El 7 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez el cuidado como un derecho humano autónomo y consignó que todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, a cuidar y al autocuidado.

Este lunes, el Comité Consultivo de Cuidados emitió una proclama para solicitar una “financiación adecuada” del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y expresó su preocupación por “la insuficiencia de los recursos asignados al SNIC” para las personas mayores en situación de dependencia, en el marco del proyecto de Ley del Presupuesto Nacional. “Estos fondos son claramente insuficientes para garantizar plenamente el derecho al cuidado de todas las personas que dependen de estos servicios esenciales”, apuntó.

El proyecto de ley asignó 40 millones de pesos a la atención de la dependencia y discapacidad para 2026, y 80 millones de pesos a partir de 2027 para “ampliar la cobertura del servicio de asistentes personales para personas con dependencia severa”.

En la proclama señalan que “resulta alarmante” que cerca de 7.000 personas estén en lista de espera para el Programa de Asistentes Personales. Esa lista es “heredada del período de gobierno anterior” y se trata de “un servicio esencial para quienes necesitan apoyo en su vida diaria”. A su vez, indican que en el último período aproximadamente 4.000 personas fallecieron sin haber recibido la atención necesaria, lo que “evidencia una grave vulneración de derechos y demanda una reacción urgente”.

Además, solicitan que el presupuesto incluya partidas específicas para “fortalecer los cuidados de larga duración y cuidados (Elepem [establecimientos de larga estadía para personas mayores], asistentes personales, centros de día, teleasistencia, cuidados comunitarios y cuidados comunitarios en espacios colectivos), garantizando acceso equitativo y evitando vulneraciones a los derechos de las personas mayores”.

En ese sentido, el Comité Consultivo pidió que el Poder Ejecutivo y el Parlamento puedan reasignar y aumentar el presupuesto del SNIC “de manera inmediata” y así asegurar una “cobertura digna y efectiva para todas las personas cuidadas”.

Sol Scavino, doctora en Sociología e integrante del Comité Consultivo de Cuidados, dijo a la diaria que una asignación de recursos adecuada no es únicamente para sostener el SNIC, sino para atender de forma urgente la lista de espera de 7.000 personas.

Scavino dijo que “hay una deuda” con las personas que están esperando. “Es muy duro el dato de que hay personas con dependencia severa que mueren, que han sido baremados y seleccionados para esta política, para que esas familias reciban apoyo, ese apoyo de cuatro horas diarias de una cuidadora reconocida en el registro nacional de cuidadores, que tiene la formación que solicita el SNIC, y mueren en la espera de acceso a ese derecho”, afirmó.

Expresó que el presupuesto asignado no sólo es insuficiente porque “no da para ponernos a tiro en términos de política de atención a la dependencia”, sino también porque la previsión hecha por el Poder Ejecutivo “es muy inferior a la que las estimaciones económicas del propio Sistema de Cuidados fundamentaron” que es necesaria.

Scavino dijo que las políticas de cuidados para personas en situación de dependencia involucran a enfermos crónicos y a aquellos en situación de dependencia leve, moderada y severa. “Muchas de esas personas, si nos guiamos por los datos del censo de 2011, viven en los barrios más empobrecidos, por lo menos de Montevideo, en la corona periférica”, describió.

Scavino afirmó que las cargas de trabajo de cuidados no remunerados, que en su mayoría son mujeres, “son muy altas en el caso del cuidado de las personas en situación de dependencia severa”, lo cual “afecta no solamente la vida de esas mujeres, sino también, muchas veces, la vida de los niños”. “Cuando separamos poblaciones, nos olvidamos de que la sociedad existe en relaciones de interdependencia, es decir que los hogares con personas mayores y también con personas mayores en situación de dependencia, muchas veces se relacionan, de alguna forma, mediante la transferencia de fondos de hogares de quizá abuelos y abuelas que transfieren fondos a los cuidados de las infancias y también de algunas madres”, explicó.

Aseguró que “entender el tema de forma separada nos hace perder un poco la visión sobre los impactos que puede tener un sistema de cuidados universal y de calidad en el desarrollo de la sociedad, y esto, por supuesto, incluye el desarrollo del mercado laboral”.

Según adelantó, desde el comité se va a pedir a la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social que traslade el tema a la Junta Nacional de Cuidados, donde están representados varios ministerios, y también solicitarán reuniones a los parlamentarios y parlamentarias para transmitirles su preocupación con respecto al SNIC.