Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto defendieron este jueves en el Parlamento el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), cuyas reservas de capital, se estima, se agotarían en julio.

Al término de la comparecencia, el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, afirmó en una rueda de prensa que existe “una clara determinación” por parte de los legisladores para “encontrar rápidamente una solución que permita no sólo rescatar del default al instituto, sino que establezca armónicamente correcciones previsionales que den sostenibilidad a largo plazo”.

Al igual que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, Di Doménico alertó sobre el plazo límite para la aprobación de la iniciativa en el Parlamento: “De acuerdo a la última información que disponemos, las reservas líquidas del instituto tendrían la posibilidad de darle cobertura efectiva al pago de obligaciones hasta el mes de junio inclusive”.

Di Doménico dijo que la reforma propuesta tiene “una tipificación de asunto de Estado”. “Nosotros le asignamos una importancia de primer orden a que en los próximos días la Caja de Profesionales tenga una nueva carta orgánica”, expresó.

Si bien puntualizó que el proyecto es “susceptible de ser analizado y corregido”, Di Doménico abogó por que “la solución de la Caja de Profesionales sea efectiva y no se le termine trasladando al Estado todo el costo de la solución”. En tal sentido, advirtió sobre lo “gravoso” que sería para la población en su conjunto un fracaso de la iniciativa. “Para aquellos que no están asegurados por la caja sería muchísimo más gravoso [en caso] de no mediar una solución de estas características”, manifestó.

En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo advierte sobre un “deterioro” de la relación entre los activos y los pasivos de la caja paraestatal, que se profundiza “en términos de pensión equivalente”. Así, mientras que 70% de los aportantes se ubica entre las categorías uno y cuatro –esto es, las menores franjas de cotización ficta–, “los pasivos son beneficiarios en su inmensa mayoría de pasividades correspondientes a sueldos básicos jubilatorios calculados sobre nominales de las categorías mayores”.

Las primeras reacciones de la oposición

El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, miembro de la comisión especial que tiene a estudio el proyecto, dijo a la diaria que tras la visita de las autoridades del Poder Ejecutivo “quedó en evidencia que el Frente Amplio [FA] cometió un error al no haber aprobado el proyecto de ley en 2023”, en referencia a la reforma impulsada por la anterior administración que fue rechazada por el FA y Cabildo Abierto.

El diputado del PC sostuvo que este proyecto “es mucho más severo” y mencionó, por ejemplo, el adelanto de la suba de la edad jubilatoria, ya prevista en la última reforma jubilatoria, para un conjunto de los profesionales. “Claramente contradiciendo lo que fue la manifestación del presidente [Yamandú] Orsi durante la campaña, cuando dijo que era posible acceder a una jubilación a los 60 años”.

En términos generales, el proyecto establece un incremento de la tasa de aportación para los activos, que aumentará de 18,5% a 22,5% sobre los fictos correspondientes; un nuevo gravamen para los pasivos, que oscilará entre 2% y 12% en función del nivel de ingresos; y un aporte económico del Estado desde Rentas Generales hacia la CJPPU, que sólo durante el transcurso de 2025 será por una suma equivalente a 110 millones de pesos por mes.

Rodríguez adelantó que en los próximos días propondrá varios cambios al proyecto, como “ver la posibilidad de explorar algunas fuentes alternativas de financiamiento que complementen a las que se proponen”. “Así como está [el proyecto] nosotros no lo llevamos, pero bueno, hay que conversar, [porque] nosotros sí tenemos la responsabilidad de darle una solución a la caja y no hacemos como el FA cuando era oposición”, expresó.

El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, también integrante de la comisión especial, dijo a la diaria que, para la oposición, “el proceso de análisis del proyecto empezó hoy”. En tal sentido, señaló que luego de recibir al directorio de la CJPPU y a los distintos gremios de profesionales, el PN solicitará una nueva comparecencia del Poder Ejecutivo al Parlamento.

“Está claro que este proyecto, así como está, nosotros difícilmente lo votemos”, afirmó Abdala, aunque aclaró que esto “no quiere decir que no intentemos procurar soluciones alternativas sobre la base de lo que está planteado y de incorporar otros elementos”.

El diputado del PN señaló como una eventual modificación “gestionar de mejor manera el timbre profesional para que aporte una mayor recaudación”, algo que “ha planteado la propia caja”, por un lado, y por otro, reforzar el cuerpo inspectivo del organismo previsional. “La propia caja, en alguna incursión que ha hecho entre los profesionales, ha estimado un nivel de evasión del entorno del 20%”, apuntó.