Hace algunas semanas, el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta cursó un pedido de informes a Presidencia con el objetivo de conocer todas las contrataciones que hizo el Estado con la fundación A Ganar desde el 1º de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2025, luego de conocerse que, tres días antes de abandonar el cargo, el expresidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución de contratación directa entre la fundación y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según la respuesta, a la que accedió la diaria, el Estado contrajo al menos 58 vínculos con la fundación durante los cinco años que duró la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou; todo esto por un monto de unos 807 millones de pesos, algo más de 21 millones de dólares al valor del final de febrero de este año.

Los vínculos conocidos hasta el momento –Brenta aún aguarda tener información sobre los vínculos entre la fundación y las diferentes intendencias, según informó El País– son en particular con cuatro organismos: la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Dirección de Desarrollo Social del Mides, la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). La respuesta también agrega dos contrataciones puntuales de la Intendencia de Maldonado y la de Durazno.

Los montos totales de las contrataciones son muy dispares entre los diferentes organismos. Por ejemplo, las relaciones entre la fundación y la SND y el Mides se llevan el 96,6% del total del monto, unos 20 millones de dólares. El Estado desembolsó 11 millones y medio de dólares por el vínculo con el Mides y otros nueve por la relación entre la fundación y la SND.

Los motivos de los contratos con la SND son varios, entre ellos, servicios de consultoría, limpieza y conservación de espacios verdes, mantenimiento de espacios para deportes, limpieza de locales y contratación de equipos multidisciplinarios. En el caso del Mides, se utilizaron estas contrataciones para incorporar equipos multidisciplinarios, gestionar refugios y centros de recuperación y adquirir servicios de consultoría.

Por su parte, el CEIP acordó cinco contrataciones con la fundación por 528.838 dólares por “servicios de campamento” y mantenimiento de áreas verdes. En tanto, la Dirección Nacional de Arquitectura tuvo acuerdos por un total de 17.825 dólares por “contratación de personal administrativo” y “servicio de consultoría: transporte con chóferes”.

La contratación que motivó el pedido de información mostraba un vínculo entre la fundación y el Mides por 3,6 millones de dólares para gestionar y hacer el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía, por un plazo que va desde diciembre de 2024 a diciembre de 2025.

Esto generó también que el Mides analizara los vínculos de la fundación con la cartera. Dos semanas después de asumir, el 16 de marzo, el ministro Gonzalo Civila anunció que el ministerio iba a mantener el convenio con la fundación, pero evaluaría la “pertinencia de esta contratación y sus prestaciones”. La razón detrás de la decisión del Poder Ejecutivo radica en que el fin de los acuerdos tendría como efecto la caída del contrato de 230 personas en situación de dependencia.

El ministerio argumentó que el servicio que presta la fundación en establecimientos de larga estadía es “de alta relevancia” porque se presta a “personas que presentan diagnóstico de cuidado permanente”, en algunos casos, a personas con dependencia severa.

La cartera informó que el monto “refiere a una contratación anual y más del 90% del mismo está destinado al pago de las mensualidades a los establecimientos y gastos por usuario/a”. También afirmó que a los efectos de “una evaluación adecuada de los convenios con organizaciones de la sociedad civil, el ministerio está trabajando en el perfeccionamiento de los mecanismos que permitan la realización de denuncias o valoraciones por parte de participantes y trabajadores/as de los distintos programas y dispositivos”.

Además, en el Frente Amplio existe la sospecha de que los vínculos entre la fundación y el Estado van más allá de estos organismos e incluyen a varias de las intendencias gobernadas por el Partido Nacional. Por ejemplo, el vínculo entre la organización y la Intendencia de Maldonado comenzó en 2015 e incluye contrataciones para las “funciones más diversas dentro de la administración”, según declaró a la diaria el diputado Joaquín Garlo en su momento. Estas sospechas también recaen para los gobiernos departamentales de Rocha, Durazno y Paysandú.

El FA esperará a recibir la información correspondiente a las intendencias para analizar qué acciones tomar.