El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó al Parlamento la última Rendición de Cuentas de la administración de Luis Lacalle Pou. En la exposición de motivos del proyecto de ley, el MEF señala que el balance del gobierno que pasó “confirma una década de bajo crecimiento”, cuestiona las deudas y el gasto asumido por la anterior administración, que “imponen restricciones relevantes”, y proyecta un déficit para 2025 de 4%.

El proyecto señala que el balance del período del anterior gobierno “confirma una década de bajo crecimiento económico”, en la que los niveles de inversión estuvieron “por debajo de los requeridos” para que la economía “crezca a un ritmo capaz de sostener la matriz de protección social y mejorar el bienestar de la población”.

La economía creció en 2024 influenciada por el fin de la sequía, la reactivación de la planta de Ancap luego de la parada técnica y una “normalización” de la temporada turística. Con este registro, dice el MEF, se “cierra una década de bajo dinamismo” con un crecimiento anual de 1,1%, “muy por debajo” del 5,4% que se registró entre 2005 y 2014.

Por su parte, el MEF señala que la evolución del salario real tuvo forma de U: los salarios cayeron en 2020 y 2021, y comenzaron a recuperarse hacia el final del quinquenio. La nueva administración enfatiza en que, si bien en 2024 los “salarios lograron finalmente” ubicarse por encima de los valores de 2019, en el transcurso del período se “verificó una pérdida del poder adquisitivo”. “El salario mínimo nacional evolucionó en línea con el salario promedio, lo que contrasta con la dinámica observada entre 2005 y 2019, cuando aumentó por encima y operó como un instrumento para la reducción de la desigualdad”, se describe.

En cuanto a la pobreza y la indigencia, el MEF apunta que, a pesar de los cambios metodológicos generados en febrero de 2025, que ubicaron esos indicadores en 17,3% y 1,5%, respectivamente, el análisis confirma la “trayectoria que la metodología anterior reflejaba”: “una marcada reducción de la pobreza entre 2006 y 2017 seguida de una etapa de estabilización, un aumento en 2020 y 2021 y un descenso posterior que llevó a alcanzar, en 2024, el nivel registrado en 2019”.

Sobre la distribución del ingreso, el índice de Gini descendió en 2024 con respecto a 2023. De esta forma, señala el MEF, Uruguay volvió, luego de cinco años, a los niveles de desigualdad de 2019. El ingreso promedio de los hogares, en tanto, cerró el período en valores similares a 2019, luego de una caída en el medio del período. “A diferencia de anteriores quinquenios, el ingreso de los hogares del primer decil (el 10% de menores ingresos) cayó”, se añade.

En cuanto a la inflación, se destaca que desde junio de 2023 la inflación anual se ha mantenido dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU), que había fijado el objetivo en 4,5% con una tolerancia de +/- 1,5%. En 2024 la inflación cerró en 5,5%.

“Restricciones relevantes a la política fiscal” de la nueva administración

Sobre los temas fiscales, la actual administración cuestiona la eficacia de la regla fiscal establecida por el anterior gobierno, que se basaba en tres metas y en la creación de grupos técnicos externos. Si bien esto “contribuyó al debate” sobre los objetivos y estándares de la política fiscal, “no fue eficaz para cumplir con sus cometidos”. El déficit fiscal en 2023 y 2024 se “ubicó por encima del necesario para estabilizar la deuda pública, sin evitar las presiones fiscales en el contexto del ciclo electoral”, se señala.

En ese marco, el déficit fiscal del gobierno central-Banco de Previsión Social ascendió a 3,3% del PIB en 2024, mientras que el déficit del sector público consolidado (SPC) se ubicó en 4,2% del PIB. No obstante, señala el MEF, si se consideraran “ciertos gastos que fueron postergados” durante 2024 y algunos ingresos que “se adelantaron”, ambos indicadores se “situarían en niveles más elevados”.

“En 2024 se difirieron gastos por una magnitud inusualmente elevada, lo que produjo un doble efecto: redujo de forma artificial el déficit fiscal registrado ese año e incrementó el correspondiente a 2025”, cuestiona la cartera, y apunta que la anterior gestión solicitó adelantos de pagos de impuestos a las empresas públicas, lo que “mejoró el resultado fiscal de 2024 a costa de empeorar el de 2025”. “De no haberse aplicado estas medidas extraordinarias, el déficit fiscal de 2024 habría alcanzado 3,8% del PIB” y 4,6% en el SPC.

Tomando en consideración estos factores, el MEF advierte que la proyección del déficit fiscal para 2025 es de 4% del PIB. “Este contexto impone restricciones relevantes a la política fiscal en la etapa inicial del nuevo ciclo gubernamental”, describe. Sobre el endeudamiento, la deuda neta del gobierno central alcanzó en 2024 al 52,9% del PIB, lo que implica un aumento de 8,5% en comparación con el valor prepandemia.

En el final de la exposición, el MEF reitera que tendrá como objetivos centrales la dinamización de la economía, a través de la inversión privada y la mejora de la inserción internacional del país, y el “fortalecimiento” del sistema de protección social, con “especial foco en la infancia, con el fin de mitigar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”. “A su vez, buscará mejorar los resultados en materia de seguridad ciudadana, todo ello en el marco de una gestión fiscal responsable”, finaliza.

Partidas para salud y deudas del Ferrocarril Central

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2024 contiene siete artículos. En el primero pide al Poder Ejecutivo aprobar el resultado de 2024. Señala que durante ese año se registró un déficit de 117.000 millones de pesos, a los que hay que añadir 6.000 millones de pesos por “operaciones extrapresupuestales”.

Luego, desde la sección II del proyecto, se solicitan partidas especiales para afrontar diferentes situaciones. En el artículo 3 se faculta al MEF a habilitar el pago de los “créditos presupuestales necesarios” para dar cumplimiento a las “resoluciones judiciales” contra el Ministerio de Salud Pública que ordenan la compra de medicamentos de alto costo.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo también marca agregados presupuestales para atender parte de las deudas heredadas de la anterior administración. En el artículo 4 se le asigna a la Administración de los Servicios de Salud del Estado la suma de 2.000 millones de pesos para “gastos de funcionamiento”, mientras que en el 5 se plantea un refuerzo de 144 millones de dólares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para pagar los adeudos con el consorcio encargado de la obra del Ferrocarril Central.

Finalmente, en el artículo 7 el gobierno central pide endeudarse por un máximo de 3.450 millones de dólares para afrontar el ejercicio 2025.