El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Hugo Daniel Alza, consideró que el proyecto de ley para reformar la paraestatal, presentado este jueves por el Poder Ejecutivo al directorio del organismo, representará “un punto de inflexión” en caso de aprobarse y generará un “shock económico” para los afiliados, pero reconoció que “se sabía” que cuanto más se acercara la caja al estado de insolvencia, previsto para este junio, “más grande sería el shock”.
Entrevistado por la diaria, el presidente empleó una metáfora para ejemplificar el “estado de shock” que necesita la CJPPU: “Es como el que tiene un accidente grave. Le pisaron la pierna y se preocupa por cómo le quedó la uña y la cirugía estética”. Y agregó: “Lo primero es parar la sangre para que la vida pueda seguir, después veremos la parte estética”.
Alza sostuvo que los plazos para la institución están “muy acotados”, se llegó al límite “y hay que solucionarlo”. En ese sentido, afirmó que la solución ahora es “mucho más tajante” que la propuesta por el anterior gobierno, cuando la caja aún contaba con “un año y pico más de viabilidad”.
El presidente consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo es el que “puede presentarnos hoy y el que le da viabilidad al instituto por 20 años”. Aunque discrepa con algunos de los ajustes, Alza se mostró “conforme” con que el Poder Ejecutivo cumpliera con el compromiso de presentar el proyecto dentro del plazo planteado, a 40 días de asumir. “El Poder Ejecutivo tomó todos los antecedentes existentes en la transición, que ya le pasaba el gobierno anterior, se nutrió con información nueva y, desde el 1° de marzo a la fecha, ya elaboraron un proyecto de ley”, remarcó.
El directorio de la CJPPU analizará en los próximos días las modificaciones planteadas por el Ejecutivo, aunque Alza adelantó que hay “diversidad de opiniones”. Consideró que el directorio no debe ser “un palo en la rueda” si se quiere que “esto llegue a su fin y logremos la estabilidad del instituto”.
“Hay un Poder Ejecutivo que se comprometió y trajo una opinión y debemos contribuir a mejorar lo que venga de esa ley, en lo posible, y luego implementarla en forma inmediata”, sostuvo.
“El tema es estabilizar las cuentas a corto, mediano y largo plazo”
El proyecto, al que tuvo acceso la diaria, aumenta la tasa de aportes de los trabajadores activos a 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda. Al respecto, Alza reconoció que “no es el porcentaje que nosotros esperábamos”, pero “no se le obliga [al afiliado] a seguir aportando por una tasa superior, sino que le dan los caminos para que se pueda adecuar”; es decir, “para que aquel afiliado que no pueda mantenerse en ese nivel de ahorro para su jubilación baje de acuerdo a sus propias posibilidades de ahorro y se ubique en otra categoría”.
En 2024 la caja registró la peor proporción entre declaraciones de ejercicio y no ejercicio del último quinquenio: 63.759 declaraciones de ejercicio (37%) frente a 109.719 declaraciones de no ejercicio (63%). Consultado sobre posibles efectos del aumento de la tasa para los activos en estas cifras, el presidente consideró que las vías otorgadas para adecuarse según las posibilidades de ahorro “va a generar que la gente se quede y siga aportando en su nivel. Están las puertas abiertas para que lo puedan hacer”.
En cuanto a los pasivos, para quienes se prevé una tasa de contribución de cinco escalas, según los niveles de ingreso, calculada de acuerdo a la base de prestaciones y contribuciones, que, en promedio, implicará un aumento del 9%, el directorio cree que “es una contribución importante” y está “estudiando qué impacto puede tener”, sostuvo Alza.
El presidente también aclaró que “el directorio tiene potestades durante estos próximos años de mejorar las condiciones” de los aportes, una vez aliviada la situación financiera de la caja, por lo que podría “pedir que ese índice baje o que se modifique o que baje en determinado porcentaje. Es decir, que también puede llegar a no ser de por vida, sino hasta que el instituto logre estabilizar las cuentas”.
“Acá el tema es estabilizar las cuentas a corto, mediano y largo plazo, y generar la confiabilidad que la caja siempre tuvo. Y yo creo que todo este sistema de shock contribuye a eso”, consideró el presidente.
Sobre el cambio en el criterio de ajuste de los timbres profesionales, que pasaría a considerarse, además del índice de precios del consumo (IPC), el índice medio de salarios, a través de una “semisuma”, Alza sostuvo que era un reclamo de la CJPPU y valoró que fuera contemplado, aunque “en una proporción diferente” a la pedida por el directorio.
La reforma también establece que el Estado volcará a la caja paraestatal “una suma equivalente a 110 millones de pesos uruguayos por mes a partir de la vigencia de la presente ley”. Esta medida, para Alza, es una “certeza” que no estuvo presente ni en el gobierno anterior ni en los anteriores.
Asimismo, el Poder Ejecutivo propone reducir de siete a cinco la cantidad de miembros en el directorio de la CJPPU, al sacar dos directores electores pero manteniendo los dos directores del Poder Ejecutivo. “Este es un cambio sustancial de la gobernanza”, afirmó Alza, que considera que el Ejecutivo “tiene sus razones” para plantearlo porque “pone dinero del Estado, pone dinero de toda la sociedad y quiere tener más control sobre lo que se gasta”. Señaló que, en otras cajas paraestatales, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de nombrar al presidente.
Consultado sobre su opinión acerca de la reducción del directorio, Alza respondió que no lo ha pensado a fondo y, antes de emitir un juicio, quiere discutirlo “con el resto de mis compañeros del directorio y también con el resto de las gremiales que me apoyan”.
Por último, en cuanto a los gastos de administración de la CJPPU, el proyecto plantea que “no podrán insumir más de un 4% de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, actualizados por el IPC”, y que dicho porcentaje irá disminuyendo: a 3,5% en 2027 y 3% en 2028. Alza indicó que “hubiera querido que fuera quizás un punto más en cada uno de los años” y el directorio lo planteará en el Parlamento eventualmente. El presidente afirmó que la CJPPU ha trabajado en la reducción de los gastos administrativos y hoy se ubica en alrededor de 3,8%.