El Ministerio de Relaciones Exteriores iniciará en los próximos días una investigación administrativa, dispuesta por el canciller, Mario Lubetkin, el viernes 4 de abril, a raíz de documentación solicitada por el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que no se encuentra en poder de la cancillería.

En el marco de la causa que investiga la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento certificado con los chats entre el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel y la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, el fiscal Machado envió un exhorto el martes 1° de abril a la cancillería en el que solicitó que reenviaran expedientes que considera haber recibido incompletos o desordenados, y solicita que la secretaría de Estado identifique a algunos funcionarios participantes en el hecho que investiga, según informó Búsqueda.

Ante la situación de no encontrar la documentación que solicitó el fiscal, la cancillería optó por iniciar una investigación administrativa, sostuvo la subsecretaria de la cartera, Valeria Csukasi, entrevistada por Informativo Sarandí. “Es una cuestión administrativa a la que está obligada cualquier institución que percibe que puede haber habido algún mal manejo en el accionar administrativo de la propia institución”, indicó Csukasi.

La subsecretaria aclaró que la investigación no refiere a “la forma en que se le otorgó el pasaporte a Marset”, algo que ya fue objeto de un proceso administrativo que no encontró faltas dentro del proceder; en cambio, refiere a “documentos que deberían existir y que desaparecen”.

En la mencionada causa, Ache declaró que entregó un documento certificado al entonces director de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata, con los chats entre ella y Maciel, en los que este reconocía que el gobierno sabía que el narcotraficante uruguayo era “peligroso y pesado”, para que los incorporara como prueba a una investigación administrativa del ministerio.

Búsqueda informó en marzo de 2024 que Mata llevó el documento certificado a Presidencia y, una vez allí, Roberto Lafluf, asesor en comunicación y estrategia del expresidente Luis Lacalle Pou, según relató Ache, lo destruyó, y la subsecretaria, que insistía con entregar la documentación a la Justicia, volvió a certificar los chats con escribano.

Ahora, la cancillería trata de determinar cuál es la trazabilidad del documento. “Saber en realidad cómo un documento que debería ser parte de un expediente se extrae, se lleva de mano a Presidencia, desaparece, se vuelve a ingresar —no se sabe cómo se vuelve a ingresar—. No queda registro en ningún lado”, señaló la subsecretaria.

A diferencia de la cancillería del gobierno anterior, que decidió no iniciar la investigación administrativa porque el caso está siendo investigado por la Justicia, la nueva administración entiende “que la vía administrativa no choca ni compite con la vía judicial”, sostuvo Csukasi.

La viceministra afirmó que la secretaría no puede saber si el documento llegó a formar parte del expediente sin hacer la investigación. “En lugar de suponer, lo que queremos es que venga alguien y analice la situación”, acotó, y señaló que puede que la investigación determine simplemente una falta leve, como puede encontrar dolo o intencionalidad.

“Para no juzgar y no seguir, sobre todo, suponiendo –que le hace muy mal a la cancillería– sobre todo este proceso, dijimos: ‘Abramos la investigación administrativa y que surja lo que tenga que surgir’”, señaló Csukasi.

La subsecretaria también consideró que la sospecha y suposiciones no son justas con quienes trabajan en la cancillería, y afirmó que hay “abogadas que dicen ‘yo no tengo problema, yo quiero hablar, quiero explicar lo que pasó’. Pero nadie les preguntó”.