Este martes, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió al Congreso de Intendentes, que presentó oficialmente su contrapropuesta sobre el ingreso de personal a las intendencias. La delegación del órgano estuvo encabezada por su presidente, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Asimismo, contó con la presencia de varios jefes de gobiernos departamentales, como Alejo Umpiérrez (Rocha), Felipe Algorta (Durazno), Diego Irazábal (Flores), Ana Bentaberri (San José), Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones).

La instancia comenzó con la exposición por parte de Olivera de la propuesta. A partir de allí, los legisladores integrantes de la comisión hicieron apreciaciones, principalmente de forma, sobre el documento. La versión presentada plantea algunas innovaciones respecto a la que días atrás había llegado a comisión. Según explicaron fuentes políticas a la diaria, hubo varios cambios en la redacción en los últimos días.

A pesar de algunas diferencias, la voluntad de los actores de los distintos partidos en el Congreso de Intendentes permitió destrabar la situación. Se destacó, por ejemplo, el rol en este minucioso proceso de ajuste del nuevo consejero del Congreso por el Frente Amplio (FA), Enrique Canon, y de la secretaria ejecutiva y expresidenta del Partido Nacional (PN), Macarena Rubio.

Manteniendo la base del proyecto que fue aprobado en Diputados, en el que se remarcaba el concurso como regla, y el sorteo como posibilidad, la iniciativa del Congreso de Intendentes deja asentadas una serie de excepciones, entre ellas los cargos de carácter político o de particular confianza previstos por la legislación vigente. También se establece un tope de 4% para las contrataciones directas, las que “cesarán automáticamente” cuando termine el período de gobierno en el que se efectuaron.

Olivera valoró en diálogo con la diaria el hecho de que se trate del resultado de un “consenso de los 19 intendentes”. Detalló que los nuevos elementos agregados a lo que se aprobó en Cámara Baja buscan zanjar “lagunas de interpretación” que se podían generar. “Más allá de que ahora considerarán la propuesta, hay una voluntad –que se hizo saber en la propia comisión– de que en setiembre se pueda laudar el tratamiento y el proyecto pueda someterse a consideración del pleno”, detalló Olivera.

El presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, Nicolás Viera, comentó a la diaria que lo presentado por el Congreso de Intendentes es “un avance celebrado” por los distintos legisladores. Para el senador frenteamplista, el consenso logrado por el órgano que nuclea los gobiernos departamentales es una “evolución política” que, si no logra la “unanimidad del sistema político”, estará “cerca”. En ese sentido, detalló que desde la Cámara Alta existen “algunas diferencias en las redacciones”, pero “no en el fondo político”.

Nuevos elementos

El proyecto de los intendentes hace referencia a “otras modalidades de contratación” que serán permitidas más allá del concurso y el sorteo. Señala al arrendamiento de obra y de servicio, becarios, zafrales, eventuales y otras modalidades “que se establezcan por Decreto Departamental sancionado por mayoría especial de 2/3 de componentes del cuerpo”. Este contralor de la Junta Departamental no estaba establecido en las versiones anteriores de la propuesta del Congreso. Asimismo, la nueva versión presentada eliminó como posibilidad de contrato directo a los “adscriptos”, modalidad relativa a quienes colaboran “directamente” con los jerarcas.

La otra novedad de la propuesta está por fuera de la modalidad de ingresos y se relaciona directamente con el Congreso de Intendentes. Tiene que ver con que se agrega un artículo que prevé que se pueda realizar “traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa” en el órgano a “expresa solicitud”. “Pese a que es un órgano creado por la Constitución que hasta ahora no hemos logrado fortalecer, tenemos una estructura muy pequeña y la idea es no empezar a contratar gente”, explicó Olivera sobre este planteo.

¿Otra vez inconstitucionalidad?

Olivera reconoció que “hay algunas voces que sostienen que aun así se mantendría alguna inconstitucionalidad”. Según reconstruyó la diaria, este comentario se vincula a un planteo realizado en comisión por el senador colorado Pedro Bordaberry. Este habría hecho referencia al artículo 62 de la Constitución, en el que se deja constancia que “las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios públicos” serán aplicadas para los funcionarios cuando los gobiernos departamentales no hayan sancionado estatutos.

En el artículo 2 de la propuesta del Congreso de Intendentes se habla de que las “modalidades de contratación” exceptuadas del concurso y el sorteo quedarán “al amparo de normas legales” que las regulan. Estas son modalidades creadas en el marco de legislación que regula a funcionarios públicos, y, por tanto, contravienen el artículo 62 de la Constitución en el entendido de que los gobiernos departamentales tienen estatutos, según Bordaberry.

“Somos celosos de que toda norma que salga y nos involucre tenga estricto apego a la Constitución”, remarcó Olivera. Sin embargo, manifestó que el proyecto planteado “está blindado por los 19 intendentes”, y se espera que “pueda quedar blindado” por el Parlamento, dado que contempla “lo que se está pidiendo” en materia de “transparencia”.

Consenso, con diferencias

Para legislar sobre el ingreso de personal a las intendencias se mira de reojo –tanto intendentes como legisladores– el artículo 64 de la Constitución. Allí se establece que, “por dos tercios de votos” de cada cámara, el Poder Legislativo “podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales”. Allí también se deja constancia de que este criterio también comprende a los “Entes Autónomos”.

Este detalle hace que en el primer artículo de la propuesta del Congreso de Intendentes se deje claro que el ingreso “mediante concursos públicos y abiertos”, y la posibilidad de realizar “sorteos públicos” para ciertos cargos, además de aplicarse a los gobiernos departamentales, se aplicará a los entes autónomos. “Fue una cuestión más vinculada a una actitud propositiva de los intendentes”, comentó Olivera al ser consultado sobre la incorporación. Explicó que partiendo de la base de que se va a “llegar a un acuerdo en materia de transparencia” consiguiendo la “mayoría especial necesaria”, se entendió que también se podría sumar a los entes autónomos.

Aseguró, sin embargo, que su incorporación no es algo “decisivo” para el proyecto, desde el punto de vista de los intendentes. “Todavía no hemos podido entender jurídicamente qué sustenta nombrar los entes autónomos más allá del artículo 64 de la Constitución que lo establece”, comentó Viera sobre esta parte de la propuesta, en línea con varios legisladores de la comisión. “Creemos que poner cosas que al fin del día no tengan una consecuencia real puede hasta entorpecer la interpretación de las normas”, agregó.