la autorización ambiental previa a las cuatro empresas que la solicitaron casi dos años antes para llevar adelante proyectos de exploración sísmica 3D de hidrocarburos en el espacio marítimo: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

Ortuño apuntó que “Uruguay debe conocer las riquezas que tiene o no” y que debe avanzar “con mucha cautela y ceñido a las mejores prácticas ambientales de gestión en materia de prospección”. Los proyectos de exploración tienen probabilidades de éxito menores al 25%, de una en cuatro, indicó el gerente de Transición Energética de Ancap, Santiago Ferro, al comparecer ante la Comisión de Frente Marítimo, Río de la Plata, Laguna Merín y Antártida de la Cámara de Diputados, según consta en la versión taquigráfica.

En Uruguay la exploración ha tenido un “proceso continuo e incremental desde 2007”, explicó Ferro. En 2009 se lanzó el llamado a ofertas para contratos de exploración y producción de hidrocarburos, la Ronda Uruguay; le siguieron otros procesos licitatorios, en 2012 y 2018. El segundo “fue un éxito a nivel global” y recibió inversiones privadas por aproximadamente 1.500 millones de dólares. Aunque nunca se ha pasado del escalón de la exploración, el descubrimiento de petróleo al otro lado del océano Atlántico, en Namibia, África, renovó el interés de las empresas en Uruguay. Además de la sísmica 3D, hay otro “proyecto estrella” –como lo calificó el jefe de Exploración y Producción de Ancap, Pablo Gristo–: un pozo exploratorio en el bloque 6 de la plataforma marítima previsto por la empresa APA para 2026, –diez años después del último pozo en Uruguay, el Pozo Raya– que aún no cuenta con la autorización ambiental.

La contradicción entre buscar hidrocarburos y lo que dice el programa del FA

En el Frente Amplio (FA) hay voces que advierten sobre la contradicción que implica la exploración de petróleo respecto del objetivo de profundizar la transición energética.

Noruega es un faro para Uruguay por ser un “ejemplo de sustentabilidad en todos los rankings globales” y producir “cuatro millones de barriles por día”, señaló Ferro, para quien –al igual que el ministro Ortuño– “no va en contraposición tener producción de hidrocarburos con la sustentabilidad ambiental”; por el contrario, esto permitiría generar “ingresos que Ancap y el país necesitan para seguir desarrollando combustibles sustentables e invirtiendo en fuentes de energía renovables”.

Consultados por la diaria, los diputados frenteamplistas Alejandro Zavala (El Abrazo) y Sylvia Ibarguren (Seregnistas), así como Juan Pablo Perrachón, integrante del Círculo Verde de Casa Grande –sector de la senadora Constanza Moreira–, consideraron que Uruguay no debe continuar con las exploraciones. La diputada Tatiana Antúnez (Espacio 1001) y el senador Gustavo González (Partido Socialista) mencionaron lo que establece el programa del FA, que, en lo que respecta a “la exploración y extracción de fuentes de energías fósiles”, apunta a convocar “un diálogo nacional para analizar sus impactos y alternativas”.

Antúnez señaló que el cumplimiento de los compromisos asumidos por la gestión anterior “no inhabilita” a cumplir con el diálogo que propuso la fuerza política con el objetivo de “construir una perspectiva de largo aliento, que sea amigable con el ambiente, que pueda contribuir a la dimensión productiva y a la soberanía de nuestro país”. La diputada reconoció que la exploración le genera cierta incertidumbre, dado que la tendencia a nivel mundial “es justamente la desfosilización”. A su vez, expresó que no tiene certeza de que el impacto ambiental de las prospecciones sea inocuo.

Perrachón sostuvo que los contratos firmados por el gobierno pasado, de todas formas, “estaban supeditados a una autorización ambiental”, por lo que, “si el daño ambiental no es admisible para el ministerio –y de última es una decisión política qué es admisible y qué no–, el contrato cae”. En línea con el programa, sostuvo que “antes de seguir con la búsqueda de petróleo hay que dar la discusión sobre la pertinencia de buscar petróleo en el mar”.

Afirmó que la posición de Casa Grande “es que no hay que seguir con la búsqueda de petróleo” en Uruguay. Una de las principales razones, explicó, es que “la situación del cambio climático exige una reducción rápida, extremadamente rápida, y un cambio muy radical en lo que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles”. En ese sentido, consideró que abrir nuevos pozos petroleros “va totalmente en contra de lo que [sostienen] los científicos y lo que la COP y el Acuerdo de París intentan hacer”. “Cuantos más pozos se abran, por un tema de oferta y demanda, más difícil va a ser llegar a esas metas y, por lo tanto, evitar un cambio climático y un calentamiento que generen consecuencias catastróficas”, expresó.

Por su parte, Ibarguren –que en la legislatura pasada realizó pedidos de informes sobre la adjudicación de bloques marinos para la exploración de hidrocarburos– se manifestó en contra de la exploración sísmica y consideró que resulta contradictoria con los compromisos ambientales asumidos por Uruguay, como el objetivo de proteger el 30% del área marina para 2030.

La opinión de Zavala, biólogo de profesión, es que “no deberíamos intentar sacar petróleo de la plataforma marítima”, por la misma razón por la que Uruguay resolvió prohibir la instalación de centrales atómicas: “Porque los riesgos asociados, a pesar de que son bajos, cuando suceden, son gravísimos”. “Creo que la misma razón debería servir para razonar que no queremos sacar petróleo de la plataforma marítima; no es un problema con el petróleo, que el mundo va a seguir produciendo, sino que el problema es por dónde lo vamos a hacer, que es un lugar que potencialmente tiene impactos muy graves”, remarcó. El diputado reconoce la postura del gobierno respecto de los recursos que podría generar un eventual hallazgo de petróleo, así como las estrictas exigencias ambientales que este ha establecido; sin embargo, considera que la medida más precautoria es que “no deberíamos querer sacar petróleo”.

Los riesgos que no se conocen

El ministro Ortuño defendió que la novedad sobre esta nueva etapa de búsqueda de petróleo con sísmica “es que se hará con las máximas garantías ambientales”. El ejemplo noruego también ha sido analizado por Uruguay para definir las limitaciones previstas en los permisos ambientales. Una delegación integrada por el Ministerio de Ambiente (MA), la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y Ancap visitó el país nórdico para conocer, por ejemplo, cómo aplica compensaciones económicas a la actividad pesquera, un elemento que, finalmente, se incluyó en la autorización ambiental previa. “El concepto ha sido adoptar el nivel más exigente, no a nivel global, sino el específico de cada país; ese es el que vamos a adoptar y es lo que se va a seguir en el caso de la sísmica”, afirmó Gristo.

Las condiciones del gobierno abarcan el período y el área de la prospección, la presentación de un plan de navegación actualizado antes del inicio de la prospección sísmica, así como la presencia a bordo de al menos cuatro observadores de fauna marina y dos operadores de monitoreo acústico pasivo. Asimismo, como en campañas anteriores, se contemplaron medidas vinculadas a uno de los principales aspectos ambientales de la sísmica: el sonido. Las empresas no podrán “activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos (ballenas y delfines, entre otros animales), tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido y deberán apagarse, inmediatamente, ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 metros y de 600 metros para tortugas y pinnípedos”.

Zavala, que desconfía del “cuidado de los riesgos” a cargo de empresas privadas, señaló que “esas medidas precautorias están basadas en la evidencia científica que existe” sobre “un montón de cosas que sí se sabe que afectan [las prospecciones]”; sin embargo, advirtió, “hay otras cosas que no sabemos si las afectan”. Daniel Gilardoni, titular de la Dinara entre 2010 y 2017 y presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, en diálogo con la diaria lo planteó así: “Es muy fácil saber si hay una ballena, delfines o lobos marinos a unos kilómetros del buque sísmico, pero es imposible que el buque sísmico vea y pare la operativa sobre larvas, plancton, huevos”.

Perrachón también alertó sobre los “daños que no están estudiados, que no se sabe la gravedad que pueden traer”. Consideró que los posibles impactos negativos y riesgos “no tienen sentido en este momento de la historia, en el que justamente la gran urgencia de la humanidad es reducir drásticamente el consumo de combustible fósil”.

El exdirector de Recursos Acuáticos, para quien la exploración es “innecesaria”, sostuvo que “hay mucha incertidumbre” en la literatura académica y “no se ha terminado de evaluar correctamente el impacto que puede tener”, principalmente sobre los recursos pesqueros. “Yo estoy convencido de que produce daños irreversibles en el ecosistema, y no hay ninguna medida de mitigación sobre eso”, afirmó.

Gilardoni consideró que las condiciones impuestas a las empresas “no son suficientes” para prevenir las afectaciones sobre la actividad pesquera. En ese sentido, cuestionó que nunca se haya evaluado el impacto que pudieron haber tenido las prospecciones realizadas hasta 2016, cuando, recordó, no se exigían estudios de impacto ambiental: “Fue un atropello que hizo Ancap a la pesca y a la Dinara”, aseveró.

“Si tú matás un porcentaje importante de huevos, de larvas, los efectos se van a notar en el mediano plazo, a los cinco años, a los siete años. Las medidas de mitigación para la pesca son que si termina la prospección y los pescadores fundamentan que tuvieron pérdidas por la interacción del barco, etcétera, las empresas tienen que compensar. Ahora, con el daño a mediano y a largo plazo, ¿a quién le van a reclamar?”, expresó.

Identidad Soberana quiere citar a Ortuño a la Comisión Permanente

En la Comisión de Frente Marítimo, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle expresó preocupación por “el famoso concepto de la maldición de los recursos” y su “gran desconfianza por las petroleras”, así como por el Estado uruguayo. Salle consultó sobre la confidencialidad de los contratos con las empresas y también sobre si existió una evaluación de la influencia de las prospecciones anteriores sobre la fauna marina.

La diputada Nicole Salle adelantó a la diaria que Identidad Soberana está “en tratativas” con uno de los integrantes de la Comisión Permanente del Parlamento para citar al ministro de Ambiente durante el verano por las prospecciones.