El consorcio Grupo Vía Central (GVC), responsable de concretar el proyecto de Ferrocarril Central, anunció al Poder Ejecutivo que inició un proceso de arbitraje internacional contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por incumplimientos de pagos por un monto de 160 millones de dólares.

La decisión del consorcio empresarial se da a menos de una semana de que asuma el nuevo gobierno y, según supo la diaria, el próximo Poder Ejecutivo estaba al tanto del inminente inicio del proceso: la pasada semana hubo una reunión entre representantes de GVC, el actual ministro de Transporte de Obras Públicas, José Luis Falero, y la próxima titular de la cartera, Lucía Etcheverry, en la que la empresa anunció la medida en caso de que el viernes pasado el actual MTOP no liberara el pago adeudado.

Según dijeron fuentes del consorcio a la diaria, existe una “situación límite” en las finanzas del proyecto, a raíz del incumplimiento del pago y de las obligaciones que asumió el grupo para mantener la seguridad de la faja ferroviaria ante el robo de la señalética y los cables de fibra óptica. La expectativa del grupo económico es que el actual gobierno habilite la transferencia y el arbitraje internacional quede sin lugar.

En un comunicado al que accedió la diaria, el grupo señala que el “Ferrocarril Central es el proyecto de infraestructura pública más importante desarrollado en Uruguay”, con una “inversión aproximada de 1.500 millones de dólares”, cuya “nueva vía férrea está operativa desde noviembre de 2023, permitiendo el transporte de la producción desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo”.

En el comunicado se señala que el “proyecto ha enfrentado múltiples desafíos”, desde “demoras en expropiaciones”, atrasos por la “pandemia de covid-19”, “aumentos de costos por la guerra Rusia-Ucrania”, “inundaciones de marzo de 2024” y “casos de vandalismo”. A partir de ello, los representantes del grupo han trabajado con el gobierno para renegociar el acuerdo inicial y acordar nuevos entendimientos.

“A pesar de estos acuerdos y del éxito del proyecto, que ha dotado a Uruguay de una infraestructura ferroviaria de vanguardia mundial, la Administración no ha cumplido con las obligaciones asumidas. Grupo Vía Central no ha recibido pagos del Estado por los servicios prestados desde el 24 de diciembre de 2023, lo que ha puesto al proyecto en una situación financiera crítica”, se señala.

Por lo tanto, y luego de “agotar las vías de negociación y mediación”, Grupo Vía Central decidió iniciar un proceso de arbitraje previsto en el contrato inicial, que determina que los conflictos se resuelvan bajo las reglas del Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

En un plazo de 30 días de notificado el MTOP se deberá designar un tribunal integrado por tres árbitros, nombrados de común acuerdo o a partir de las normas que establece el Código General del Proceso, que deberán laudar sobre el conflicto.

Asti: la obra “se inauguró dos veces y aún no está terminada”

Alfredo Asti, representante del Frente Amplio (FA) en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en el actual período, que ofició de supervisora de la obra, dijo a la diaria que el consorcio también incumple partes del contrato al haber entregado la obra “sin terminar completamente”. Como ejemplo, mencionó el Centro Control de Tráfico, señalética y balastro.

Asti agregó que “la obra originalmente se tenía que terminar en setiembre de 2022, luego en mayo de 2023 y luego hubo una nueva adenda, una nueva negociación del contrato, y se pasó al 24 de diciembre de 2023, cuando debía estar entregada con todas las condiciones que establece el pliego”. “No alcanzaba con que estuvieran circulando los trenes, tenía que cumplir con todo. Hoy todavía no se cumple”, señaló, si bien también marcó la responsabilidad del gobierno saliente.

En síntesis, el jerarca planteó que “se inauguró dos veces la obra y aún no está terminada, no están circulando la cantidad de trenes puestos en el contrato”. “Cada día que pase debería descontarse un monto importante por la no disponibilidad de la vía”, sentenció.

El proyecto fue diseñado originalmente durante la última administración del FA, entre 2015 y 2020, en el marco de la construcción de la segunda planta procesadora de celulosa de UPM, que ya está operativa desde hace un año y medio en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno. El tren fue pensado para trasladar la producción de la celulosa desde esa localidad hasta el puerto de Montevideo.

Desde que comenzó la obra hubo acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición por las responsabilidades en cuanto a los atrasos; por ejemplo, a causa de las expropiaciones imprevistas que dilataron la inauguración. Finalmente, el tren comenzó a operar a mediados de abril del año pasado.

La actual administración culpabilizó al FA por los “sobrecostos de la obra”. Luis Ceiter, asesor del actual MTOP, sostuvo en el Parlamento, en febrero del año pasado, que la primera modificación del contrato fue “producto de las dificultades que tuvo el proyecto por una formulación deficiente” en las expropiaciones. Esto llevó a que se hiciera la primera adenda. Así, el costo total del proyecto del Ferrocarril Central subió de 2.309 a 2.651 millones de dólares.

Luego hubo “dificultades de carácter técnico”, continuó Ceiter, y señaló especialmente “la situación del atravesamiento del río Yi en la ciudad de Durazno”. También mencionó “la situación de ingreso del ferrocarril en Montevideo, con sus 42 pasos a nivel”. Esto fue motivo de la segunda adenda, aunque en este caso se hizo a través de una mediación.

Finalmente, se redactó un memorando de entendimiento que elevó el costo total de la obra a 2.982 millones de dólares –673 millones de dólares más que el costo original– y que establecía este pago por el que el consorcio reclama.