“¿Cuándo ingresan con la remera de Pascasio Báez Mena?”, se preguntó la hija del capitán de navío Alberto Ballestrino en un posteo de X, luego de que el pasado fin de semana los jugadores de Nacional y Peñarol salieran a la cancha portando la camiseta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Los Tupamaros desaparecieron gente. Eso no lo cuentan. No existe memoria completa en Uruguay. Lo único que hay son relatos tergiversados de ex terroristas”, versa la publicación. El cuerpo de Báez fue encontrado en junio de 1972, seis meses después de su asesinato por parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, y sus responsables fueron procesados por la Justicia militar. Ballestrino, en cambio, fue procesado por los delitos de tortura y asesinato de Óscar Fernández Mendieta recién en agosto de 2021, luego de 48 años de los hechos. Nunca fue despojado de los beneficios del estado militar.
Este tipo de mensajes suelen circular próximo a la fecha del 20 de mayo, día de conmemoración, reflexión y reclamo por la desaparición forzada de 197 personas durante el período del terrorismo de Estado. “Medio siglo robando el dinero de todos los uruguayos, a partir de la excusa de un ‘puñadito chico’ de desaparecidos, que integraban el aparato armado de organizaciones terroristas”, afirma un anónimo desde el perfil de X “Se tiene que saber Uruguay”, administrado por familiares de policías y militares procesados en democracia por delitos lesa humanidad, a los que definen como “prisioneros políticos”.
La supuesta motivación económica de mantener vivo el reclamo de búsqueda de las personas desaparecidas por la dictadura, el “curro de los derechos humanos” como suele resumirse, es uno de los principales relatos que se impulsan desde los círculos negacionistas. Asimismo, se atribuye la condición de “terrorista” a la totalidad de los desaparecidos, así como a quienes permanecieron detenidos durante la dictadura militar, cuando la mayoría de quienes colmaron los centros de reclusión provinieron de organizaciones políticas legales.
“Si te dicen que faltan los cuerpos de 197 uruguayos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura en Uruguay, te mienten”, afirmaba un posteo del militar retirado Roque García, quien fuera candidato cabildante por la Coalición Republicana a la Intendencia de Montevideo en la pasada elección departamental. En un video García señala supuestas diferencias en la cifra oficial de desaparecidos y cuestiona que se consideren en el número aquellos uruguayos cuyo último paradero desconocido fue en el extranjero. No obstante, se omite que esas desapariciones ocurrieron en el marco de operativos conjuntos de fuerzas represivas de las dictaduras integrantes del Plan Cóndor.
Las disputas por el pasado y las ultraderechas
El historiador Camilo López afirmó que la disputa por el pasado “es una constante de la relación entre historia y memoria”, y apuntó que la relectura del pasado histórico que hacen las ultraderechas a nivel global “es un revisionismo que no solamente se remite a las dictaduras”. Por ejemplo, en el caso de España, el partido de ultraderecha Vox habla de la batalla de Covadonga, que marcó el inicio de la reconquista de España de manos de los moros, y en realidad “no son los moros, son también los migrantes de hoy”. “Hay toda una visión sobre Occidente, la cristiandad, la hispanidad, que ellos recogen, de muy larga duración, que se contrapone y se extrapola de una forma muy maniquea al presente”, explicó.
De la misma forma, en la región, Ernesto Araújo, quien fue canciller del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, se refería a la recuperación de Lisboa por parte de los cristianos haciendo una analogía con la victoria de Bolsonaro sobre el entonces candidato –y actual presidente– Lula. Al mismo tiempo, las derechas latinoamericanas reivindican la conquista española, pero lo hacen “desde el lugar del encuentro” entre España y América Latina. “O sea, esta disputa sobre el pasado reciente está dentro de una disputa sobre el pasado en general como constructor de sentidos políticos, que generalmente reivindica la autoridad, la jerarquía, las tradiciones”, apuntó López.
El pasado reciente y la memoria de la dictadura
En este marco de los usos del pasado, también se disputa el sentido de lo que ocurrió en las dictaduras. “Eso se puede encontrar en América Latina, pero también en España, de una forma más velada, con cierto posicionamiento revisionista, no condenatorio o relativista en relación con el pasado franquista”, señaló López. En la región, mencionó el caso del excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien sostiene que el dictador Augusto Pinochet “salvó a Chile del marxismo”, y la reivindicación que hace Bolsonaro de figuras de la dictadura.
En Argentina, en tanto, se habla de la “memoria histórica completa”, una narración “construida desde el presente para relativizar y tratar de rescatar cosas del pasado autoritario como positivas”. Enfatizó que este tipo de narraciones “no resisten un análisis histórico”.
En Uruguay, señaló López, figuras del sistema político de “nuestra derecha liberal conservadora o liberal tradicional” han dicho “frases como ‘izquierdos humanos’ o han hablado de una mirada hemipléjica de los derechos humanos”. En ese marco, se busca “relativizar o revisar cosas que son injustificables, como los crímenes de lesa humanidad”, o se sostiene que el autoritarismo “salvó de un mal mayor o permitió otras cosas en teoría buenas”.
Estas acciones y discursos tienen “una cuestión táctica política de erosión de la izquierda, de confrontación con los movimientos sociales, con el movimiento de derechos humanos”, y al mismo tiempo buscan matizar de cierta forma lo sucedido.
El negacionismo en Uruguay y la posición de Cabildo Abierto
Para la historiadora Magdalena Broquetas, en Uruguay existen discursos con ingredientes “muy similares” a los de los movimientos negacionistas de la dictadura en la región, pero “matizados”, lo que “no le quita gravedad, pero hace más difícil el análisis”.
Los discursos negacionistas, que sostienen que no hubo dictadura, torturas ni desapariciones, y que en realidad las Fuerzas Armadas llegaron para “salvar al país del caos, de la violencia y de la crisis económica”, no son “nuevos”, y recordó que fueron “hegemónicos” durante la dictadura. “No hablaban de la represión como política de Estado, en todo caso aparecía como una especie de costo colateral en algún hecho puntual. La memoria que circulaba no hablaba de golpe, sino que hablaba de disolución de las cámaras; no hablaba de dictadura, sino que hablaba de gobierno cívico-militar”, detalló. Esta memoria “circulaba en la prensa grande y en los libros de las Fuerzas Armadas. No es que no hubiera otras, pero esas otras eran muy subterráneas, muy disidentes, circulaban por otros canales”, agregó Broquetas.
Más tarde, con la restauración democrática, “se armó toda la cultura de impunidad”. Durante el ciclo de gobiernos progresistas, entre 2005 y 2020, empezó a haber “un poco de justicia” y “se empiezan a poner en el debate político y en el debate educativo temas que no estaban”, como el del terrorismo de Estado. Es recién entonces que algunos grupos organizados, como en el caso de Cabildo Abierto (CA), empiezan a “impugnar la idea de la dictadura y el terrorismo de Estado”.
Broquetas mencionó en particular una entrevista realizada por Montevideo Portal a Carlos Silva Valiente en 2018, cuando era presidente del Centro Militar, en la que “dijo que no había habido dictadura, que Gregorio Álvarez no había sido dictador y que lo de los desaparecidos era un curro”. “Dijo: ‘Acá lo que hubo fue un vacío de poder, porque había un movimiento revolucionario que a los políticos se les fue de las manos, y la corporación militar actuó en el marco de la legalidad’. Habló del estado de guerra interno, de la Ley de Seguridad del Estado, de la disolución de las cámaras por decreto. Y esta persona fue clave en la formación de Cabildo, en la promoción de Cabildo”, señaló la historiadora.
Afirmó que CA fue “la punta lanza en tratar de frenar los juicios, de liberar a los [militares] que estaban presos y de reponer esta memoria, que era la memoria hegemónica de la dictadura y que en los 90 había permanecido latente”. Esta memoria también postula que lo que hubo fue una guerra, pero esta narrativa “no resiste la empiria, no resiste la investigación histórica”, sostuvo Broquetas. “No hubo ninguna guerra, lo único que hubo fue un estado de guerra interno que hasta el Colegio de Abogados declaró inconstitucional y que lo que buscaba era anular el Poder Judicial. O sea, que todo el mundo pasara a la Justicia militar, que no es justicia, que es un oxímoron, que es un código de leyes para organizar la vida en los cuarteles. O sea, que no hubiera hábeas corpus, que pudieran detener sin prueba, que la gente no fuera llevada a los abogados, que no supieran el paradero de los detenidos”, remarcó.
Broquetas señaló que lo que hubo fue “un proceso de insurgencia política y social que involucró a las izquierdas legales, a la izquierda social, a las izquierdas políticas de todo signo, también a los grupos armados, hubo una respuesta autoritaria mucho antes que el golpe, y hubo después un golpe de Estado que además fue un autogolpe, en donde hubo una coparticipación de civiles y militares, y después lo que hubo fue terrorismo de Estado”.
La historiadora recordó que cuando se dio el golpe de Estado hacía meses que la guerrilla había sido desmantelada y los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) estaban presos o en el exilio. Sostuvo que la dictadura no tuvo como objetivo desarticular la guerrilla, sino “desactivar a los sectores subalternos, que estaban politizados y que tenían proyectos con distinto tipo de horizonte revolucionario”.
Broquetas consideró que si bien no hay en Uruguay “corrientes negacionistas grandes”, sí hay “un negacionismo que es peligrosísimo”. Estos discursos tienen sus particularidades locales pero también existe “un paraguas regional y global que los está propiciando y alentando”. Acotó que las extremas derechas en la región “comparten los foros, el coaching, los publicistas”. Aseguró que se utiliza a nivel regional el mismo tipo de discurso y los mismos argumentos, en línea con lo que llaman “la batalla cultural”. En ese marco, las narrativas sobre el pasado reciente son “una piedra angular”, aunque consideró que estas derechas no tienen intelectuales que aporten pruebas que sustenten su relato sobre el pasado reciente: “Es súper ramplón, son enunciados que tiran, pero que no tienen ninguna base empírica”.
La nueva ola negacionista y el impulso de las redes
Por su parte, la politóloga Marcela Schenck relató que desde hace años se visualiza “un libreto común” que se fue adaptando en función de las especificidades y realidades de cada país. “Parte de la potencia discursiva de ese libreto estaba en vincular conceptos que podrían parecer contradictorios: por ejemplo, atacar a los movimientos sociales diciendo que limitaban la libertad de expresión de quienes no compartían sus ideas y, a la vez, minimizar las violaciones a los derechos humanos en el marco de las últimas dictaduras militares, o directamente negarlas”, afirmó.
Asimismo, señaló que otro elemento clave en ese sentido era “resignificar” términos como “dictadura”. “Se empleaba para atacar actores y discursos que no se compartían dentro de la propia democracia, tratando de denunciarlos como totalitarios, mientras no se hacía mención al terrorismo de Estado en nuestra historia reciente y se defendía abiertamente al autoritarismo”, señaló Schenck. Al igual que Broquetas, la politóloga también destacó como otro punto de atención la concreción de “eventos compartidos”, como foros o festivales, en los que participan de forma conjunta algunas figuras referentes de estos discursos, con “mensajes comunes que replican en distintos contextos nacionales”.
“Nuestras democracias latinoamericanas posdictadura nacieron heridas, y esa herida está en cómo pensamos las ideas de libertad e igualdad. En esta lectura de emergencia que se hizo en la transición democrática de lo que había que sacrificar para asegurar la libertad, quedaba afuera la igualdad, incluso la más mínima, la legal”, afirmó Schenck, y agregó que “nuestros proyectos políticos nacientes legitimaron la impunidad por las violaciones a los derechos humanos”. “En este nuevo giro del autoritarismo que estamos viviendo hoy, la propia democracia se borra de la ecuación y hay un vínculo directo con la idea de libertad. La libertad (individual, siempre en sentido negativo) es la que legitima la pérdida de democracia en este proyecto”, democracia que, por otra parte, se “recorta en su construcción histórica más sustantiva”, acotó.
La investigadora señaló que un “rasgo distintivo” de los discursos extremistas actuales en América Latina es su revisionismo de la historia reciente, “justificando regímenes dictatoriales y violaciones a los derechos humanos”. Resaltó las contradicciones discursivas de estos grupos ya que defienden “el derecho a la vida” contra el aborto voluntario a la par que minimizan las desapariciones forzadas; así como critican la “corrección política pero defienden abiertamente el autoritarismo”. “La libertad y la represión conviven pacíficamente en este discurso. Otra vez, en la supuesta incoherencia radica la potencia del discurso”, puntualizó.
Schenck mencionó que un elemento que se reitera en la literatura sobre los extremismos de derecha es cómo han logrado “salir de los márgenes” y “normalizar discursos que anteriormente no parecerían admisibles en la esfera pública”, algo que podría estar instalándose en nuestro país. Sobre este aspecto resaltó el caso de la candidatura de Roque García a la intendencia departamental. “Allí tuvimos un candidato a intendente en Montevideo que señaló que habría apoyado el golpe de 1973, además de tener una postura negacionista sobre los delitos de lesa humanidad cometidos”. Si bien recordó que García obtuvo una “magra votación”, alertó que el hecho de sostener públicamente y darles un lugar relevante a discursos de esas características “ya nos está diciendo algo significativo” sobre este cambio y sobre la posible “fuga hacia la centralidad del discurso que antes era marginal”.