Pese a las críticas del Partido Nacional (PN), la Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas del miércoles un proyecto de ley para regular los ingresos a las intendencias, a cinco días de las elecciones departamentales. “Hoy se empieza a terminar el ingreso a dedo a las intendencias”, celebró el diputado colorado Walter Cervini, en rueda de prensa, antes de ingresar al plenario de la cámara baja para levantar la mano a favor de la iniciativa que supo impulsar el fallecido senador del Partido Colorado (PC), su amigo, Adrián Peña.
Al tratarse de una normativa aplicable a los gobiernos departamentales, el proyecto requería, por disposición constitucional, una mayoría especial de dos tercios para ser aprobado, esto es, al menos 66 votos en la cámara baja. Juntos, los diputados frenteamplistas, colorados, cabildantes, independientes y soberanistas, quienes ya se habían expresado a favor de la iniciativa, reunían 70 votos. La bancada del PN acordó finalmente acompañar el proyecto en general e incluso algunos legisladores definieron votar a favor de los dos artículos del proyecto.
La nueva norma, que todavía debe aprobarse en la Cámara de Senadores para transformarse en ley, establece que tanto la designación como los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deberán realizarse por concurso público y abierto y, “en los casos en que los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten”, mediante sorteo público. Asimismo, la iniciativa prohíbe iniciar procesos para la provisión de vacantes durante el último año de mandato de cada gobierno departamental.
Se pretende “una igualdad social entre todos los uruguayos”
En conferencia de prensa, previo al comienzo del debate parlamentario, el diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci destacó que se haya alcanzado un acuerdo entre “cinco de los seis partidos aquí representados” con el propósito común de “transparentar el ingreso a los gobiernos departamentales”. Señaló que la iniciativa “no es nueva”, sino que “tiene bastante tiempo ya en el debate y en la consideración pública”. “En algunos momentos comenzará el debate y se terminará aprobando y dándole media sanción a este proyecto”, adelantó Tucci.
Por su parte, el diputado del FA Joaquín Garlo señaló que existen distintos informes, elaborados por especialistas, que garantizan que el proyecto es constitucional y por lo tanto no vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales, que es lo que esgrime el PN como principal crítica. “Este no es un tema nuevo en el Parlamento; desde el año 2005, por lo menos, se han presentado múltiples proyectos de ley en este sentido y por distintos partidos políticos”, apuntó Garlo.
En representación del Partido Nacional (PN), el diputado Fermín Farinha, exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, sostuvo en conferencia de prensa que el proyecto tuvo un pasaje “fugaz” por la Comisión de Códigos y Constitución, la cual no recogió la opinión del Congreso de Intendentes.
Farinha aseguró que el PN acompaña “los aspectos que refieren a la igualdad, la transparencia y la libertad de acceso a los cargos públicos” y sostuvo que, “en su gran mayoría, todos los estatutos de los gobiernos departamentales reconocen esos principios, [que] imperan justamente en su regulación y que, obviamente, también los aplican”.
El legislador nacionalista cuestionó también que el proyecto se haya puesto a votación horas antes de las elecciones departamentales: “Queda bien claro que detrás de esta propuesta seguramente hay otras intencionalidades”, manifestó. Segundos después, también en conferencia de prensa, Cervini respondió a esto último: “Les quiero decir que sí, que hay intencionalidad, [que] nuestra intención es que se corten los ingresos a dedo en las intendencias”, afirmó.
Cervini sostuvo que la nueva norma pretende consagrar “una igualdad social entre todos los uruguayos”, y señaló que esto “no es, nada más y nada menos, que la continuación de la última lucha que dio Adrián Peña en el período pasado en el Senado, donde faltó un solo voto para que este proyecto fuera votado como ley”. “Nosotros venimos a plantear que se terminó el momento de los discursos y que de una vez por todas este proyecto tiene que ser ley”, afirmó Cervini, y sostuvo que “para todos los uruguayos tiene que ser igual ingresar a trabajar a las intendencias”, sin “ser familiar de un político, ser amigo de un político o haber ido a un club político”.
Conferencia de prensa de la bancada de Diputados del Partido Nacional.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
El Partido Nacional hizo una contrapropuesta a último momento
Antes de las conferencias de prensa, en búsqueda de un posible consenso, la bancada del PN le presentó a la bancada del PC un proyecto de ley alternativo. La iniciativa, a la que tuvo acceso la diaria, disponía que la designación de los funcionarios públicos presupuestados de los gobiernos departamentales -sin ninguna mención a los ascensos- debería ajustarse a “los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”, de acuerdo a “las normas sancionadas por decreto departamental”. Y agregaba que, “mientras no lo establezcan tales procedimientos”, la designación sí debería realizarse por concurso público y abierto.
Además, el proyecto presentado a último momento por el PN establecía, en un artículo final, que la nueva norma entraría “en vigencia a los 90 días a partir de su publicación”. Para el PC esto era “inllevable”, dado que le hubiese permitido a los intendentes que resulten electos en las próximas elecciones departamentales un período de tiempo suficiente para designar y ascender a funcionarios municipales.
La diputada colorada Paula de Armas, encargada de presentar el proyecto en sala, dijo que la propuesta del PN cambiaba “rotundamente el ánimo” del proyecto que se pretendía aprobar. “Queremos brindarle a la ciudadanía la garantía suficiente para que haya igualdad de oportunidades, para que esto no sea arbitrario”, expresó.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, por el contrario, sostuvo que el proyecto “es inconstitucional”, por lo que, en caso de convertirse en ley, “sería un saludo a la bandera”. Al igual que Farinha, Goñi consideró que el Congreso de Intendentes “tiene que pronunciarse” sobre la iniciativa, ya que “es un tema que los involucra”.
“Estamos todos de acuerdo en un proyecto que de alguna forma busque transparentar el ingreso; el tema es que este proyecto es inconstitucional y atropella al Congreso de Intendentes”, subrayó Goñi, quien afirmó, además, que la nueva norma “va a generar una gran incertidumbre jurídica para funcionarios que ya están hoy en las intendencias”. “Va a generar una gran incertidumbre para decenas de miles de personas que hoy están contratadas en las intendencias; es muchísimo peor el remedio que la enfermedad”, manifestó.
Al respecto, De Armas dijo que una eventual afectación sobre los actuales funcionarios municipales “es una falacia”. “Nosotros estamos regulando el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos dentro de los gobiernos departamentales; este proyecto de ley no está dirigido a ningún puesto de trabajo existente hoy, nadie aquí está legislando para quitarle el trabajo a alguien, es una locura decir eso”, afirmó.
Por su parte, Garlo indicó que “lo que está en juego es el mecanismo de ingreso” y no “la potestad del intendente de contratar”, que va a seguir existiendo, pero en cumplimiento de “estos mecanismos que garanticen la transparencia y la igualdad de oportunidades”.