Presidente de la Unasev apunta a reglamentar ley de tránsito antes de julio para que en 2026 rija la libreta por puntos

Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), dijo que no quiere hablar de si en la gestión hay “dos fallecidos más o tres menos” en accidentes de tránsito, ya que existe “un estancamiento en los fallecidos que hay que romperlo para que baje”, y que en cuanto a los lesionados la “tendencia es mayor”.

En entrevista con la diaria, luego de presentar los datos de siniestralidad, que mostraron que en 2024 hubo 21.597 siniestros de tránsito y 434 personas fallecidas, el exintendente de Canelones afirmó que los números muestran que “ha habido un retiro de la Unasev del debate público”.

Esta presencia que buscan generar, explicó, tiene que ver con la comunicación, y argumentó que si los temas no se debaten y no se ponen “arriba de la mesa todo el tiempo”, si no hay un control, se “baja la guardia”. Asimismo, indicó que los datos de siniestralidad “no se presentaron el año pasado” y que la última reunión de la Junta Nacional de Seguridad Vial “fue el 30 de noviembre de 2021”. Esta junta está integrada por Presidencia, el Congreso de Intendentes, los ministerios del Interior, Transporte y Obras Públicas, Salud Pública y Educación y Cultura, y es “un lugar institucional que transversaliza todo”.

Si bien hubo un aumento de 4,9% de los siniestros de tránsitos en comparación con 2023, 2,8% de fallecidos y 7,8% de heridos graves, Metediera asegura que no hay “receta mágica”. “¿Cuál es la receta que te garantice que en cuatro o cinco meses cambiaste todo eso? No hay. Lo que sí hay es un combo de políticas públicas”, apuntó.

El jerarca, que asumió hace un mes su función, destacó que muere una persona por día en accidentes de tránsito y que hay 59 siniestros por día. “Hoy va a haber 75 personas lastimadas por esos siniestros de tránsito”, remarcó, y continuó: “Por cada persona fallecida, hay cuatro personas con discapacidad permanente por un siniestro de tránsito”.

Así, aseveró que lo que tienen que intentar hacer desde la unidad es “generar un cambio cultural permanente, insistiendo y aplicando un montón de políticas de seguridad vial de carácter nacional y que en términos políticos nos abrace a todos”.

“Planteamos el tema de reposicionar o que, de alguna forma, la Unasev vuelva a ser referente nacional en estos temas y se debata”, señaló, y adelantó que el plan de acción que está en elaboración tendrá líneas de trabajo con períodos a seis meses, de seis a 18 y de 18 a 60.

Metediera tiene la intención de crear una fiscalía de seguridad vial

El presidente de la Unasev mencionó las principales líneas que compondrán el plan de acción que se llevará adelante “en materia institucional, territorial, social, de descentralización”. En primer lugar, se plantea que la educación vial esté presente en la currícula de la educación pública, y “no que vengan los inspectores a hacer la escuelita de tránsito”.

La fiscalización es otro punto importante. Según dijo, si se planifica el trabajo “y después no se fiscaliza, no tiene sentido”.

En ese marco, Metediera se refirió a la creación de una fiscalía de seguridad vial, algo que considera “fundamental” porque “hay faltas que son graves” y se tratan en los juzgados de paz. “El juzgado de paz tiene 70 millones de problemas, entonces, si no juzga, todo el trabajo que nosotros hacemos no tiene efecto y la gente se distiende”, lamentó.

Un paso previo a la creación de esta fiscalía es la recopilación de información de las intendencias, la Policía Caminera, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Dijo que el objetivo es saber “cuántos artículos [de la ley de faltas] van a los juzgados y cuántos efectivamente se penan”, así como “averiguar qué carga de trabajo real tienen los juzgados” para “ver si efectivamente se puede absorber desde ahí o hay necesidad de crear una fiscalía”.

Consultado sobre si ya dialogó con referentes judiciales para asesorarse desde ese punto de vista, Metediera dijo que habló con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien fue fiscal y “tiene una vasta experiencia en esto”, así como algunos fiscales y personas vinculadas a lo jurídico.

Mencionó que junto con el equipo jurídico de la Unasev definió un “camino” cuyo primer paso es obtener la información, y que “seguramente” soliciten una reunión a los fiscales y a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Esto, resaltó, va en línea con fortalecer la presencia pública de la dependencia, ya que si se produce ese intercambio, “seguramente cuando venga el tema, capaz que [los fiscales] lo miran con otra cabeza”.

Ante la consulta de si este estudio concluiría antes de que se presente el proyecto de Ley de Presupuesto, Metediera consideró que está “llegando tarde”, ya que este tiene un plazo de armado de seis meses desde que asumió el gobierno. Sin embargo, cree que “se le puede buscar la vuelta” para crearla si lo consideran necesario.

Otro de los puntos del plan de acción de la Unasev es la reglamentación de la Ley 19.824, que actualiza la normativa en materia de tránsito y seguridad vial, que se aprobó en 2019 pero no se reglamentó, por lo que no se está aplicando.

Metediera hizo énfasis en el primer capítulo de esa norma, que refiere a “elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos”, en referencia a los autos y motos: “¿Qué elemento de seguridad deben tener los vehículos para entrar al país? ¿Qué calidad tienen las ruedas de las motos? ¿Deben tener los frenos ABS [sistema antibloqueo de frenos]? ¿El auto debe tener estabilizador?”, planteó.

Además, destacó el artículo 3, que refiere a la libreta de conducir por puntos, que “va a tener un cambio en el concepto, en la forma de salir a conducir”. El sistema, de acuerdo a su explicación, funcionaría con un puntaje inicial de ocho puntos, cifra que va en aumento, a medida que pasa el tiempo mientras no se cometan infracciones de tránsito: son estas las que restan. “Serían ocho puntos en el inicio, subís a 12 a los dos años, después dos puntos más a los tres años y un punto más a los tres años, para llegar a un total de 15 puntos máximos”, profundizó.

En ese sentido, detalló que “al tener libreta de puntos, te voy a obligar a actualizar de alguna manera para ganar el punto, por lo tanto, refrescás y cambiás”. Pronosticó que las personas van a conducir con “otro cuidado” y que esto además puede propiciar la igualdad de condiciones sociales, ya que “hay gente que tiene plata para pagar las multas y no le importa [que la multen], y sale a manejar con esa cabeza”.

Metediera dijo que tiene la intención de que la reglamentación de la ley “quede pronta antes de que se vayan los intendentes que están ahora”, porque es con ellos que se llegó a un acuerdo. Por lo tanto, una vez que se reglamente, la libreta por puntos comenzaría a regir el 1° de julio de 2026 para darles a los nuevos jefes departamentales un año para “aggiornarse”.

Explicó que es necesario “un desarrollo informático”, ya que el inspector se encargaría de cargar la multa: esta ingresa al sistema y “tiene la capacidad de controlar y ejecutar eso, que debería impactar en una licencia de conducir digital, donde se actualice la información”.

Las últimas acciones del plan consisten en convocar a la Junta Nacional de Seguridad Vial, trabajar con las personas en el territorio y hacer públicos los datos de la Unasev.

Por otro lado, subrayó que están a la espera de que los partidos de la oposición nombren a un director o directora de la unidad. “Están las puertas abiertas para que se integre a un equipo de trabajo, que sea uno más y no, [aunque] está en todo su derecho de hacerlo, venir a hacer oposición como tal”, enfatizó.

Repartidores de plataformas y normativa vial

Sobre qué acciones se están pensando para quienes trabajan como repartidores en plataformas digitales, Metediera adelantó que se fijó una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con repartidores para tratar este tema.

Precisó que las empresas que contratan a los repartidores deben ser “responsables”, ya que las formas de negocio y trabajo los “obliga y exige” a trabajar “en esas condiciones”. “Las empresas también tienen que ser parte de la solución, no está aislado el tema”, reafirmó.

También expresó que tienen la intención de reactivar un convenio que existió en 2013 con el PIT-CNT, que tenía el objetivo de darles camperas, chalecos o bandas retrorreflectivas a los trabajadores afiliados a la central sindical que utilizan motocicletas o similares para ir a su lugar de trabajo.

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