Finalmente, el Poder Ejecutivo cerró el proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que, según se estima, en junio ya no tendrá fondos suficientes para cubrir la totalidad de los egresos operativos. El proyecto fue presentado este jueves al directorio de la CJPPU por parte de una delegación del actual gobierno, liderada por el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico.

Tal y como estaba previsto, la reforma incluye nuevos aportes tanto de activos como de pasivos y una contribución económica por parte del Estado. La iniciativa también incluye cambios en el sistema de ajuste de los timbres profesionales y una reestructura en la gobernanza del organismo previsional.

En el proyecto, al que tuvo acceso la diaria, se establece a texto expreso que “la tasa de aportación de los afiliados activos será del 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición legal percibe la Caja”.

Al término de la reunión con las autoridades de la CJPPU, Di Doménico señaló que la reforma también incluye una serie de modificaciones en el esquema voluntario de los aportes de los activos. “Va a haber un conjunto de afiliados que tienen la posibilidad de incrementar su tasa de montepío en paralelo al régimen de montepío que tiene el BPS [Banco de Previsión Social] para los trabajadores independientes. Si no desean incrementar del 18,5% al 22,5%, tienen la opción de aumentar efectivamente la tasa de montepío al 22,5%, pero sin aumentar su cotización nominal mensual”, lo cual supone “una nueva escala de fictos que permita amortiguar ese incremento de cuatro puntos en la tasa de cotización, de forma tal de que no represente para esos afiliados un impacto adicional contributivo”.

En diálogo con la diaria, Fernando Rodríguez Sanguinetti, uno de los directores de la CJPPU, señaló que el planteo es aumentar la tasa de aportación al 22,5% “sobre los fictos”, los cuales “son altísimos y no se tocan”. El proyecto establece que en la categoría 1 el sueldo ficto será de 34.660 pesos uruguayos. El aumento de la tasa de aportación, sostuvo Rodríguez Sanguinetti, “es un aumento del 36% del valor del aporte, es como que en el montepío del BPS te pasaran a cobrar 36% más”.

Rodríguez Sanguinetti aseguró que esto “es una medida contraproducente para la Caja”, porque en anteriores aumentos de este tipo hubo “una corrida de gente”. “Lo hemos explicado hasta el cansancio”, afirmó, y señaló que en el último tiempo “se declararon muchos más profesionales en no ejercicio, mucha gente se detuvo en las categorías más bajas, y muchos se jubilaron, [porque] los que podían jubilarse se jubilaron, y las jubilaciones aumentaron como un 10% en cantidad”.

Para los pasivos de la CJPPU el proyecto establece “una prestación de carácter pecuniario” que “gravará el monto de asignación de jubilación o pensión de cada cédula con las actualizaciones que correspondan” y que se ajustará en función de los niveles de ingreso; en promedio, implicará un aumento de 9%. Se calcula que por esta medida habrá una recaudación de entre 40 y 45 millones de dólares al año.

Los profesionales jubilados cuya prestación no supere el valor de seis bases de prestaciones y contribuciones (BPC) estarán exentos de este gravamen. Aquellos que perciban pasividades de entre seis y diez BPC, pagarán un 2% adicional; de diez a 15 BPC, 7,5%; de 15 a 20 BPC, 10%, y quienes superen las 20 BPC, 12%.

Consultado al respecto, Rodríguez Sanguinetti definió esta medida como “un IASS [impuesto de asistencia a la seguridad social] nuevo”. “Le llaman ‘contribución pecuniaria’ para no decirle ‘impuesto’”, afirmó, y señaló que la medida que se propone “no es que sea atemporal ni mucho menos”, sino que es un “impuesto permanente”. Apuntó además que esto se aplica sobre los pasivos, “que son cautivos y no se pueden dar de baja”.

Por su parte, a partir de 2026, el Estado hará mensualmente una aportación económica equivalente a “dos tercios del promedio mensual de los montos recaudados por la contribución pecuniaria” –esto es, unos 30 millones de dólares– “en aquellos meses correspondientes al año previo en que fuese aplicable dicha contribución”.

Asimismo, la reforma establece que, de manera adicional y sólo durante 2025, el Estado volcará a la caja paraestatal “una suma equivalente a 110 millones de pesos uruguayos por mes a partir de la vigencia de la presente ley”. Este dinero saldrá de Rentas Generales y, según Di Doménico, “le permitirá a la Caja volver a tener capacidad financiera para soportar sus compromisos de corto y mediano plazo”.

Reducción del directorio y aumento de los timbres profesionales

La reforma prevé, a su vez, un cambio en el criterio de ajuste de los timbres profesionales, que actualmente varían de acuerdo al índice de precios al consumo (IPC). Se propone que este ajuste también considere el índice medio de salarios, a través de una “semi-suma”, lo cual le permitirá a la CJPPU contar con ingresos adicionales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo propone reducir de siete a cinco la cantidad de miembros en el directorio de la CJPPU. Di Doménico sostuvo que este cambio apunta a tener “una mejora en la gestión de los recursos”. En tal sentido, el proyecto también establece que los gastos de administración de la CJPPU “no podrán insumir más de un 4% de ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior actualizados por el IPC”. Dicho porcentaje descenderá a 3,5% en 2027 y a 3% en 2028.

Al respecto, Rodríguez Sanguinetti cuestionó que los dos cargos que se reducen salgan de los cinco directores electos, es decir, “se mantienen los dos del Poder Ejecutivo”. Los directores electos, dijo, “van a ser tres nada más” y sólo con el apoyo de “uno de los electos el Poder Ejecutivo pasa a tener mayoría absoluta, o sea, es una intervención”.

En este punto, el proyecto establece que el directorio podrá sesionar con la presencia de “por lo menos tres de sus miembros”, mientras que las decisiones “se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes”, excepto en aquellos casos “para los cuales se requieren mayorías especiales”.

Si bien la reforma que había propuesto el anterior gobierno no incluía una reestructuración del directorio de la CJPPU, Rodríguez Sanguinetti sostuvo que, en términos generales, “es la misma ley exprés que presentó el anterior gobierno”, excepto que “más dura”, porque “la otra era un poquito más gradual”.

Aquel proyecto de ley, que fracasó en el Parlamento debido a las negativas del Frente Amplio y Cabildo Abierto, establecía, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo impuesto para los profesionales jubilados y transferencias desde Rentas Generales hacia la caja paraestatal.

Rodríguez Sanguinetti consideró que la reforma elaborada por el Poder Ejecutivo supone “un mazazo a los afiliados” y señaló que, “más allá de que nos ofrecieron conversar”, el proyecto “está cerrado”, porque lleva la firma del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

El año pasado la CJPPU registró un déficit de 2.245 millones de pesos. Según informó Subrayado, este viernes, el proyecto será enviado al presidente de la República, Yamandú Orsi, quien posteriormente lo remitirá al Parlamento para dar inicio a su tratamiento legislativo.