Mariana Mota fue designada el 31 de julio como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en sustitución de Wilder Tayler. Enseguida de asumir, la exjueza comenzó a trabajar en las líneas de investigación que dejó su antecesor un mes y medio antes de su llegada. Durante el tiempo que transcurrió entre la renuncia de Tayler y su elección, la institución estuvo acéfala en lo que respecta a la búsqueda de detenidos desaparecidos, y Mota lamentó que el proceso parlamentario haya demorado una “barbaridad”.
En entrevista con la diaria, Mota se posicionó a favor de la creación del Ministerio de Justicia, habló de la “expectativa” sobre los discos duros que se hallaron enterrados en la casa de un exfuncionario del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y cuestionó al gobierno por el anuncio, en el marco de un Consejo de Ministros, sobre la decisión de cautelar el Comando General de la Armada, que culminó sin hallazgos.
¿Cómo viste la negociación entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición para tu designación?
No es lo deseable. La designación de los integrantes del Consejo Directivo de la institución tiene que estar pura y exclusivamente basada en sus condiciones o aptitudes para desempeñar esos cargos y [los postulantes] tienen que ser propuestos por la sociedad civil. Y la sociedad civil los propone a partir de un conocimiento que tienen esas personas de su trayectoria anterior. Eso es algo en lo que se debió hacer foco, principalmente en la designación de este consejo, que generó estas dos renuncias. Eso hizo mucho ruido; las organizaciones sociales incluso hicieron una denuncia porque efectivamente entendían que se había transitado mal ese proceso de selección y de elección. Cuando se aceptó este proceso de llenar la primera vacante y luego la segunda, esas miradas político-partidarias volvieron a aflorar. Si uno mira algunas versiones taquigráficas iniciales e incluso expresiones de prensa de algunos integrantes parlamentarios, se mencionaba eso [parafrasea]: “Bueno, esto le toca a tal sector político, a este le toca esto, a tal otro sector político…”. No debería ser así. Lamento si fui parte de eso porque realmente no quiero prestarme para eso; no tuve mucha opción tampoco, pero no es algo para lo que debería prestarse nadie para ocupar estos cargos. De última, siento el respaldo de las organizaciones como una forma de decir que mi designación no es por una orientación político-partidaria, sino porque fueron muchas las organizaciones que me respaldaron. Tal vez podríamos pensar de qué manera evitar esa situación y, eventualmente, hacer alguna reforma en la ley para evitar que esas cosas vuelvan a tener incidencia, porque le hacen daño a la institución.
¿Creés que se demoró mucho tu designación?
El proceso se demoró una barbaridad. Más allá de que hay determinadas instancias que prevé la ley, instancias de dar conocimiento de la vacante, plazo para que las organizaciones sociales presenten candidatos y, luego, para que el Parlamento reciba los candidatos..., son plazos que ya de por sí están previstos, pero cuanto antes empecemos esos procesos es mejor. Porque, en realidad, el director saliente anunció antes que iba a salir y que iba a salir en tal fecha. Ahí hubo una lectura que no fue la mejor, porque la renuncia que él presentó al consejo, la presentó y se le aceptó. O sea, lo que dice la ley es que quien le acepta la renuncia es el Consejo, el Parlamento simplemente se entera. Pero entonces se empieza a tramitar el procedimiento de sustitución desde su salida efectiva, cuando en realidad esto podía hacerse desde su renuncia y no desde su cese efectivo. Todo ese tiempo se perdió.
Ya estuviste en la INDDHH. En aquel momento, ¿qué dificultades encontraste para el trabajo de la búsqueda de desaparecidos? ¿Qué crees que se debería reforzar para no encontrar esas mismas dificultades?
Hay algunas que persisten. La primera es la falta de información precisa de dónde buscar. Eso hace que todo esto se haya prolongado por años, y es incierto cuánto tiempo más se va a seguir prolongando. En la medida en que no sabemos a ciencia cierta dónde buscarlos, todo esto se prolonga, vas a lugares en los que parece que hay restos, pero efectivamente no hay, seguís pistas que no sabés si son buenas o no, estás a tientas buscando toda la explicación de cómo desaparecieron, por qué. La ley de la búsqueda no sólo le exige a la institución que busque los restos, sino que conozca y dé a conocer las circunstancias de cómo desaparecieron. Porque puede caber la eventualidad de que no los encontremos, pero entonces también construir esa parte de la historia a partir de información verificable. Todo eso se hace buscando datos y por rutas que tienen muchas vueltas, cuando lo ideal sería que esa información la tuviéramos en forma mucho más directa. Ni que hablar que supuestamente deberían existir archivos que tuvieran información más valiosa. Ahí tendría que haber una búsqueda proactiva por parte del Estado, [debería ocurrir] que diferentes organismos habiliten el acceso a archivos que tengan, que se asegure la intangibilidad de esos archivos para que lo que ahí haya no sea modificado hasta que se pueda acceder efectivamente a esa información. Lo otro es instar a que las personas que puedan tener alguna información la aporten.
¿No existe todavía esa disposición del Estado?
En algunos casos, no. En el anterior gobierno hubo dificultades y en otros lados a veces no ocurre. Entonces, eso tiene que estar.
¿Eso forma parte del pedido que le hace Familiares al presidente Yamandú Orsi?
Yo creo que sí.
¿Estás de acuerdo con ese pedido?
Con ese sentido, sí, sin duda. Tiene que haber una disponibilidad. Que no es sólo decirlo, sino que se materialice. Y si hay dificultades, allanarlas para que eso no ocurra. Eso, por un lado. Después, en los procesos de búsqueda no hemos tenido problemas en lo que se ha desarrollado, concretamente en lo que tiene que ver con las excavaciones. Se han cautelado los espacios, se han protegido, se han vigilado. No ha habido problemas, más que problemas muy puntuales y muy concretos, pero siempre resueltos.
Siempre se dice que los militares acostumbran llevar todo por escrito y tener un registro. ¿Tienen conocimiento de que esa información esté sistematizada?
Sí, en función de cómo actúan las Fuerzas Armadas en cualquier lado, que es justamente esto de consignar detalladamente todas sus acciones, sus procesos. También se hizo en la época de la dictadura. Eso, por un lado, me lleva a pensar que en algún lado está escrito. Por otro lado, [es necesario] matizar eso en el sentido de que cometieron un delito y eso lo saben, porque, en definitiva, mataron a una persona y para que no se sepa ocultaron su cuerpo. Si bien lo tienen que consignar, lo tienen que elaborar de otra forma en el registro. Esto, por ejemplo, se ve claramente en las muertes que ocurrieron en prisión. A la gente que mataron en tortura y de la que entregaron sus cuerpos, los entregaron, primero, con la condición de que no se podía abrir el cajón, de que las familias no podían verlo, y además vigilaban el velorio, el entierro, para asegurarse de que no fueran a abrir el cajón. Pero además elaboraban una partida de defunción con una causa de muerte que no era tal, sino que siempre era una causa de muerte natural, por una enfermedad o por alguna circunstancia, incluso por suicidio, pero no por agresión. En otros casos, incluso, o paralelamente a eso, se elaboraba un supuesto sumario donde se tomaba declaraciones a una serie de personas para ver qué había pasado con esa persona, y todo concluía en: “Lo encontramos muerto, fuimos y le pasó tal cosa” o “no pudimos evitar que se suicidara”. En fin, todo era exento de responsabilidad de los verdaderos responsables. En definitiva, a lo que voy es a que se consignaba la muerte; no se consignaba verdaderamente de qué manera había muerto, pero el dato estaba.
¿Qué información tenés de estos discos duros que se encontraron en el terreno de un exfuncionario del OCOA?
Son unos discos que se encontraron en un terreno, justamente, y no tenían una protección especial. De hecho, están en unas condiciones, de musgo y de tierra encima, que ojalá se pueda acceder a esa información. Podemos suponer que tienen vínculo con quien era el propietario de esa casa, un exfuncionario del OCOA, y eso nos hace pensar que esos discos pueden tener información interesante. Hay que esperar a ver qué pueden contener esos discos –ojalá se pueda saber– y ahí son varias hipótesis. Puede ser algo que esté vinculado con su actividad en el OCOA, algo que nos pueda ayudar en la búsqueda –que es lo que más nos interesa, por supuesto, en este lado– o pueden ser cosas que no tienen nada que ver con nada.
¿Creés que la verdad y la memoria en algún momento de la historia, debido al paso del tiempo, correrán por caminos separados al de la justicia?
Lo que pasa es que la justicia tiene un camino finito, porque cuando se mueren los responsables no hay a quién atribuir un hecho y establecer una sanción. Existe y se desarrolla hasta que los responsables o eventuales responsables puedan efectivamente asumir el castigo porque están vivos, si no ya no tiene sentido, no tiene razón de ser. Ahí se abre otro camino: si la búsqueda termina con la muerte de las personas. Sigue siendo una necesidad de la sociedad saber qué pasó, y creo que es una responsabilidad del Estado poder llegar a saber lo que pasó, a esclarecer y a informar con todos los datos que sean necesarios. Me parece que la memoria es una forma de reparación y de asegurar la reparación y la resignificación de las personas que sufrieron estas violaciones graves, pero también de asegurar que esta agresión del Estado a sus habitantes no vuelva a ocurrir.
¿Cómo viste el anuncio que hizo Presidencia de la cautela del Comando General de la Armada, luego de un Consejo de Ministros?
Eso no estuvo bien manejado, lamentablemente. Desde que empezó con esta tarea de búsqueda, la institución ha recibido información de diferente tipo, informaciones que se descartan; algunas hacen referencia específicamente a un predio, a algún espacio físico. Se hace todo ese trabajo de investigación, de acumulación de información, de determinación de espacios, etcétera, para llegar después a una cautela, pero todo se trabaja en mucho silencio, por protección, para que quien aporta ese dato no tenga temor de que le ocurra algo, porque el miedo siempre está presente. Se trabaja con mucho silencio, con mucha cautela, con mucha reserva. Que haya salido la información al inicio no fue buena cosa, porque en cierta manera perjudicó la investigación. O sea, esta información que se aportó de la Armada tenía más trabajo pendiente. Más allá de que, en la búsqueda efectiva, lo físico de la excavación no diera resultados, la investigación puede ir más allá, porque a veces la información no es del todo exacta o tiene algunos datos que son erróneos por diferentes circunstancias. Hay que protegerlo, pero lamentablemente eso no ocurrió. Está bueno que esas cosas no se repitan de esa manera.
¿Hay presiones a las personas que acercan información?
Muchas veces la gente que trae información tiene un miedo que es un poco irracional, pero eso está vinculado a una época en la que saber algo significaba riesgo. Eso ha permanecido en el tiempo, y uno a veces se pregunta por temor a qué. En realidad, no tiene un temor concreto. Muchas veces la mayoría de la información es muy lateral, por decirlo de alguna manera: nunca vino un represor directo a decir “yo pateé a Fulano”. Esas cosas no ocurren, lamentablemente.
¿Hay una continuidad del terror?
Yo creo que sí. Fue muy fuerte. Esto nos habla del grado de gravedad que tuvo todo esto: después de tantos años sigue existiendo el temor.
¿Qué opinión tenés sobre la creación del Ministerio de Justicia?
Yo estoy muy de acuerdo. El Ministerio de Justicia es un ministerio que realmente les resuelve un montón de cosas administrativas a la Justicia, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría, y es un resolvedor importante. Se genera mucho ruido en cuanto a que va a intervenir o va a tener algún grado de injerencia en cómo se administra la justicia, en cómo se dicta justicia. En absoluto. Lo que resuelve es si acá se precisa instalar un juzgado de tales características en una población tal, si precisamos tantos funcionarios... Toda esa cuestión la resuelve un ministerio y no se distrae la cabeza de los jueces, de los jerarcas, que lo que tenían que hacer era dedicarse a lo judicial, a la jurisdicción, a lo que estudiaron. Otra cosa fundamental es que el Ministerio de Justicia debería nuclear las diferentes cosas que están dispersas, que tienen relación con la administración de justicia pero están en diferentes organismos. Una pata muy importante es el tema de sacar las cárceles del Ministerio de Interior; necesariamente tienen que pasar porque, en definitiva, quien determina la privación de libertad y la ejecución de la pena es el Poder Judicial, o sea, deberían estar bajo la órbita de un Ministerio de Justicia que tenga una mirada de cumplimiento de la pena en esta cuestión de la rehabilitación. El Ministerio de Justicia me parece que es una cuestión bien interesante, ojalá exista en algún momento.
¿También ves esa discusión contaminada por la cuestión político-partidaria?
Sí, lamentablemente sí. Y demora muchísimo, todo demora mucho en Uruguay. La intervención de los políticos es lamentable, porque no podemos ponernos a definir si el Ministerio de Justicia sí o no según quién vaya a ser ministro. Esa es una cuestión muy circunstancial, estamos hablando de un órgano que va a permanecer. No podemos definir el órgano por un titular que va a ser eventual. Si es que fuera por eso, no sé, porque después puede haber discusiones acerca de cuántas competencias se le dan a ese ministerio y cuántas no, eso se podrá ver. Ojalá no prime eso, ojalá no sea así.