Este miércoles sesionó por primera vez la comisión bicameral que tratará la elección de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y que también tendrá que discutir sobre la eventual destitución de Carmen Rodríguez, la presidenta del organismo, denunciada por acoso laboral.

A mediados de 2024, la INDDHH le inició a Rodríguez un procedimiento para investigar la denuncia de acoso laboral presentada por la responsable del Área de Salud Mental de la institución, Mónica Giordano. Ese proceso dentro del organismo concluyó en octubre del mismo año y tuvo una resolución del consejo, de febrero de 2025, en la que se detalla que durante la investigación se comprobaron “conductas hostiles de la denunciada en el ámbito laboral y en diversas situaciones”.

A mediados de marzo, funcionarios de la INDDHH nucleados en la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos fueron recibidos por la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio (FA) para conocer los detalles del proceso y poder crear insumos para transmitirles a las bancadas de legisladores, que deberán tomar una decisión sobre este tema.

Según el acta de la comisión, a la que tuvo acceso la diaria, los trabajadores manifestaron su preocupación ya que, ante la resolución de la comisión y de la investigación, Rodríguez continúa ocupando su cargo, situación que crea un conflicto “interno y grave” ante el riesgo de contacto con la denunciada. El gremio solicitó que Rodríguez fuera destituida, pero no recibió respuesta oficial de la institución, denunció.

En esa dirección, en la instancia se discutieron los mecanismos para que la destitución se haga efectiva. Según el relato hecho en la reunión, la Ley 18.446, que creó el organismo, no establece procedimientos claros ante casos como este y deja la posibilidad de que este asunto deba ser votado por la Asamblea General del Parlamento. En ese escenario, se necesita la misma cantidad de votos para la destitución que los que se debieron tener para el nombramiento, es decir, 120 votos en el plenario de la Asamblea General.

Dada la correlación de fuerzas en el Parlamento –y ante la posición que ha adoptado el Partido Nacional–, en el FA consideran poco probable que se pueda avanzar en esa acción mediante ese procedimiento, por lo que evaluarán la posibilidad de hacer cambios a la ley, con el objetivo de establecer un procedimiento para la destitución de autoridades ante casos como este.

Fuentes frenteamplistas dijeron a este medio que el tema aún no fue tratado en las bancadas, e internamente se comenzará a discutir en la Mesa Política el próximo lunes, pero en la comisión entienden que será “más fácil” modificar la ley “para que ponga un punto claro” sobre cómo proceder, que llevar el tema a la discusión en el plenario del Parlamento.

Las eventuales modificaciones al texto legal no determinarían cambios concretos en este caso, ya que no se aplicaría la retroactividad. Por lo tanto, y dada esa posibilidad, el FA le planteó al sindicato de trabajadores de la INDDHH la posibilidad de llevar este tema a la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde el Partido Nacional cuestionan que en el FA “ya den por supuesto” que se vaya a dar la destitución de Rodríguez, y se señala que “primero” hay que “sustanciar” el recurso presentado por la propia presidenta de la institución, que presentó un recurso de revocación. “No nos obliga la resolución del consejo”, dijo una fuente nacionalista a la diaria.

Los nacionalistas no quieren “mezclar” el asunto de la destitución de Rodríguez con la elección del sustituto de Wilder Tayler, y ya dan por hecho que quien reemplace al exdirector será aprobado con los votos frenteamplistas. Sin embargo, tienen la convicción de que la eventual destitución debe hacerse en la Asamblea General y “con los mismos votos o uno más de los que obtuvo” cuando se la designó.

Familiares y Crysol impulsan a Mariana Mota para sustituir a Wilder Tayler en la INDDHH

En paralelo a este tema, la comisión parlamentaria deberá elegir a quien sustituya a Wilder Tayler, exdirector de la institución que renunció hace algunas semanas por motivos personales.

Las organizaciones de derechos humanos, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Expresos Políticos Crysol impulsan a la exjueza Mariana Mota como la persona indicada para sustituir a Tayler en la dirección que impulsa la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Mota confirmó a la diaria que Familiares le consultó para manejar su nombre y ella aceptó.

En esa organización se entiende que lo mejor es que haya continuidad en ese trabajo y que el rol lo asuma una persona con un perfil similar al de Tayler. Por eso impulsan a Mota, quien trabajó como directora de la institución entre 2017 y 2022 e impulsó, junto con Tayler, el trabajo en esa búsqueda.

Gastón Grisoni, de Crysol, señaló a la diaria que esa organización se plegará a la iniciativa de Familiares y apoyará la designación de Mota; además, comentó que, cuando sean convocados, impulsarán modificaciones a la ley de la INDDHH con el objetivo de que la conformación del consejo tenga menos cargos políticos y más provenientes de la sociedad civil.

En el FA, señalaron fuentes políticas a este medio, no han tomado una postura sobre este asunto, si bien tienen en cuenta que el nombre de la exjueza está siendo promovido por las organizaciones de derechos humanos.