El Poder Ejecutivo informó que la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia comenzará a ser implementada el 1º de enero de 2027. El anuncio se dio tras una reunión en Torre Ejecutiva entre el presidente de la República, Yamandú Orsi; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, y el director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, para discutir los avances en su implementación.
La iniciativa es uno de los elementos más relevantes –y debatidos– de la ley de Rendición de Cuentas correspondiente al año pasado, que fue aprobada en el Parlamento hace poco menos de un mes. Dispone la unificación de múltiples transferencias monetarias destinadas a menores de edad, que verán aumentos en valor, algo para lo que se destinaron 31 millones de dólares.
Según se recuerda en el portal web de Presidencia, en una primera etapa el nuevo sistema beneficiará a niños de hasta 2 años –el gobierno estima que esto alcanzará a unas 54.000 personas–, “para avanzar posteriormente de manera gradual hacia otras edades”, y se prevé un incremento de los montos de asignaciones promedio cercano al 82%. Una vez esté completamente implementado, el gobierno estima que el plan podría implicar una reducción del 25% de la pobreza infantil.
En una rueda de prensa, una vez finalizada la reunión, Civila remarcó que la política es “muy importante” para el gobierno. El jerarca afirmó que la política es el producto de una “acumulación” a lo largo del tiempo, que atribuyó a la labor de “distintos partidos políticos”. “Uruguay ha priorizado a su infancia desde hace mucho tiempo [y] ha priorizado también políticas sociales de alta cobertura”, aseveró.
Civila notó que las últimas décadas vieron “cambios importantes” en ese sentido, como la creación de la Tarjeta Uruguay Social, la implementación de las asignaciones familiares y la introducción del Bono Crianza, entre otras medidas. Así, se refirió a la unificación de las transferencias como un paso más en “ese proceso” y recordó también que implica el cumplimiento de un compromiso de gobierno. “Este va a ser un cambio relevante, que va a implicar mayor suficiencia de las prestaciones, es decir, un aumento de las prestaciones, y una simplificación para las personas respecto de cómo acceder al sistema”, destacó.
Por su parte, Pardo afirmó que la novedad supera “algo más que se monta a lo existente”, y es “el cambio más grande del sistema de protección a la infancia de los últimos 20 años”. La presidenta del BPS repasó las principales características del nuevo sistema, que otorgará “montos potenciados” a las familias con menores de edad nacidos entre 2025 y 2027, así como mujeres embarazadas, en función de sus niveles de ingreso y situación –o no– de vulnerabilidad. De igual forma, puntualizó que también se buscará “mejorar el trámite”, que a partir de noviembre pasará a ser de ventanilla única, de manera de brindar “una única puerta de entrada, una única valoración, y rápidamente acceder a un beneficio”.
“La idea es: simplificamos trámites, potenciamos montos y hacemos más eficiente al Estado, pero también el acceso a la persona”, resumió. Y destacó que “para la generación 2025 en adelante es un beneficio nuevo, que aprende de lo anterior, pero que se unifica, se simplifica, potencia montos y hace mejor el trámite”.
Pardo aclaró que solamente los nuevos beneficiarios deberán tramitar la asignación unificada, así como “quienes a inicios del 2027 todavía no hayan tramitado ningún beneficio por un recién nacido”. Agregó que las personas que ya perciben las asignaciones comprendidas serán derivadas de forma automática, siempre y cuando “estén dentro del público objetivo”. Respecto de quienes no sean beneficiarios, pero sí vean unificado el medio de pago, dijo que eso dependerá de “la reglamentación [de la ley] en un plazo determinado”, algo que sucederá “a lo largo del año que viene”. “Va a ser paulatino, y nosotros nos vamos a comunicar con ellos para ordenar cómo viene”, resumió.