La semana pasada se inició su tratamiento parlamentario del presupuesto quinquenal, y el debate ya se ha extendido a diversos ámbitos. Incluso antes de que el proyecto de ley ingresara al Parlamento, desde la Universidad de la República (Udelar) comenzaron a escucharse las primeras manifestaciones de disconformidad. La partida presupuestal asignada representa, si no se introducen cambios en el Poder Legislativo, apenas un 3% de lo solicitado por la institución, por lo que será “casi ínfimo” lo que se podrá cubrir de las necesidades que tiene la universidad, según afirmó días atrás el rector de la Udelar, Héctor Cancela. En entrevista con la diaria Radio, el antecesor de Cancela, Rodrigo Arim, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), consideró que “hay un cambio cualitativo” en el mensaje presupuestal para la Universidad en comparación con el período anterior.

Aunque reconoció cierta incomodidad por su pasado al frente de la Udelar durante dos períodos, Arim dijo que su cargo actual le exige “no tener una mirada sesgada y mirar a alguna entidad del Estado en particular, sino mirar el conjunto de las políticas públicas a las cuales se comprometió este gobierno”. Hecha esa aclaración, el director de la OPP sostuvo que, si bien podría discutirse si existe una diferencia en términos cuantitativos, en el presupuesto lo que sí hay es un cambio cualitativo, ya que el gobierno anterior no envió incrementos a la Udelar ni en el presupuesto ni en las rendiciones de cuentas.

El director de la OPP destacó que, dentro del presupuesto acotado de 140 millones de dólares, la Universidad “tiene un peso relativo de entre un 6% y un 7%”. Consideró que “no es menor dentro del conjunto de incrementos presupuestales que establece el Poder Ejecutivo”, aunque sea insuficiente para el conjunto de objetivos que tiene la Udelar. Además, sostuvo que la partida de 150 millones de pesos para becas de grado “es importante” y “no es una cifra menor” desde el punto de vista de la asignación presupuestal que tiene hoy la Universidad para destinar a becas. El jerarca destacó la partida en el contexto de que “el Poder Ejecutivo está priorizando las becas a lo largo de todo el ciclo de vida”. Desde la Udelar, sin embargo, se ha señalado que más de 3.400 becas son rechazadas por falta de fondos y que la partida asignada permitiría acceder a la beca a sólo una quinta parte de los solicitantes –cerca de 700 estudiantes–.

No obstante, Arim señaló que el presupuesto “no está resuelto todavía”, dado que “hay un espacio de discusión a nivel parlamentario” que podrá tomar decisiones “respetando el perímetro fiscal”. En ese marco, resaltó que la Udelar llega a la discusión legislativa “con una dotación presupuestal que no es cero”.

Entre otros aspectos, Cancela se ha referido al incremento cero para el régimen de dedicación total, relacionado con el pedido del 1% del producto interno bruto para investigación, que acompaña la solicitud del 6% para educación. Consultado al respecto, Arim dijo que no cree en “cifras mágicas”: “Nunca he defendido una postura de anclar reivindicaciones presupuestales en políticas en cifras, entre otras cosas, porque creo que hay que llenarlas de contenido”, sostuvo el exrector. Señaló que, al igual que los demás incisos presupuestales, la Udelar tiene por delante el desafío de convencer de “que estas áreas son prioritarias en un contexto en el que la asignación presupuestal global ya está definida”.

“El presupuesto quinquenal está formulado para sostener el plan de gobierno”

El director de la OPP aseguró que “el presupuesto quinquenal está formulado para sostener el plan de gobierno” y sus prioridades: infancia y adolescencia, convivencia y seguridad, y aceleración del crecimiento. Remarcó que el perímetro fiscal es de 140 millones de dólares de incremento del gasto. A propósito, consideró que “la izquierda tiene un enorme desafío, que es demostrar que es capaz de gobernar desde la izquierda en contextos de redistribuciones”. Arim señaló que el presupuesto se construyó sobre la “base de la responsabilidad, de la transparencia y de darles sustentabilidad a las políticas; estamos construyendo nuevas políticas, pero tenemos que estar seguros de que esas políticas son sustentables”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que “basta ver algunos ejemplos de la región, desde la izquierda, para entender que cuando no se toma esto en cuenta, finalmente se entra en situaciones muy difíciles de administrar”. Acotó que en el presupuesto del Poder Ejecutivo “son los gastos la variable de ajuste”, al tiempo que incrementa “la senda de ingresos” y “no abandona la política”, ya que prioriza a “los más vulnerables”.

“Es razonable que haya situaciones de disconformidad, pero es un presupuesto que no apuesta a hacer un ajuste en términos de lo que se invierte en políticas públicas. Apuesta a ubicar a Uruguay en una trayectoria fiscal sostenible al tiempo, sin renunciar a algunos aspectos que están incorporados en los 63 compromisos que articula el plan de gobierno”, reafirmó.

Con respecto a las políticas vinculadas a los ingresos, Arim señaló que se prevé que cerca de la mitad del incremento de los ingresos provendrán de las modificaciones impositivas incluidas en el presupuesto: el impuesto mínimo global, la aplicación del IVA a compras en el exterior y el impuesto sobre ganancias de capital de personas residentes que tienen depósitos en el exterior.

El director de la OPP dijo que estos cambios tienen un criterio de “justicia y pertinencia”. Con respecto al impuesto mínimo a la renta global, que gravaría a las empresas multinacionales instaladas en Uruguay que tienen ingresos anuales iguales o superiores a 750 millones de euros, dijo que “parece un contrasentido que Uruguay no genere las condiciones para que ese impuesto mínimo global las empresas lo paguen en Uruguay”, cuando el país ha adherido a normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que van en esa línea.

Con respecto al IVA a las compras en el extranjero, sostuvo que atiende a “situaciones de inequidad” que afectan al comercio nacional. “Parecería también razonable, como han hecho otros países, tener un sistema tributario que grave, en este caso, el consumo a través de ese mecanismo con características similares a cómo se grava el mismo consumo cuando se realiza con un actor local”, apuntó. El jerarca consideró que la aplicación del impuesto no contradice lo que marca el programa del Frente Amplio acerca de avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo. “Lo que estamos haciendo es eliminar diferencias en el tratamiento tributario de distintos tipos de compras, que es muy distinto”, afirmó.

Sostuvo que Uruguay no tiene “las condiciones fiscales para avanzar en la reducción del impuesto al consumo, que además implicaría transformar esos impuestos al consumo en otro tipo de impuestos”. Al respecto, agregó que tampoco están las condiciones para retornar “a una situación donde el pago con tarjeta de débito, por ejemplo, tuviera un descuento de algunos puntos del IVA”.