El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, defendió la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno y de renegociar el contrato con el consorcio privado que se iba a encargar de la obra. Enfatizó que se trata de una decisión “técnica”, luego de que el expresidente Luis Lacalle Pou afirmara que la resolución fue “netamente política”.
En rueda de prensa, Ortuño aseguró que con la decisión se logra asegurar el abastecimiento de agua potable para la población, y recordó que las obras incluyen no sólo una nueva planta potabilizadora, sino la mejora de las redes de transporte de agua, así como la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico y de una pequeña planta potabilizadora que va a permitir “llevar agua a toda la Costa de Oro, incluso balnearios y zonas donde hoy no hay abastecimiento de agua potable, como Jaureguiberry”.
Destacó en segundo lugar que las obras se harán a un costo menor que el que estaba previsto, con un ahorro de más de 100 millones de dólares, y señaló que el hecho de que OSE esté encargada de la gestión garantizará que se cumpla con el artículo 47 de la Constitución, que dispone que el servicio de agua potable sea prestado por el Estado.
Ortuño afirmó que durante la sequía el país comprobó “en carne propia” los “problemas de salinidad y de concentración de cianobacterias y bromuros que afectan la calidad del Río de la Plata”, y que tomar agua de allí “no era la solución, ni en calidad ni en cantidad, porque Arazatí no tenía la capacidad de abastecer toda la demanda del área metropolitana”. En cambio, el ministro de Ambiente aseguró que con las obras que proyecta el gobierno a partir de la renegociación del contrato con el consorcio y de la construcción de la represa de Casupá sí se tendrá esa capacidad.
Sobre Casupá, el ministro ratificó lo anunciado por el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en entrevista con la diaria,, respecto de que “en los próximos días” se abrirá la primera etapa de la licitación, “que es un llamado a precalificación de empresas nacionales e internacionales, para luego hacer el proceso licitatorio que adjudique la obra”. “En paralelo estamos trabajando en el Ministerio de Ambiente en la actualización de los estudios ambientales. Ya se hizo por parte de OSE la actualización del costo de la represa”, indicó. Destacó que esta represa permitirá pasar de los 85 millones de metros cúbicos que hay actualmente de capacidad de embalse en Paso Severino y Canelón Grande a más de 200 millones de metros cúbicos de agua.
Ortuño confirmó que las obras previstas en este contrato, así como la obra de la represa de Casupá, estarán contempladas en la próxima ley de presupuesto.
Dijo que también se difundirá próximamente un estudio encargado por el gobierno anterior que “también reafirma, frente a escenarios de crisis o de sequía, la conveniencia de contar con una reserva como la que generará la represa de Casupá y la insuficiencia de haber dispuesto sólo de Arazatí”. Por otra parte, remarcó que la calidad del agua del río Santa Lucía es “muy superior” a la de Arazatí, y además el Santa Lucía sólo depende de las políticas de gestión ambiental de Uruguay, mientras que el manejo ambiental del Río de la Plata también depende de lo que hagan otros países, como Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
La “inconveniencia” de Arazatí, según los técnicos
Respecto de las críticas de Lacalle Pou a la decisión, Ortuño sostuvo que está “francamente equivocado”, porque la resolución “está largamente fundamentada por los técnicos”. En primer lugar, por los técnicos de OSE, quienes “entregaron un documento a principios de esta administración fundamentando técnicamente la inconveniencia de la toma en Arazatí y la importancia de fortalecer las reservas de agua en Casupá”, y también por técnicos de consultoras y organismos internacionales que “fundamentan la conveniencia de apostar al Santa Lucía y la inconveniencia, justamente por la salinidad, la calidad (del agua) y los costos asociados a superar esas debilidades del Río de la Plata, de tomar agua en Arazatí”.
“En todo caso, justamente lo que cuestionamos en su momento desde el directorio de OSE es que faltaba fundamento técnico en la decisión tomada en la administración anterior, pero respetamos las opiniones”, apuntó. Agregó que comparecerá al Parlamento en agosto, citado por la oposición, “con mucho fundamento técnico” y también “con la voluntad de seguir gestando un acuerdo nacional en torno al abastecimiento de agua potable”. “Pudimos hacerlo con la energía, pudimos dar un salto importante en telecomunicaciones, ahora tenemos que tener la madurez como sistema político, así como la tuvimos a nivel social”, de “ponernos de acuerdo, dar vuelta la página y realizar un paquete de obras muy importantes como las que tenemos planteadas, que nos permitan asegurar algo tan importante y un derecho humano tan fundamental como es el acceso al agua, y no tener agua salada en nuestras canillas como tuvimos en la última crisis hídrica”, concluyó.