El Ministerio de Salud Pública (MSP) fue la segunda cartera en comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, para defender los planteos contenidos en la Ley de Presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo a fines de agosto.

Según el proyecto de ley, las iniciativas presupuestales están vinculadas a crear la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu), modificar la normativa que regula las farmacias, incorporar tecnologías sanitarias al Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y al Formulario Terapéutico de Medicamentos y crear el Instituto Nacional de Investigación y Bienestar; asignaciones y reasignaciones presupuestales para la compra de vacunas y productos sanitarios; salud mental; la dirección general del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó en conferencia de prensa que se trató de “una muy buena reunión de intercambio” con los legisladores. La secretaria de Estado dijo que las diez prioridades del MSP “están en consonancia” con las del gobierno nacional, las cuales “tienen que ver mucho con los tiempos de espera” y con “una concepción” del gobierno sobre que “la salud no puede esperar”.

En ese sentido, señaló que se está trabajando desde la Junta Nacional de Salud con todos los prestadores públicos y privados, así como con actores sociales, para “regular la normativa, la gestión e incorporar procedimientos diagnósticos que tienen que ver con los tiempos de espera”.

Planteó que este tema se vincula, a su vez, con la creación de la Avisu, sobre la que, según contó, “hubo muchas dudas por parte de legisladores” presentes en la comisión. “Tratamos, a través de la ingeniera Silvia Belvisi [directora general de Fiscalización], de ser muy claros [acerca] del rol que para nosotros tiene la agencia, que da un salto cualitativo para el país”, indicó, y resaltó que Uruguay es “uno de los pocos países de América Latina” en tener “una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y no el paso previo, que es una agencia regulatoria que permite, como instrumento técnico, dar garantías”.

Según la ministra, la creación de esta agencia “también va a fortalecer a la industria nacional” y “le da garantías para cuando alguien que produce medicamentos, tecnologías a nivel nacional, quiere exportar”.

Las áreas prioritarias de la Ley de Presupuesto son la infancia, la seguridad y la salud. En ese marco, Lustemberg resaltó que las asignaciones presupuestales del 40% están destinadas, en parte, “a priorizar los programas de primera infancia, infancia y adolescencia”. Asimismo, adelantó que la ley de garantías para las infancias y adolescencias, impulsada por el Frente Amplio (FA) y aprobada en la legislatura anterior, “está próxima a la reglamentación”, lo cual, según la ministra, “va a permitir reorganizar y ver cómo este incremento presupuestal impacta directamente en las familias”.

Salud mental

En lo vinculado a la salud mental, Lustemberg resaltó en comisión que se previeron asignaciones de partidas incrementales para fortalecer las prestaciones en esta área, y también se dispuso un cambio en la ley de salud mental en cuanto al plazo para prohibir la creación de nuevos espacios asilares y monovalentes, que vencería en 2029.

Afirmó que se están estudiando “todas las prestaciones que hoy están en diferentes modos en los prestadores de salud”. “Las dificultades que tenemos en el acceso a salud mental son notorias y vivenciadas por cada uno de nosotros”, lamentó, y continuó: “Sólo en ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] tenemos una lista de espera de más de 30.000 personas para acceder a equipos de salud mental. ASSE tiene 421.000 personas que están en lista de espera para especialistas”. A su vez, dijo que en prestadores dependientes de las instituciones de asistencia médica colectiva “hay dificultades”.

Por lo tanto, desde la cartera están trabajando en un decreto para “cambiar la normativa, la gestión” y así “ver cuáles son las especialidades, incorporar procedimientos de diagnósticos que mejoren algo tan sentido por cada uno de los ciudadanos, que son los tiempos de espera”.

Compra de vacunas

La ministra dijo que hubo acuerdo con los legisladores en lo vinculado a la asignación y reasignación presupuestal para “fortalecer el plan de inmunizaciones”, que tiene “un costo incremental a lo largo de estos cinco años”. Apuntó que Uruguay incorporó la vacuna antimeningocócica con una inversión de dos millones de dólares, y que “el año que viene va a significar una inversión de diez millones de dólares”.

Asimismo, Lustemberg expresó que desde el MSP quieren incorporar la vacuna de un anticuerpo monoclonal en los próximos años para los lactantes y otra para la prevención del virus sincicial respiratorio, y quieren hacer cambios en la vacuna antineumocócica y en la de HPV, sobre la cual existe “una baja cobertura”.

Para Satdjian, si bien hay punto de acuerdo, le dejó “gusto a poco”

El diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian, quien no integra la comisión pero igualmente participó, dialogó con la prensa y criticó que el presupuesto “no es coherente” con lo que se había manifestado en el período anterior y en el programa del FA. “En el período pasado se habló mucho del tema de salud y el SNIS, y a la hora de materializarlo en hechos ahora en el presupuesto nacional eso no se vio reflejado”.

Destacó que está de acuerdo con el aumento de presupuesto para las vacunas y “algo de salud mental”, pero que “en realidad este presupuesto se marca por tener más ausencias que avances”.

“Acá no hay artículos que refieren a mejorar tiempos de espera, a incorporar a la población, a los trabajadores municipales que faltan incorporar al Fonasa [Fondo Nacional de Salud], a la incorporación de distintos prestadores que hoy no están como sanidad policial y sanidad militar”, detalló, y afirmó: “Tenemos algunos puntos de acuerdo, pero en definitiva nos deja mucho gusto a poco”.

Por otro lado, criticó la agencia que se busca crear desde el MSP, y dijo que se trata de “una agencia que no es estatal para tener funciones de Salud Pública”, como de “sanción”, “habilitación de medicamentos” y “registro”.

Planteó que hay una “incoherencia” entre la asignación de recursos para la agencia, que es de 40 millones de pesos, y para salud mental, que es de 10 millones. “Creo que ahí las prioridades están un poco desordenadas”, manifestó.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien integra la comisión, también planteó preocupación por la creación de la agencia, ya que considera que se trata de “una burocratización de la regulación de todo el tema médicos y las medicinas”. “La solución de los problemas no es crear nuevas estructuras que burocratizan y generan costos que al final terminan pagando todos los usuarios”, consideró.

A su vez, dijo que planteó la posibilidad de “reflejar en el presupuesto lo que el compromiso interpartidario por los problemas de discapacidad”, que firmaron los entonces candidatos presidenciales, y que “no está reflejado en el cuerpo de propuestas del articulado de Salud Pública”. De esa forma, adelantó que la diputada nacionalista Fernanda Auersperg planteó dos aditivos correspondientes al MSP sobre este acuerdo “en términos de rehabilitación y salud”.