Hace 14 días, la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados inauguró el tratamiento parlamentario del presupuesto quinquenal, con la comparecencia del equipo económico liderado por Gabriel Oddone y de las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Desde entonces, la comisión ha recibido a diversas instituciones y organismos del Estado y de la sociedad civil. En ese ámbito, ya han defendido el presupuesto los ministerios de Ambiente, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Interior, Salud Pública y Defensa Nacional. La oposición, por su parte, ha expresado cuestionamientos al proyecto desde el inicio, principalmente en relación con aspectos impositivos.
Entrevistado por la diaria Radio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, caracterizó algunos aspectos del presupuesto 2025-2029 y de su tratamiento parlamentario. Desde el vamos afirmó que “es el primer gobierno de la historia, desde la restauración democrática, que enfrenta aprobar una ley de presupuesto sin mayorías propias”. A su vez, remarcó que “hace 35 años que no se da una situación en la que tenemos un déficit tan elevado”. Ese escenario obliga a discutir y negociar, si bien puntualizó que “no existe en Uruguay una ley de presupuesto que no tenga debate”.
“Naturalmente, cuando nos estamos jugando dónde se ponen los recursos y de dónde se sacan los recursos, siempre va a generar debate”, afirmó, y reconoció que “las leyes de presupuesto nunca salen igual del Parlamento a como entraron”. El secretario sostuvo que el gobierno está dispuesto “a mejorar en todos aquellos artículos que sean mejorables y ver de qué manera podemos tener una negociación saludable”. No obstante, aclaró que, como en toda negociación, siempre hay “líneas de no retroceso”, que marcan que “menos de esto no se puede ir”. En este caso, la línea es “la orientación del presupuesto”, la cual busca, en un marco de restricciones fiscales, “atender las urgencias más importantes”, como la infancia, la desigualdad y el crecimiento del país. “Eso no se puede tocar, el resto todo es negociable”, aseveró.
“Va a ser un presupuesto que va a dar mucho trabajo aprobarlo, y eso también tiene que ver con cómo ha sido cauteloso el Poder Ejecutivo, no sólo responsable y cauteloso, sino audaz a la hora de proponer algunas soluciones”, consideró. Ahora, el trabajo del Parlamento para atender unas u otras demandas es “redistribuir”: “Ahí hay que poner, agudizar la inteligencia y sentarse a ver de dónde pueden salir esos recursos”. Sánchez adelantó que la semana próxima o la otra “comenzarán una serie de conversaciones” tanto con la bancada del Frente Amplio como con las de los partidos de la oposición. “Yo no me voy a cercenar la posibilidad de tener entendimientos con todas las bancadas que lo pueda tener”, afirmó.
Dijo que Uruguay tiene que “llegar a un salto de crecimiento y generar las condiciones para aumentar la producción, trabajo, salario, atender la emergencia social” y que también “la economía se desarrolle”. Sostuvo que los reclamos presupuestales –por ejemplo, el de la Universidad de la República y de la educación en general–, son justos. Sin embargo, dijo que el gobierno “tiene que tratar de priorizar, dentro de los recursos que tiene –sabiendo que son escasos–, una orientación clara hacia donde ir, con un compromiso de ir mejorando las condiciones de las políticas y de los resultados y de los recursos que se ponen”.
Apuntó, además, a la necesidad de “mejorar lo que hacemos y buscar eficiencias”. “La izquierda no puede entregar la bandera de la eficiencia”, afirmó, y apuntó a “generar muchos más bienes públicos” con los recursos que tiene la sociedad. “Yo no renuncio a la palabra eficiencia, y con un presupuesto de 10.000 millones de dólares –como es el presupuesto de la línea de base que tiene el Estado uruguayo– tenemos que ser más eficientes”, insistió. Sánchez sostuvo que “no sólo se trata de poner más plata, sino de hacer más cosas con la plata que ponemos”, aunque “también hay que poner más plata”.
El impuesto a las multinacionales “no es un aumento de la presión fiscal”
Opinó que algunos actores de la oposición “están teniendo la tentación de hablar de gastos pero no hablar de ingresos”, lo cual, consideró, “es bastante poco ético”. “En un presupuesto tú tienes que votar los gastos y tienes que votar los ingresos. Porque, de lo contrario, el discurso que estás construyendo es un discurso un poco demagógico, en el que te paras del lado de la demanda, pero no te paras del lado de la solución”, sostuvo, al referirse a que varios actores de la oposición han reclamado mayor inversión y recursos para diferentes ámbitos, al tiempo que cuestionan propuestas como la del impuesto mínimo a la renta global.
Dicho impuesto se aplicaría a partir de 2027 sobre las multinacionales que tengan una facturación anual superior a los 750 millones de euros. El secretario explicó que consiste en localizar en Uruguay un impuesto que las empresas “lo están pagando en sus casas matrices”; “es una competencia entre la DGI [Dirección General Impositiva] del país y la DGI de otros países del mundo”, acotó. Para Sánchez, este punto es una de las principales discusiones que afronta el oficialismo en el Parlamento. Señaló que “es importante”, dado que sostiene “uno de los pilares del financiamiento del presupuesto nacional y de la orientación”.
Con respecto al eventual impacto que podría tener su implementación sobre las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas en Uruguay –el cual les garantiza la exoneración de impuestos locales–, Sánchez reconoció que “Uruguay tiene contratos firmes con empresas” y que la ley de zonas francas ha permitido atraer inversiones extranjeras “que generan buenos puestos de trabajo y buenos salarios”. No obstante, la interpretación del gobierno –que está discutiendo con la Cámara de Zonas Francas– “es que esto sería la localización de un impuesto que ya pagan las empresas”, por lo que “no es un aumento de la presión fiscal para esas empresas”.
“En definitiva, el contrato de compromiso entre las zonas francas o las empresas que se alojaron allí es que vos no le vas a aumentar la presión fiscal. Es decir, no van a tener elementos en el futuro que le compliquen su ecuación de negocio”, sostuvo. Señaló que la redacción del impuesto “establece claramente que, si hay una empresa que está alojada en el país y que está en una jurisdicción en donde no paga este impuesto, no lo tributa en Uruguay”. Sostuvo que, tal como está redactado el artículo, “es bastante claro”, pero que, si “es necesario clarificarlo o mejorarlo”, el gobierno está dispuesto “a escuchar propuestas”. En esa línea, mencionó que han “conversado mucho” con la Cámara de Zonas Francas –que se pronunció en contra del impuesto–, así como con la bancada oficialista y de la oposición.
Sánchez defendió que el capítulo impositivo del presupuesto se trata de “adecuaciones tributarias”. Otro ejemplo es el impuesto a la renta de las oersonas físicas aplicado a las rentas de capital de los residentes uruguayos. Para Sánchez, se trata de “un criterio de justicia” que las personas o empresas residentes en el país que realizan operaciones financieras en el exterior también sean alcanzadas por el impuesto, al igual que quienes operan dentro del territorio nacional. Aclaró que no supondrá tributar en ambos territorios: “Si a mí me cobra la DGI uruguaya, tendré un crédito fiscal para ir a la DGI de otro país y decir: ‘No, mirá, yo lo que te tengo que pagar por el incremento de la renta es esto, pero me tenés que descontar por los impuestos que ya pagué en donde resido’”.