El pasado 2 de setiembre, Cabildo Abierto mocionó para pasar la votación de la investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización para después del tratamiento del presupuesto quinquenal. En esa instancia, el partido liderado por Guido Manini Ríos consiguió los votos del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, y la votación se postergó. A partir de entonces, los representantes del resto de los partidos de la oposición mostraron su descontento en el plenario. Uno de ellos fue Gustavo Salle, que anunció que recurriría a la vía penal.

El líder de Identidad Soberana apuntó: “No voy a esperar al Poder Legislativo, no voy a esperar la postergación. Se puede denunciar, voy a denunciar, le voy a pedir al diputado [Juan Martín] Jorge todos los elementos que tiene y me voy a presentar” ante la Justicia. Esos dichos de Salle no quedaron sólo en la versión taquigráfica, sino que se tradujeron en hechos.

Horas después, con apoyo del diputado Jorge –impulsor de la investigadora– y la anuencia del senador Pedro Bordaberry –promotor de los argumentos jurídicos en la interpelación al ministro Alfredo Fratti–, quedó confirmado el apoyo del Partido Colorado a la denuncia. Según informó Búsqueda, el propio Bordaberry habría contactado a senadores blancos para conseguir también el apoyo de su partido, pero hasta entonces las filas nacionalistas permanecían analizándolo.

En medio del dinámico funcionamiento de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en Diputados, en los pasillos del edificio anexo al Palacio Legislativo fue tomando fuerza la pregunta de quiénes se sumarían a la iniciativa de Salle. El representante de IS había puesto como día límite para la presentación de la denuncia este jueves, por lo que los blancos y el diputado independiente estaban condicionados por estos tiempos.

Finalmente, la diaria confirmó que este miércoles el Partido Nacional tomó la decisión de apoyar la denuncia y empezó a trabajar en elementos nuevos para su redacción. Esto sobre la base de un documento ya redactado y afinado por el Partido Colorado e Identidad Soberana.

la diaria accedió a la primera versión –y por ahora única– de la denuncia penal que se presentará por la compra de la estancia María Dolores. Se señala la “aparente comisión” de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público. En ese sentido, se solicita que “se inicie investigación penal sobre las personas que hayan participado en dicha operación”.

Según reconstruyó la diaria, los blancos estarían alineados con estos planteos y buscarían adjuntar nuevos elementos, principalmente en línea con el delito de conjunción del interés personal y público. En ese sentido, más allá de la intención de presentar la denuncia este jueves, esa acción podría verse postergada para favorecer la anexión de nuevo material. Se maneja que, a más tardar, la denuncia será presentada este lunes.

El Partido Independiente aún no ha decidido apoyar la denuncia. En el partido se entiende, según supo la diaria, que al ir por esta vía existe la posibilidad de que pueda “enturbiarse” el avance hacia el ámbito de la comisión investigadora. En esa línea, consideran que ese ámbito es el “más pertinente”, dado que no sólo puede llegar a solicitar responsabilidades penales, sino también políticas.

El delito de abuso de funciones

En la redacción de la denuncia –a la que accedió la diaria–, donde se solicita la investigación de cuatro delitos, también se adjunta una serie de elementos que la respaldan. En el caso del delito de abuso de funciones, se señala que la adquisición de la estancia María Dolores “se encuentra presumiblemente condicionada por fines ajenos a los intereses de la administración”. Se afirma que, por el contrario, la compra se hizo en “homenaje” al expresidente José Mujica.

La afirmación sobre el “homenaje” como motivación de la compra se fundamenta en la denuncia en “el anuncio realizado públicamente” por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, en ocasión del cortejo fúnebre de Mujica. A su vez, se afirma que esto fue “respaldado expresamente por el entonces presidente del INC, Eduardo Viera”.

Concretamente, se hace referencia al acta de la sesión del directorio del INC del 14 de mayo de 2025, donde queda asentado que se resolvió considerar el ofrecimiento de los padrones “en homenaje al exmandatario José Mujica”. Asimismo, dentro de los planteos que se hace para el respaldo de este delito se menciona que se “carecía de disponibilidad presupuestaria suficiente para afrontar el gasto” a la hora de resolver la compra.

También se apunta a las diferencias entre el precio por hectárea que señalaban informes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (4.400 dólares) y el que efectivamente se pagó (7.300 dólares). Por último, se menciona que tanto el expresidente Viera como la directora Karina Henderson “se encontraban inhabilitados para integrar el Directorio, conforme al artículo 200 de la Constitución”.

El delito de fraude

En cuanto al delito de fraude, se sostiene como principal argumento que la Ley 11.029 –que creó el INC– “habilita, en situaciones excepcionales, la adquisición directa de tierras, pero exige la aprobación de cuatro votos conformes del Directorio”. En ese sentido, se subraya que el acta de la sesión en la que se aprobó la compra da cuenta del voto conforme de sólo tres directores. Los otros dos, Luca Manassi y José Amy, votaron en contra.

“Este extremo fue señalado por el Tribunal de Cuentas de la República”, recuerda la denuncia. Además, cuestiona “la contratación irregular de un informe profesional externo, pese a existir ya un dictamen elaborado por un profesor grado 5 que establecía la necesidad de cuatro votos conformes para la resolución”.

En ese sentido, se concluye sobre ese delito que “las acciones de los directores que votaron afirmativamente revela un presunto proceder engañoso: se adoptó la decisión de compra con fines ajenos al interés público –el homenaje político al expresidente José Mujica–, a sabiendas de que no se contaba con el quórum legal ni con la documentación técnica adecuada”.

El delito de falsificación ideológica

El 14 de mayo, cuando el directorio del INC ejerció el derecho de preferencia para la adquisición de la estancia María Dolores, “se dictó” la resolución sin contar con el informe técnico preceptivo”, sostiene la argumentación de la denuncia. Este informe, que es requerido por la normativa, “nunca fue elaborado conforme a los requisitos legales”, según se sostiene. Sin embargo, se “incorporó posteriormente un documento que se limitó a resumir las características físicas del inmueble y su entorno, sin cumplir la función de evaluar la explotación económica del bien”.

Ese informe, según se puntualiza, “agregado dos días después” pero con “fecha antedatada al 28 de abril de 2025”, es lo central para hablar de falsificación ideológica de documento público, acorde a la denuncia. “La justificación presentada ante el Parlamento fue que se trató de una “desprolijidad” administrativa, descartando la existencia de ilegalidad”, recuerda el documento de la oposición. En tanto, concluye que “se aprecia que la documentación fue presumiblemente manipulada para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada”.

Delito de conjunción del interés personal y público

La fundamentación de la denuncia sostiene que “la conducta del entonces presidente del INC, Eduardo Viera, revela un presunto interés personal directo en los actos administrativos que debía supervisar”. Concretamente, se menciona que “omitió declarar su calidad de colono en su currículum y solicitó venia para intervenir en la adquisición de la estancia María Dolores promoviendo la compra estando legalmente inhibido”.

Además, se subraya que Viera “ocultó que mantenía deudas con el INC, situación que agrava la presunta interferencia en los actos administrativos y constituye una violación del art. 200 de la Constitución, que prohíbe que personas con interés privado directo participen en decisiones del directorio”. En la misma línea, se menciona el caso de Henderson.

“La conducta de Viera y Henderson evidencia una presumible concurrencia de intereses privados con el ejercicio de funciones públicas, generando un riesgo para los intereses del Estado y encuadrando bajo apariencia delictiva”, resume al respecto el documento.