En una sesión del 7 de mayo, el Tribunal de Cuentas elaboró una resolución a raíz del pedido de la Junta Departamental de Artigas para que realice una auditoría del programa “Vale emprender”, que llevó adelante la intendencia de ese departamento con fondos propios y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El programa fue impulsado —y por eso tiene ese nombre— por la exdiputada blanca Valentina dos Santos, que en julio de 2024 fue condenada por usurpación de funciones.
El informe señala que el objetivo de la auditoría es el análisis de los fondos recibidos y ejecutados en el proyecto de fondos no reembolsables “de apoyo a emprendedores” del departamento de Artigas, que corresponde al período que va del 25 de noviembre de 2021 al 25 de julio de 2024.
Antes de entrar en detalles, la resolución del Tribunal de Cuentas señala que durante el desarrollo de la auditoría “se identificó una limitación significativa que afectó su alcance”. “En las carpetas correspondientes a los beneficiarios de las ayudas otorgadas, se constató la ausencia de información detallada sobre los ítems entregados y los importes a los que fueron adquiridos. Esta falta de documentación impide conciliar los montos ejecutados con las ayudas efectivamente otorgadas”, se agrega. Además, en el informe se indica que “no se llevó un registro auxiliar que permitiera identificar, por beneficiario, los importes, el detalle y la fecha de las ayudas otorgadas”.
En consecuencia —señala el tribunal—, la Intendencia de Artigas “no cuenta con información que permita conciliar los importes ejecutados con las ayudas otorgadas, ni con las rendiciones de cuentas presentadas a la OPP”, por lo tanto, “no es posible verificar si las partidas recibidas fueron ejecutadas y aplicadas al fin previsto”.
Más adelante, el informe consigna que el programa “Vale emprender” se financió con fondos de la Intendencia de Artigas y la OPP, en una proporción de 15% y 85%, respectivamente. Se trata del “Proyecto fondos no retornables de apoyo a los emprendedores del departamento de Artigas”, que fue aprobado por un total de $ 17.805.272, del que se ejecutaron gastos por $ 17.780.090, según el detalle que aportó la comuna de Artigas. Al desglosar el monto por año, el informe muestra que se gastó así: $ 4.595.651 (2021), $ 5.686.497 (2022), $ 4.886.967 (2023) y $ 2.610.975 (2024).
Se consigna que el programa tuvo 476 beneficiarios en todo Artigas, en particular en los municipios de Tomás Gomensoro (40), Baltasar Brum (44), Bella Unión (68) y Artigas (223), “además de otras localidades pequeñas” (101).
El tribunal señala que “inicialmente, según el reglamento aportado”, se consideró otorgar un fondo no retornable a los beneficiarios, pero luego se decidió que la intendencia “fuera la responsable de realizar las adquisiciones solicitadas, realizando las compras necesarias y se las entregara mediante firma de la recepción conforme del beneficiario”.
Las compras de insumos se hicieron a 65 proveedores y tres de ellos superan cada uno el 10% del monto total de las adquisiciones realizadas en este programa, indica el informe. Esos tres proveedores son M&N Soluciones Globales ($ 1.923.716), Super Jumbito Lidimarc SRL ($ 2.017.394) y Vicmar y CIA SAS ($ 3.066.645). Según lo informado por la intendencia, las ayudas realizadas fueron orientadas a los rubros gastronomía, almacén y kiosco, textil y artesanos, servicios, rurales y extracción de arena.
En carpetas
El informe señala que la intendencia cuenta con una carpeta física para cada beneficiario del programa “Vale emprender”, en la que se incluye “toda la información relacionada con el proceso de ayuda brindada”. A ese total se le aplicó un muestreo no estadístico “basado en el juicio profesional del auditor” y se examinaron 55 carpetas.
De ese análisis se concluye que “en ningún caso consta que se requiera la cédula de identidad con el fin de verificar la identidad y edad del beneficiario, a pesar de que la intendencia manifestó que el registro se realizó con el documento de identidad a la vista en presencia de un funcionario público”. “Tampoco consta constancia de domicilio para corroborar la residencia de los beneficiarios; al respecto la intendencia manifiesta que la totalidad de los emprendedores obtuvieron más de una visita domiciliaria, lo que no se pudo corroborar en actas”, se agrega.
Además, de las 55 carpetas que integran la muestra examinada, “54 corresponden a emprendimientos informales”. Y no fue presentada la declaración jurada “Fondos no retornables de apoyo a emprendimientos” en 34 carpetas de la muestra examinada, “mientras que en los casos que la incluyeron, 13 lo hicieron de forma incompleta”. A su vez, el informe señala que el formato de la declaración jurada “no incluye un espacio específico para detallar los bienes entregados”.
Por último, en el apartado “debilidades de control interno constatadas”, se señala, entre otras cuestiones, que 40 de las 55 carpetas examinadas “no cuentan con la constancia de recepción conforme por parte del beneficiario respecto a los bienes entregados”. “En consecuencia, en los casos mencionados no se cuenta con documentación que respalde las ayudas otorgadas”, se sentencia.