A una semana de que se termine el plazo propuesto para votar en la Cámara de Diputados y en la de Senadores el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJJPU), la oposición presentó una contrapropuesta a la iniciativa del Poder Ejecutivo, y este viernes se reunieron integrantes de la comisión especial para analizar los puntos de lo propuesto el jueves.
Uno de los puntos de la contrapropuesta es “no poner un impuesto” a las pasividades, o sea a los jubilados y pensionistas, lo cual es en respuesta a lo que propuso el Poder Ejecutivo de establecer “una prestación de carácter pecuniario” que grava el monto de asignación de jubilación o pensión de cada cédula con las actualizaciones que corresponda y que se ajustaría en función de los niveles de ingreso.
Otro de los diez puntos refiere a mantener 18,5% de aportación de los activos, que el gobierno busca aumentar a 22,5%, y que para la oposición “subir más en este momento implica fuga de profesionales al no ejercicio o a bajarse de categoría, y por tanto menor recaudación”.
A la salida de la reunión entre los diputados del Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), Partido Independiente e Identidad Soberana (IS), Joaquín Garlo, legislador frenteamplista, conversó con la prensa y señaló que de los diez puntos propuestos, la bancada del FA “entendió viable recoger ocho de ellos, en su mayoría, y con algunas variables en algunos puntos específicos”, que ya fueron comunicados a los demás legisladores que conforman la comisión especial.
Una de las diferencias tiene que ver con la fuente de financiamiento, ya que entienden que “no es de justicia que la carga de la financiación de la resolución de la Caja de Profesionales recaiga sobre la ciudadanía”, por lo que presentan “matices” con lo planteado sobre los timbres profesionales, que la oposición propuso actualizarlos por el Índice Medio de Salarios y actualizarlos diez puntos porcentuales desde julio de 2025, durante cinco semestres.
Asimismo, apuntó que están de acuerdo con “la posición [de] que el financiamiento tiene que tener el involucramiento de todos los actores que forman parte del sistema”, lo que se traduce, según dijo, en que “es importante mantener el aporte de los activos, de los pasivos, del Estado y también el financiamiento a través de los timbres”.
Por lo tanto, anunció que desde la bancada del FA plantearon una “reducción de la contribución de los pasivos en unos cuatro millones de dólares promedio anual que pondría el Estado”. “Estamos hablando entonces de un total de 36 millones de dólares promedio anual que el Estado pondría; cuatro millones de dólares más de lo que el proyecto original planteaba”, indicó.
Explicó que, a nivel de porcentaje, la reducción, en comparación a la propuesta original del Poder Ejecutivo, se vería reflejada en que quienes perciban de diez a 15 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) pasarían a pagar de 7,5% a 7%; de 15 a 20 BPC, de 10% a 9%, y quienes superen las 20 BPC, de 12% a 11%. “Estamos hablando de una reducción importante de plata que no pondría los pasivos, sino que se suma al aporte del Estado que pasa de 32 millones de dólares promedio anual a 36 millones de dólares”, agregó.
En ese sentido, uno de los cambios que había propuesto la oposición fue reforzar la asistencia financiera del Estado, y entendieron pertinente “que sea superior a la propuesta del Poder Ejecutivo”, por lo que estimaron que debería ser de 39 millones de dólares, que corresponden a “los valores recaudados por IASS [Impuesto a la Asistencia de Seguridad Social] que pagan los profesionales jubilados”.
Por otro lado, con respecto al cambio de la oposición de mantener el 18,5% de la tasa de aportación a los activos y no subirla a 22,5%, Garlo adelantó que esto se mantendría tal como lo presentó el Ejecutivo, pero con la “novedad” de que este aumento “se reduzca una vez que la situación financiera de la Caja se estabilice”.
“No es solamente atender la situación de urgencia que es real y todos la conocemos, sino también pensar en la estabilidad de la Caja de Profesionales para los próximos 20 años y por eso es importante que el esquema de financiación involucre a todos los actores que forman parte de este subsistema”, destacó.
A su vez, consultado sobre la crítica de la oposición de que subir la tasa de aportación podría provocar una “fuga de profesionales al no ejercicio o a bajarse de categoría”, Garlo enfatizó que sobre eso “el proyecto introduce una novedad muy importante, que es el cambio de la escala de fictos de aportación que se toma como referencia para determinar el aporte”.
“La modificación de la escala de diez categorías a 15 significa también la posibilidad de que aquellos activos que quieran seguir aportando el mismo monto en pesos que aportan hoy día, puedan seguir haciéndolo cambiándose de categoría”, detalló y expresó que “eso es un incentivo para la permanencia de la aportación de los activos para no perder masa de activos”. “Ese es un elemento muy importante del proyecto del que lamentablemente no hemos escuchado hablar en las últimas”, lamentó.
Sobre la votación del proyecto, el diputado informó que este lunes se reunirá la comisión especial para tratar la iniciativa, y que el miércoles, en sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, se votaría. “La oposición recibió nuestro planteo, escuchó y quedó deliberando, así que el lunes en la comisión escucharemos cuál es la posición definitiva respecto a esta propuesta que vamos a llevar nosotros desde la bancada y vamos a ver el desenlace del intercambio para ver en qué condiciones llegamos al día miércoles”, concluyó.
“El corazón de este proyecto de ley sigue siendo cargar a los trabajadores y los jubilados”, planteó Jisdonian
Sin embargo, desde la oposición, según el diputado del PN, Pedro Jisdonian, a partir de la devolución del FA corroboraron que “la postura del gobierno de cargar justamente la solución del problema de la caja profesional en los jubilados y los trabajadores no ha cambiado”. “Simplemente nos propusieron bajar un 1% en los dos niveles más altos de ingresos”, resumió y afirmó que no comparten ni coinciden, y entiende que “si bien es cierto que hay varios de los puntos que el gobierno entendió que era positivo, creemos que el corazón de este proyecto de ley sigue siendo cargar a los trabajadores y jubilados y nosotros con eso no estamos de acuerdo”.
Sobre la posibilidad de aportar los votos para que el proyecto salga adelante, Jisdonian resaltó que el hecho de que el FA haya contemplado la contrapropuesta como positiva será “fundamental a la hora de tomar una decisión”, pero que, sin embargo, será evaluado a la interna de los partidos, antes de definir.
En cuanto a los plazos, y la advertencia del presidente de la Caja, Daniel Alza, de que la iniciativa debe aprobarse antes del 31 de mayo, el diputado remarcó que “hay una garantía constitucional que justamente le da la posibilidad a los jubilados de que van a cobrar la jubilación porque está previsto en la constitución”. “Quizás fue intentar apurar más o meter de alguna manera a prepo una solución que nosotros no lo vamos a hacer de esa manera; hemos estado trabajando intensamente todos estos días para dar una respuesta que sea fundamentada, justa y posible”, enfatizó.
“Ahora con esta respuesta que hemos recibido del FA de no cambiar nada en lo relativo a los impuestos que se le quieren imponer a los jubilados y a los trabajadores, obviamente estamos en una situación que, lejana de conformidad, va a llevar a que tengamos que actuar en consecuencia”, finalizó.
En la misma línea, se expresó CA a través de su diputado Álvaro Perrone, quien dijo en rueda de prensa que “si había un aumento en lo que es el impuesto a la jubilación de la Caja de Profesionales, no lo íbamos a acompañar”. Por lo tanto, según Perrone, en vistas de que “la última devolución” del Ejecutivo en cuanto a que “las pasividades van a ser fuertemente gravadas, como quienes también están activos”, va a trasladar a su partido este sábado “la postura de no votar, no acompañar este proyecto”.