Este jueves la comisión bicameral que trata la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió a cuatro de los candidatos a ocupar la vacante dejada por Bernardo Legnani en el directorio. Concretamente, los que expusieron ante los legisladores fueron la docente Mariana Achugar y los abogados Daniel Bruno, Ricardo Changala y Óscar López Goldaracena. El próximo lunes será el turno de las presentaciones de las dos candidaturas restantes: el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, y la asistente social Ana Agostino.
El proceso en comisión finalizará el mismo lunes, cuando los legisladores decidan qué nombres serán elevados a la Asamblea General. En principio, se maneja la disposición de todos los partidos de remitir todos los nombres, sin embargo, entran en juego otros aspectos. Uno de ellos es el legal, que, según está previsto, también será tratado el próximo lunes con base en el informe recibido de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
En el caso del informe enviado por la ONSC, al que accedió la diaria, no se señala “incompatibilidad” para ejercer el cargo de ninguna de las personas propuestas, con la excepción de Petit. Se señala que su cargo como comisionado parlamentario “es incompatible con otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia”.
En este sentido, de ser elegido, varias opiniones a la interna de la comisión entienden que debería renunciar a su cargo como comisionado parlamentario para asumir. Sin embargo, queda la duda de si no lo deberá hacer antes de someterse a la votación del plenario. “Eso debería ser algo a debatir en la comisión, la ONSC no dejó nada al respecto”, comentó a la diaria el senador colorado Robert Silva.
Otro de los requisitos es “no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación”. En el caso de Petit, se reconoce que, dado su actual cargo, “mantiene un vínculo de carácter político” desde 2015, aunque se puntualiza que “no se trata de un cargo electivo ni de particular confianza”, por lo que no queda prohibida su ocupación del cargo.
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez adelantó en comisión que cuando se trate el próximo lunes la interpretación jurídica sobre el caso de Petit, señalará algunas cuestiones. En diálogo con la diaria, el representante explicó que esto tiene que ver con el papel que ha desarrollado Petit los últimos dos años y con el apoyo que recibe por parte de la Asamblea General. Más allá de que la ONSC entiende que no es un cargo de “particular confianza”, para Rodríguez “puede haber dobles interpretaciones”. “No me cierro a otras posiciones, pero me van a tener que convencer”, apuntó.
Silva “descarta” esta prohibición, teniendo en cuenta el informe de la ONSC. En esa línea, consultado por las expectativas de apoyos que se espera conseguir para Petit –considerando que fue uno de sus impulsores–, señaló que “es el único candidato que reúne visiones compartidas, acuerdos, y el apoyo de legisladores de todos los partidos políticos” (Partido Colorado, Partido Independiente, Frente Amplio y Partido Nacional) y algunas organizaciones de la sociedad civil (Madres y Familiares, Idas y Vueltas, Familias Presentes, el Instituto de Comunicación y Desarrollo y el Centro Psicosocial Sur Palermo).
El lunes también se deberá tener en cuenta un informe solicitado este jueves a jurídica del Poder Legislativo. Este tiene que ver con el artículo 37 de la ley que creó a la INDDHH y refiere a la “representación equilibrada” entre hombres y mujeres en el directorio. Hay quienes entienden que, al haberse sustituido a Wilder Tayler por Mariana Mota, quien sustituya al otro director renunciante debería ser un hombre –dado que de los tres directores actuales, dos son mujeres, y ahora se sumó Mota–.
“No tengo una posición tomada, y capaz que mi opinión termine no siendo la de la opinión jurídica, pero la quiero leer porque me interesa tener una opinión que no sea una de nosotros”, señaló el diputado Rodríguez, impulsor de la solicitud de informe.
Las candidaturas
El abogado Bruno, uno de los candidatos que expuso este jueves ante la comisión, dijo a la diaria que detalló como uno de sus planteos la necesidad de que se “refuerce” la parte de Defensoría del Pueblo de la INDDHH. Dijo que se debe “destinar mayores recursos humanos a esta actividad y visibilizar más esta actividad defensorial para que la población sienta mayor presencia de la institución”.
Como otro de sus planteos, señaló que “las decisiones de admitir y tramitar denuncias” no pueden seguir siendo resorte del directorio de la INDDHH. En ese sentido, planteó que “urge” una reforma para que eso “recaiga en personal defensorial que pueda actuar rápido y sin tanto análisis colegiado”.
Achugar, por su parte, comentó a la diaria que, partiendo de que “los derechos humanos son indivisibles y están todos interrelacionados”, planteó durante su exposición que va a priorizar, de alcanzar el cargo, la defensa del medioambiente y la descentralización. “Se necesita garantizar que se proteja el derecho humano a vivir en un ambiente sano, y dentro de eso hay derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la alimentación, a la salud”, indicó. “En Uruguay tenemos una situación crítica con la cuestión del agua, el acceso al agua”, agregó.
En referencia a la descentralización, apuntó que entiende que la institución “tiene el rol de garantizar” que quienes ocupan el territorio puedan “tener una vida digna”, y por eso, debe estar “presente en todo el territorio”. “Articular con instituciones en distintas partes del país, también vincular esas organizaciones entre sí, y con redes internacionales”, marcó.
Por último, López Goldaracena dijo a la diaria que su foco, de llegar al cargo, estará en la “búsqueda de desaparecidos”, dado su carácter de abogado especializado y estudiante de la Licenciatura en Historia. “Toda la información que obra en los expedientes judiciales debería ser analizada por los historiadores como un insumo”, propuso para profundizar en el trabajo en esa área.
Indicó que también piensa trabajar en “salud mental” y por los derechos de las “personas en situación de discapacidad”. Agregó que es necesario llevar los derechos humanos al plano educativo, trabajando con “centros educativos, autoridades de la enseñanza, y acercándose al territorio”.